El recién creado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas debe entrar en operaciones el 1 de febrero de 2026, para lo cual se ha estado realizando por más de un año un intenso trabajo de habilitación que incluye, entre otros desafíos, preparar el traspaso de casi 600 trabajadores desde la CONAF. A cargo de todo este proceso ha estado la primera directora del SBAP, Patricia Ibáñez, quien asumió este reto estableciendo una estrategia de gestión de cambio, que ha incluido desde un comienzo reuniones periódicas con autoridades y sindicatos. País Circular conversó con ella para conocer los avances de la implementación y las prioridades para el corto plazo.
En seis meses el flamante Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) debe “subir la cortina”. De este modo describe la entrada en operaciones de esta nueva entidad su directora, Patricia Ibáñez Crino, quien ha estado trabajando los últimos 16 meses para que ese hito se concrete de la mejor manera.
Así, con el 1 de febrero de 2026 marcado en el calendario, Ibáñez ha encabezado el complejo proceso que significa crear una nueva institución que, en este caso, lleva añadida la particularidad de que absorbe toda un área de una corporación de derecho privado, la Corporación Nacional Forestal, CONAF. Para sortear este desafío, la directora y su equipo han aplicado “desde el día 1” una estratega de gestión de cambio que, a juicio de la directora, ha dado “bastante fluidez” a esta etapa. Además, han realizado alianzas estratégicas con diversos organismos del Estado para que el SBAP sea un “referente como nueva institución”.
El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) es una institución largamente esperada, cuya creación fue aprobada en 2023, luego de más de 11 años de tramitación en el Congreso. Así, con la Ley 21.600 (09/2023), que crea el SBAP, se completó la institucionalidad ambiental del país, rediseñada en 2010 con la Ley N°20.417, que incluye además al Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia (SMA), el Servicio de Evaluación (SEA) y los Tribunales especializados.
A partir de entonces comenzó a implementarse el Servicio y, en marzo de 2024, entró en funcionamiento. Al mes siguiente, el Presidente Gabriel Boric nombró a Patricia Ibáñez como la primera directora, a cargo de la instalación del nuevo servicio público que en los próximos meses entregará al director o directora nacional elegido a través de la Alta Dirección Pública.
Respecto a la dotación de personal para el SBAP, Ibáñez Crino cuenta que “partimos con una persona, que era yo -y eso fue hace muy poquito-, y hoy en día ya somos casi 50 personas”. Primero se avanzó en los cargos de soporte (gestión de personas, administración y finanzas, área jurídica), lo que permite estar ahora iniciando la contratación de personas del área más técnica.
En régimen, el Servicio tendrá alrededor de dos mil personas, de las cuales casi 600 serán transferidas desde la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF; y otras 28 serán traspasadas desde la Subsecretaría del Medio Ambiente. A ellas se están sumando 950 nuevas personas, contempladas en la ley junto con poco más de 500 cupos para contratación en modalidad de jornal transitorio, “para enfrentar la presión sobre la gestión de áreas protegidas en los tiempos de más visitas y de mayor vulnerabilidad a los incendios forestales”, explica la directora.
Asimismo, comenta que dentro de las 950 nuevas personas “570 van a ser guardaparques, porque una de las brechas que tenemos como país en materia de gestión efectiva de áreas protegidas es que la dotación de guardaparques es insuficiente. Es insuficiente hoy, e imagínate cómo va a ser con las nuevas áreas protegidas que se están creando”.
Patricia Ibáñez, quien posee una amplia trayectoria en el servicio público, recibió a País Circular en las oficinas del SBAP en calle Nueva York, en pleno barrio cívico de Santiago, para conversar sobre la puesta en marcha el servicio, los desafíos y las prioridades para los próximos meses. ¿Alcanzan a “levantar la cortina” el 1 de febrero? “Tenemos que hacerlo. Estamos completamente comprometidos en eso y haciendo nuestro máximo esfuerzo en lograrlo”, señaló la directora, quien es Asistente Social, Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, diplomada en Gestión del Cambio y Psicología Positiva.
