Vecinos cuestionan aprobación del proyecto de depósito de relaves en Huasco
Los vecinos argumentan que la evaluación de impacto ambiental presentó diversos vicios de legalidad y que no se consideraron debidamente sus observaciones ciudadanas.
Pobladores de Huasco, Vallenar y Freirina interponen dos reclamaciones al ante el Primer Tribunal Ambiental por proyecto de depósito de relaves en Huasco. Los vecinos, que cuestionan la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), argumentan que la evaluación de impacto ambiental presentó diversos vicios de legalidad y que no se consideraron debidamente sus observaciones ciudadanas.
El proyecto de la CMP se ubica en la comuna de Huasco, Región de Atacama, y consiste en la construcción, operación y cierre de un depósito de relaves filtrados en tierra. Este se encuentra en terrenos propiedad de la compañía y está compuesto por tres sectores: filtrado, transporte y depósito.
Los abogados de los reclamantes, Marcos Emilfork y Santiago García alegaron que las modificaciones sustantivas realizadas al proyecto durante la tramitación requerían un segundo proceso de participación ciudadana y que la evaluación debió considerar una consulta indígena debido a la existencia de susceptibilidad de afectación a personas pertenecientes a los pueblos Diaguita y Chango
Además, destacaron que el proyecto se ubica en una “zona de sacrificio”, de manera que la evaluación debería haber considerado este aspecto, así como la situación específica de las personas de Huasco. Entre sus objeciones, destacaron la falta de análisis sobre los efectos acumulativos y sinérgicos de los contaminantes, así como la evaluación insuficiente de los impactos en la flora (no considerando correctamente el fenómeno del desierto florido), los vestigios arqueológicos y la compatibilidad territorial del proyecto.
Defensa del proyecto por parte del SEA y CMP
Por su parte, los representantes del SEA y de la empresa defendieron la aprobación del proyecto. El abogado del SEA, Juan de Dios Montero, explicó que esta iniciativa se sometió a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) dado que la compañía reconoció que generaría impactos, pero subrayó que también se hace cargo de un problema preexistente, ya que la planta de pellets carecía de un sistema de relaves.
Montero aseguró que los riesgos para la salud fueron adecuadamente evaluados, incluyendo los efectos sinérgicos, así como los impactos sobre la flora y el patrimonio arqueológico.
El abogado de la CMP, Rodrigo Benítez, también defendió el proyecto al mostrar imágenes de su funcionamiento y destacar que las reclamaciones carecen de fundamento. Sostuvo que las acciones interpuestas presentan varios vicios formales, debido a que algunos de los reclamantes no tienen legitimación al no residir en Huasco. Además, señaló que la invalidación es improcedente y que se han presentado argumentos que no fueron expuestos durante el proceso de participación ciudadana ni en la reclamación administrativa.
En cuanto al fondo, Benítez expuso que, a su juicio, los reproches sobre el proceso de evaluación ambiental son infundados, constando en el expediente todos los antecedentes que dan cuenta que el proyecto no genera un riesgo para la salud de la población, haciéndose cargo debidamente de sus impactos sobre la flora y el patrimonio arqueológico. Asimismo, explicó que el proyecto es compatible con los instrumentos de planificación territorial aplicables en la zona.
Pobladores de Huasco, Vallenar y Freirina interponen dos reclamaciones al ante el Primer Tribunal Ambiental por proyecto de depósito de relaves en Huasco. Los vecinos, que cuestionan la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), argumentan que la evaluación de impacto ambiental presentó diversos vicios de legalidad y que no se consideraron debidamente sus observaciones ciudadanas.
El proyecto de la CMP se ubica en la comuna de Huasco, Región de Atacama, y consiste en la construcción, operación y cierre de un depósito de relaves filtrados en tierra. Este se encuentra en terrenos propiedad de la compañía y está compuesto por tres sectores: filtrado, transporte y depósito.
Los abogados de los reclamantes, Marcos Emilfork y Santiago García alegaron que las modificaciones sustantivas realizadas al proyecto durante la tramitación requerían un segundo proceso de participación ciudadana y que la evaluación debió considerar una consulta indígena debido a la existencia de susceptibilidad de afectación a personas pertenecientes a los pueblos Diaguita y Chango
Además, destacaron que el proyecto se ubica en una “zona de sacrificio”, de manera que la evaluación debería haber considerado este aspecto, así como la situación específica de las personas de Huasco. Entre sus objeciones, destacaron la falta de análisis sobre los efectos acumulativos y sinérgicos de los contaminantes, así como la evaluación insuficiente de los impactos en la flora (no considerando correctamente el fenómeno del desierto florido), los vestigios arqueológicos y la compatibilidad territorial del proyecto.
Defensa del proyecto por parte del SEA y CMP
Por su parte, los representantes del SEA y de la empresa defendieron la aprobación del proyecto. El abogado del SEA, Juan de Dios Montero, explicó que esta iniciativa se sometió a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) dado que la compañía reconoció que generaría impactos, pero subrayó que también se hace cargo de un problema preexistente, ya que la planta de pellets carecía de un sistema de relaves.
Montero aseguró que los riesgos para la salud fueron adecuadamente evaluados, incluyendo los efectos sinérgicos, así como los impactos sobre la flora y el patrimonio arqueológico.
El abogado de la CMP, Rodrigo Benítez, también defendió el proyecto al mostrar imágenes de su funcionamiento y destacar que las reclamaciones carecen de fundamento. Sostuvo que las acciones interpuestas presentan varios vicios formales, debido a que algunos de los reclamantes no tienen legitimación al no residir en Huasco. Además, señaló que la invalidación es improcedente y que se han presentado argumentos que no fueron expuestos durante el proceso de participación ciudadana ni en la reclamación administrativa.
En cuanto al fondo, Benítez expuso que, a su juicio, los reproches sobre el proceso de evaluación ambiental son infundados, constando en el expediente todos los antecedentes que dan cuenta que el proyecto no genera un riesgo para la salud de la población, haciéndose cargo debidamente de sus impactos sobre la flora y el patrimonio arqueológico. Asimismo, explicó que el proyecto es compatible con los instrumentos de planificación territorial aplicables en la zona.
