Gobierno ingresa indicaciones a proyecto de borde costero y concesiones marítimas, y se anuncia mesa técnica para nuevos cambios
La iniciativa se tramita en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y el presidente de esa instancia, Sergio Gahona (UDI), dijo que ‘las indicaciones presentadas por el Ejecutivo para la administración de concesiones marítimas van en una línea correcta para modernizar la gestión de la zona costera’.
Finalmente, este lunes el gobierno materializó el ingreso de las indicaciones al proyecto de ley de concesiones marítimas y borde costero. La comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado comenzó a analizar los cambios que el gobierno propone.
Entre las principales modificaciones se detalla la forma en que se realizarán las concesiones por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, en lugar del Ministerio de Defensa.
Según el texto, ‘corresponderá al Ministerio de Bienes Nacionales otorgar concesiones marítimas a una persona natural o jurídica de derecho privado o a un órgano de la Administración del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio sobre sectores específicos y singularizados de bienes del dominio público marítimo-terrestre mediante decreto supremo por un plazo máximo de treinta años, si es una concesión mayor; o de diez años, si es menor. De igual forma, corresponderá al Ministerio disponer su modificación o renovación, cuando sea procedente’.
Asimismo, se menciona que ‘un reglamento establecerá subcategorías de concesiones en virtud de la naturaleza de la actividad que se pretenda desarrollar en los bienes de dominio público marítimo-terrestre con la finalidad de que establezca los requisitos específicos que deberá cumplir el solicitante, documentos a acompañar e informes obligatorios que el Ministerio deberá requerir respecto de cada subcategoría establecida’.
También se precisa que ‘los bienes concesionados deberán ser empleados exclusivamente en el objeto para el cual se otorgó la concesión. Ningún titular podrá conservar la concesión de los bienes sin cumplir con los fines para los cuales fue concedida, bajo pretexto alguno’.
Ahora bien, el proyecto dice que ‘las concesiones cuyo objeto sea el ejercicio de la acuicultura se otorgarán por el Ministerio de Bienes Nacionales, previo informe favorable de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Aquellas se regirán por las disposiciones especiales contenidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el decreto supremo N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del año 1991 o normativa que la reemplace’.
De igual modo, plantea que ‘las concesiones cuyo objeto sea la extracción de agua de mar para su desalinización serán otorgadas por el Ministerio de Bienes Nacionales previo informe favorable de la Dirección General de Aguas, conforme a la regulación vigente’.
En el texto se precisa que ‘las solicitudes de títulos de uso privativo y de concesiones de acuicultura así como todos los procedimientos administrativos que se relacionen, en cualquier forma, con concesiones marítimas, de acuicultura, destinaciones y permisos, que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren pendientes ante el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante continuarán su tramitación en el Ministerio de Bienes Nacionales, de acuerdo al régimen vigente al momento de la iniciación de dichos procedimientos hasta la dictación de los respectivos actos terminales’.
El presidente de la comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, Sergio Gahona (UDI), dijo que ‘las indicaciones presentadas por el gobierno para la administración de concesiones marítimas van en una línea correcta de consolidar y modernizar la gestión de la zona costera. Este enfoque de concentrar la administración bajo el Ministerio de Bienes Nacionales busca lograr la eficiencia y facilitar la unificación de criterios en la gestión de bienes nacionales de uso público’.
Sin embargo, el legislador, afirmó que ‘aún quedan aspectos que requieren análisis detallado. Por ejemplo, será importante escuchar las opiniones y observaciones de expertos e invitados que puedan aportar al proyecto de ley, permitiendo detectar cualquier ajuste necesario para un adecuado traspaso de competencias’.
Con respecto a la celeridad con que se trabajara este proyecto, Gahona indicó que ‘la dinámica de trabajo para la votación del proyecto comenzará con la participación de invitados, expertos y académicos, quienes expondrán sus análisis, críticas y observaciones sobre la propuesta’. Y mencionó que ‘en paralelo a este trabajo de la comisión, se conformará una mesa técnica de asesores, en colaboración con el Ejecutivo, para avanzar en la preparación de modificaciones al texto en particular’.
En cuanto al recibimiento que tuvo la iniciativa por parte de los senadores, Gahona dijo que ‘fue de manera positiva, mostrando una disposición a trabajar en la materia con una visión de avanzar en una legislación que unifique criterios y optimice la administración de la zona costera’.