“La estrategia de gestión del cambio [que estamos aplicando] implica que, primero, se define con claridad cuál es la visión de futuro de esta nueva institución, por qué se crea, para qué se crea, cuál es el cambio que tenemos que ofrecer a la ciudadanía, cuál es el valor público que la ciudadanía va a mirar a partir de esta nueva institucionalidad”., indicó Patricia Ibáñez Crino, directora del SBAP.
-¿Cuál es su rol como primera directora del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas?
Tal como lo señala la ley en su artículo transitorio, el Presidente de la República tiene la posibilidad de nombrar por una primera vez a quien dirija este servicio para un mandato muy preciso, que es generar todas las condiciones habilitantes para que pueda entrar en operación. Entonces, el mandato desde mis inicios, que fue en abril de 2024, fue generar todas las condiciones administrativas, organizativas, que permitieran a este servicio avanzar hacia ese momento.
Como servicio, entraremos en operaciones el 1 de febrero del año 2026, con la única excepción de la gestión de áreas protegidas en las categorías de Parque Nacional, Reserva Nacional y Monumento Natural, que están ahora bajo la competencia de CONAF. La ley establece un articulado diferente para esa entrada en operaciones (…) que será dentro del tercer año de la entrada en funcionamiento. Es decir, todo el programa 04 de CONAF, que son las áreas protegidas, podrían iniciar su traslado a partir de marzo del próximo año. Esto es lo que queremos, pues hubo un compromiso político, tanto de la Ministra del Medio Ambiente como del Ministro de Agricultura, de que el traslado quedara resuelto durante esta administración, entendiendo que cuando hay cambio de gobierno puede haber una especie de retraso, porque finalmente las nuevas autoridades tienen que entender de nuevo todo el proceso, y eso es lo que se quiere evitar.
-¿Cómo ha avanzado en ese mandato y cuál ha sido el desafío más grande?
Asumí este mandato desde el inicio como una oportunidad no solo para crear un nuevo servicio público con los mayores estándares de excelencia, relacionados con lo que hoy día debe ser una institución moderna, que pueda responder eficiente y eficazmente a los desafíos que enfrenta, sino que también lo asumí como una oportunidad para aprender como Estado. Aprender que no basta solo con crear una nueva institución para hacerse cargo de un problema emergente de la agenda pública, sino que es necesario preocuparse de cómo se crea esa nueva institucionalidad, porque la historia así lo dice y seguimos así: frente a cualquier nuevo problema en la agenda pública o desafío emergente, la solución es crear una nueva institución o fusionar instituciones (…).
Pero eso no asegura que se esté resolviendo el problema y, en mi experiencia, muchas veces el problema sigue tal cual y finalmente, pese a todo el esfuerzo que se hizo para crear una nueva institución, la ciudadanía no ve que se agregó valor público con eso y creo que en parte es porque no sabemos crear nueva institucionalidad. Esto implica, por ejemplo -sobre todo cuando se trata de fusionar instituciones-, asumir esta creación con una estrategia de gestión de cambio, y eso es lo que hicimos desde el inicio, decir ‘mira, aquí las cosas no ocurren por decreto’ como se han hecho en otras instituciones que se han creado, donde se elaboran todos los decretos y las personas se traspasan de aquí para allá y con eso se cree que listo, automáticamente la cosa va a empezar a ocurrir y la gente va a empezar a coordinarse, a no duplicar tareas, etc. Eso no ocurre así.
La estrategia de gestión del cambio implica que, primero, se define con claridad cuál es la visión de futuro de esta nueva institución, por qué se crea, para qué se crea, cuál es el valor público que la ciudadanía va a mirar a partir de esta nueva institucionalidad y eso es la gran visión de cambio. Con eso, luego se identifica a los actores que están directamente involucrados con este cambio, en este caso en particular todas las personas que desde CONAF van a ser parte de este nuevo servicio, y las personas que provienen de la Subsecretaría de Medioambiente.
También necesitamos que las personas de Sernapesca, que hoy tienen la tuición sobre las áreas marinas protegidas, se incorporen en este proceso. Y no sólo identificar a los actores que están directamente involucrados en el cambio, sino que identificar cuáles son las legítimas resistencias que tienen y empezar a gestionarlas de una manera organizada, ordenada, sistemática, donde creo que la principal herramienta de gestión es una muy simple -pero que no siempre se ocupa-, que es la conversación, el diálogo y la escucha, y con eso se empiezan a abrir caminos.
Eso es lo que hemos hecho. Tenemos desde el inicio una mesa de gestión del cambio a nivel nacional, donde nos reunimos cada 15 días para ir resolviendo estas dificultades propias de cualquier proceso de cambio. En esa mesa está el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, CONAF y nosotros, y también nos apoyan equipos técnicos del Servicio Civil para este proceso que es bastante inédito en materia de nueva institucionalidad.
-¿En esa mesa están también los representantes de trabajadores?
Dentro de nuestra gobernanza de gestión del cambio, tenemos una línea permanente de trabajo con el principal sindicato de CONAF que se traspasa, que es el Sindicato Nacional de Guardaparques y Profesionales de CONAF. Con ellos, desde el día 1 dijimos ‘tenemos que sentarnos y trabajar en conjunto’, y nos juntamos una vez al mes, con el sindicato y con la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, para tener ahí las conversaciones del presente y las del futuro con ese sindicato.
También nos relacionamos con todos los sindicatos de CONAF que tienen asociados que se traspasan, y con la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente.
Esta estrategia de gestión del cambio incluye, además, ciertas alianzas estratégicas que desde mi punto de vista son muy relevantes a la hora de lograr una institución que sea referente, que se alinee con los desafíos de la modernización del Estado. Sobre esa base establecimos algunos criterios o componentes por los cuales queremos que esta institución se caracterice. Lo primero son altos estándares de prioridad, porque entendemos que la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas está en el suelo, y eso no es por casualidad, es porque no hemos logrado que las temáticas propias de problemas de probidad se resuelvan de manera adecuada, se prevengan oportunamente, y creo que para eso es necesario incluir otras formas de abordar la prevención. Creo que no es suficiente sólo la normativa, sino que es necesario incorporar otras cuestiones propias de los últimos hallazgos que han hecho premios Nobel en materia de economía del comportamiento, donde se ha probado que los seres humanos somos mucho menos éticos de lo que creemos ser, porque estamos llenos de sesgos, y mientras no incorporemos eso en nuestra gestión, vamos a seguir con más de lo mismo.
“La razón por la que nace este servicio es porque existe una gestión desarticulada, desagregada en materia de áreas protegidas, en materia de conservación de biodiversidad y, por lo tanto, este servicio viene a superar esa desagregación y para eso necesitamos tener en nuestro ADN la colaboración, la coordinación, la complementariedad”, puntualizó Patricia Ibáñez Crino, directora del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
-¿Cuáles son esas alianzas estratégicas?
Por lo tanto, uno de nuestros primeros aliados es la Comisión Nacional de Integridad Pública para darnos, en conjunto, un sistema de integridad que sea piloto, que incorpore un código de ética definido más desde el punto de vista de la ética del comportamiento y no sólo lo normativo. Otra alianza estratégica es el Servicio Civil, que tiene a su cargo temas de gestión de personas; tenemos un programa de trabajo con ellos.
La tercera alianza estratégica es con la Coordinación de Modernización del Ministerio de Hacienda, donde está el Laboratorio de Gobierno, la Secretaría del Gobierno Digital y la Secretaría de Modernización, porque tenemos que ser una institución que nace digitalmente.