Si bien aún se encuentran en una fase inicial de análisis del texto, aseveró que ‘existe una intención clara de buscar consensos y acuerdos que permitan una aprobación lo más transversal posible. Esto refleja el interés de la comisión en abordar el tema de forma inclusiva y responsable, considerando tanto los aspectos técnicos como los impactos sociales y económicos de la propuesta’.
Finalmente, este lunes el gobierno materializó el ingreso de las indicaciones al proyecto de ley de concesiones marítimas y borde costero. La comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado comenzó a analizar los cambios que el gobierno propone.
Entre las principales modificaciones se detalla la forma en que se realizarán las concesiones por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, en lugar del Ministerio de Defensa.
Según el texto, ‘corresponderá al Ministerio de Bienes Nacionales otorgar concesiones marítimas a una persona natural o jurídica de derecho privado o a un órgano de la Administración del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio sobre sectores específicos y singularizados de bienes del dominio público marítimo-terrestre mediante decreto supremo por un plazo máximo de treinta años, si es una concesión mayor; o de diez años, si es menor. De igual forma, corresponderá al Ministerio disponer su modificación o renovación, cuando sea procedente’.
Asimismo, se menciona que ‘un reglamento establecerá subcategorías de concesiones en virtud de la naturaleza de la actividad que se pretenda desarrollar en los bienes de dominio público marítimo-terrestre con la finalidad de que establezca los requisitos específicos que deberá cumplir el solicitante, documentos a acompañar e informes obligatorios que el Ministerio deberá requerir respecto de cada subcategoría establecida’.
También se precisa que ‘los bienes concesionados deberán ser empleados exclusivamente en el objeto para el cual se otorgó la concesión. Ningún titular podrá conservar la concesión de los bienes sin cumplir con los fines para los cuales fue concedida, bajo pretexto alguno’.
Ahora bien, el proyecto dice que ‘las concesiones cuyo objeto sea el ejercicio de la acuicultura se otorgarán por el Ministerio de Bienes Nacionales, previo informe favorable de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Aquellas se regirán por las disposiciones especiales contenidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fija el decreto supremo N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del año 1991 o normativa que la reemplace’.
De igual modo, plantea que ‘las concesiones cuyo objeto sea la extracción de agua de mar para su desalinización serán otorgadas por el Ministerio de Bienes Nacionales previo informe favorable de la Dirección General de Aguas, conforme a la regulación vigente’.
En el texto se precisa que ‘las solicitudes de títulos de uso privativo y de concesiones de acuicultura así como todos los procedimientos administrativos que se relacionen, en cualquier forma, con concesiones marítimas, de acuicultura, destinaciones y permisos, que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren pendientes ante el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante continuarán su tramitación en el Ministerio de Bienes Nacionales, de acuerdo al régimen vigente al momento de la iniciación de dichos procedimientos hasta la dictación de los respectivos actos terminales’.
El presidente de la comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, Sergio Gahona (UDI), dijo que ‘las indicaciones presentadas por el gobierno para la administración de concesiones marítimas van en una línea correcta de consolidar y modernizar la gestión de la zona costera. Este enfoque de concentrar la administración bajo el Ministerio de Bienes Nacionales busca lograr la eficiencia y facilitar la unificación de criterios en la gestión de bienes nacionales de uso público’.
Sin embargo, el legislador, afirmó que ‘aún quedan aspectos que requieren análisis detallado. Por ejemplo, será importante escuchar las opiniones y observaciones de expertos e invitados que puedan aportar al proyecto de ley, permitiendo detectar cualquier ajuste necesario para un adecuado traspaso de competencias’.
Con respecto a la celeridad con que se trabajara este proyecto, Gahona indicó que ‘la dinámica de trabajo para la votación del proyecto comenzará con la participación de invitados, expertos y académicos, quienes expondrán sus análisis, críticas y observaciones sobre la propuesta’. Y mencionó que ‘en paralelo a este trabajo de la comisión, se conformará una mesa técnica de asesores, en colaboración con el Ejecutivo, para avanzar en la preparación de modificaciones al texto en particular’.
En cuanto al recibimiento que tuvo la iniciativa por parte de los senadores, Gahona dijo que ‘fue de manera positiva, mostrando una disposición a trabajar en la materia con una visión de avanzar en una legislación que unifique criterios y optimice la administración de la zona costera’.
Si bien aún se encuentran en una fase inicial de análisis del texto, aseveró que ‘existe una intención clara de buscar consensos y acuerdos que permitan una aprobación lo más transversal posible. Esto refleja el interés de la comisión en abordar el tema de forma inclusiva y responsable, considerando tanto los aspectos técnicos como los impactos sociales y económicos de la propuesta’.