También somos una institución que va a ser gestionada sobre la base de procesos. No todas las instituciones públicas se gestionan por procesos y eso tiene una tremenda dificultad a la hora de estandarizar las acciones, después automatizarlas, luego digitalizarlas y eso desde el inicio tiene que estar sobre la base de la identificación de estos macro procesos de la institución, tanto los transversales como los misionales, para luego ir levantando esos procesos, generando los procedimientos y luego automatizando lo que sea necesario.
Entonces, queremos una institución que sea digital, gestionada por procesos, con altos estándares de probidad y, por, sobre todo, que sea una institución que tenga un ADN colaborativo, un ADN de complementariedad y coordinación con otros. Esto porque la razón por la que nace este servicio es que existe una gestión desarticulada, desagregada en materia de áreas protegidas, de conservación de biodiversidad y, por lo tanto, este servicio viene a superar esa desagregación y para eso necesitamos tener en nuestro ADN la colaboración, la coordinación, la complementariedad.
En fin, necesitamos lograr algo que no se ha logrado desde la recuperación de la democracia, que es que el Estado sea un mismo Estado y que trabaje de cara a la ciudadanía como un único ente y que internamente establece todos los ajustes y los arreglos institucionales para que haya coordinación y complementariedad en la acción y no se dupliquen los esfuerzos.
-Durante la tramitación de la ley para crear el SBAP se vio que un tema complejo iba a ser la transferencia de trabajadores de CONAF, ¿cómo se ha desarrollado eso hasta ahora?
Siempre hay dificultades cuando las personas se enfrentan a un cambio tan radical como cambiarse de institución: Dejar de pertenecer a una institución que lleva más de 40 años -CONAF tiene una tradición-, dejar de ser corporación privada a ser un servicio público que es muy distinto. Las personas tienen legítimamente dificultades para asumir este cambio, y creo que hubiéramos tenido muchas dificultades si no hubiéramos tenido desde el inicio esta estrategia de gestión del cambio, donde tenemos una permanente comunicación con las personas y una permanente escucha.
Por ejemplo, en una primera etapa hicimos jornadas regionales con cada equipo regional de CONAF que se traspasa, no sólo para explicarles, sino dar a conocer cómo queremos hacer este traspaso, de qué se trata, ¿para qué es este cambio? Esto, para empezar a generar una única cultura con esta visión de futuro, ya no es lo que yo traigo, lo que tú traes, sino que valorando lo que cada institución trae, tenemos que aportar a una visión de futuro, que es más y mejor protección de nuestro patrimonio natural.
Además, este nuevo servicio es una respuesta clara frente a cuestiones que de consenso nacional e internacional. Lo dicen los informes de desempeño ambiental de la OCDE: teníamos hace rato la brecha de no contar con un servicio 100% destinado a la protección del patrimonio natural, con una normativa robusta, con herramientas normativas para lograr que eso sea una realidad.
“Creo que hubiéramos tenido muchas dificultades [en el traspaso de trabajadores de CONAF] si no hubiéramos tenido desde el inicio esta estrategia de gestión del cambio, donde tenemos una permanente comunicación con las personas y una permanente escucha”, dijo Patricia Ibáñez Crino, directora del SBAP.
-¿Cuáles han sido los principales avances de estos 16 meses de su gestión?
Los avances tienen que ver, por una parte, con instalar esta gobernanza de gestión del cambio, donde desde allí vamos haciendo todos los avances y los proyectos necesarios para lograr que el 1 de febrero podamos levantar la cortina y entrar en operaciones.
Creo que hay dos componentes fundamentales de este avance: uno tiene que ver con las personas y otro tiene que ver con los bienes y recursos, puesto que la ley nos mandata a que el servicio tiene que generar todo un proceso de preparar el traspaso de las personas, pero también preparar el traspaso de los bienes y recursos que vienen del programa 04. Para eso, establecimos dos mesas técnicas de trabajo: una mesa que está preparando toda la información, toda la documentación que se requiere para que las personas del programa 04, una vez que ya tengamos la fecha, puedan traspasarse sin ningún problema administrativo, eso es mucho trabajo. Y el tema de los bienes y recursos implica traspasar no sólo los bienes inmuebles, los terrenos de las áreas protegidas, sino que también todos los bienes muebles que están dentro, todos los contratos, o sea, en términos de inventario son 14.000 filas, y eso lo estamos haciendo de manera ordenada, con mesas de trabajo -mesa de vehículos, de fondos de terceros, etc.-. Eso va avanzando como hormiguita y ya estamos viendo que podemos llegar a establecer con precisión todos los decretos de traspaso en el momento que sean necesarios.
Por otra parte, tenemos que avanzar en nuestra dotación. (…) De las 950 nuevas personas, tenemos como dotación máxima este año 283 personas, de las cuales 22 son Alta Dirección Pública. No sé si lleguemos a ese número, pero sí a un porcentaje significativo de la dotación que nos tienen permitida por parte de la Dirección de Presupuestos (DIPRES).
-¿Qué cargos se seleccionan por Alta Dirección Pública y cómo se ha avanzado en eso?
Son el Director Nacional, los 5 jefes de las Divisiones del nivel central -tres de soporte y dos técnicas-, y los 16 Directores Regionales.
Ya están publicados los cargos de las cinco divisiones y esperamos tenerlas completados no más allá de agosto o septiembre. Ya tenemos a los directores de las regiones de Magallanes, Atacama y Valparaíso, y entiendo que van a llegarnos nóminas de Araucanía y Aysén. Creo que vamos a llegar con 10 direcciones regionales, que es lo que estamos planificando con el Servicio Civil. Esto, porque la ley establece que a 8 meses de la entrada de un nuevo gobierno, los concursos de Alta Dirección Pública quedan con un requisito adicional, que es una autorización al Consejo de Alta Dirección Pública, porque la experiencia ha mostrado que cuando se acerca un cambio de administración las convocatorias pierden fuerza; hay menos interesados porque hay mayor incertidumbre.
También tenemos en concurso el cargo Director Nacional, ya elegido por el sistema, y esperamos tenerlo no más allá de agosto. Cuando esa persona asuma, yo me quedaré a cargo de la implementación, para llegar a febrero del 2026 con las cuestiones organizacionales y administrativas relativamente resueltas. Tengo ese compromiso con la ministra Maisa Rojas, que me pidió que me quedara para que no haya como un retraso o alguna dificultad en el proceso de traspaso, porque esto es pura generación de confianza. No queremos incorporar alguna variante que obstaculice este proceso, que ha sido bastante fluido. Y porque, además, quien asuma la Dirección Nacional tiene que abocarse a los desafíos técnicos y avanzar en todo lo que tiene que ver con la creación de los nuevos instrumentos de conservación, la implementación de todas las guías e instrumentos de gestión técnicos que van a ser necesarios para implementar los reglamentos que hoy día están en elaboración.
-¿Cómo va la instalación de las oficinas regionales?
Eso ha sido realmente muy difícil porque la DIPRES, en este año de tremendo déficit fiscal, con toda razón ha establecido bastantes más restricciones para autorizar arriendos en inmuebles que todavía no se están ocupando a plenitud. Pero uno dice ‘¿qué es primero?’, o sea, no puedo contratar a las personas si no tengo oficinas. La DIPRES decía que buscáramos oficinas más chicas, pero eso no es eficiente con todo lo que cuesta el proceso de búsqueda, donde exigen tres alternativas que sean equiparables, y hay regiones donde la oferta es casi inexistente para los valores que la DIPRES exige.
Bueno, hemos llegado a establecer ciertos acuerdos con la DIPRES, y nos están autorizando en la medida en que le presentemos tres alternativas donde los propietarios están dispuestos a hacer un programa de arriendos graduales. Ha sido muy difícil, pero así y todo ya tenemos oficinas habilitándose: Magallanes, Valparaíso, Atacama, Temuco, y tenemos ingresada a DIPRES la solicitud de autorización de Los Lagos y Aysén, y prontamente vamos con Biobío y Los Ríos.
Nuestra meta es de aquí a septiembre tener ingresadas a DIPRES todas las solicitudes de arriendo con las tres alternativas, con las condiciones de contratación gradual, para que a fin de año tengamos las oficinas y podamos gradualmente ir incorporando las contrataciones.
“No se trata sólo de identificar a los actores que están directamente involucrados en el cambio, sino que identificar cuáles son las legítimas resistencias que tienen frente a cualquier proceso de cambio, y empezar a gestionarlas de una manera organizada, ordenada, sistemática, donde creo que la principal herramienta de gestión es una muy simple -pero que no siempre se ocupa-, que es la conversación, el diálogo y la escucha”, señaló Patricia Ibáñez, directora del SBAP
-¿Dónde van a estar los acentos de aquí a febrero?
El acento lo estamos llevando en cuestiones que sabemos que van a generar alta demanda y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las evaluaciones de impacto ambiental, que este servicio asume directamente a partir del 1 de febrero y entendemos, a propósito, además del contexto nacional, que es necesario avanzar rápidamente a la hora de que nos soliciten algún pronunciamiento respecto de proyectos que entran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que nosotros debemos tener las capacidades, el equipo técnico, para actuar eficiente y efectivamente en esto.
Otro énfasis que también se nos viene de manera muy significativa es todo lo que tiene que ver con la gestión de los santuarios de la naturaleza. El 1 de febrero el Consejo Monumento cierra la cortina en esto y las abrimos nosotros, son más de 100 santuarios de la naturaleza. Tenemos que estar preparados para eso, todo lo que tiene que ver con los permisos. Y ahí entra también otro de los énfasis, estar preparados con todo lo que tiene que ver con los permisos en áreas protegidas, los permisos de humedales, la nueva ley de turberas. Esas son preocupaciones y énfasis que tenemos, que necesitamos estar preparados al 1 de febrero, puesto que todo lo que tiene que ver con CONAF viene un poquitito después.
También debemos tener ya claridad sobre los instrumentos de gestión de la conservación que son nuevos y que, publicándose los reglamentos, debiéramos comenzar a operar. Otro énfasis es el Sistema Nacional de Información de la Biodiversidad; necesitamos el 1 de febrero salir con un sistema, si no completo, pero por lo menos bastante avanzado.
-En materia de presupuesto, ¿cómo ha sido este año y cómo va la propuesta para el próximo?
Por parte de la Dirección de Presupuesto hemos tenido, en términos generales, muy buen apoyo. Pese a que los informes financieros de la ley no son vinculantes para la DIPRES, siempre han partido tomando como referencia general de ese presupuesto el informe financiero. Y para el año 2026 no ha sido la excepción. O sea, parten de que tenemos ese marco, y en función de nuestros avances nos han ido como respetando lo que está definido ahí.
De hecho, ya presentamos el presupuesto para el 2026, por M$24.016.977. Nos hicieron observaciones muy generales, pero en el marco de lo que dice el informe, y creo que vamos a tener los recursos suficientes para completar todo lo que tiene que ver con la instalación y la habilitación de nuestras oficinas, de nuestros sistemas, y también ir avanzando a cuestiones que finalmente son lo más relevante, que es demostrar que vamos a tener más y mejor protección en nuestras áreas protegidas: por ejemplo, está contemplado presupuesto para los nuevos instrumentos de conservación y para implementar planes (…); queremos por todos los medios destinar recursos a ejecutar acciones de conservación.