Opinión: “Proyecto de Ley de Greenwashing” desde la perspectiva de ANIR, Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje
La ley debería acompañarse de un marco que promueva la innovación y el avance tecnológico, en lugar de centrarse únicamente en castigar las desviaciones. Si queremos que Chile alcance sus objetivos en materia de desarrollo sostenible, es crucial que las políticas públicas no sólo regulen, sino que también apoyen activamente a las empresas que están liderando el cambio.
Como Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), expresamos profunda preocupación respecto al proyecto de ley para prevenir y sancionar el greenwashing o lavado verde de imagen. Desde ANIR, siempre hemos defendido la transparencia y la veracidad en las afirmaciones ambientales de las empresas, pero este proyecto plantea serios desafíos para las empresas que, como las nuestras, están genuinamente comprometidas con la sostenibilidad.
El greenwashing es un problema real y grave que debe ser abordado, pero la solución propuesta por este proyecto de ley puede tener consecuencias no deseadas que afectarán de manera desproporcionada a las empresas que se dedican a la gestión de residuos. En primer lugar, esta normativa parece estar diseñada con una mirada casi exclusivamente punitiva, en lugar de incentivar las buenas prácticas.
Las sanciones planteadas, como la prohibición de publicidad ambiental por hasta cinco años y las elevadas multas, ignoran los esfuerzos de quienes estamos transformando nuestras operaciones para cumplir con estándares más altos de sostenibilidad. Un aspecto fundamental que no aborda esta propuesta es la necesidad de educar al consumidor y fomentar un mercado verdaderamente informado. Actualmente, gran parte de los consumidores no tiene acceso a la información necesaria para tomar decisiones responsables, lo que genera una brecha entre las expectativas y la realidad del consumo responsable.
No basta con castigar a las empresas por afirmaciones ambiguas; se necesita promover el diálogo y la colaboración entre el sector empresarial y las autoridades para establecer directrices claras y accesibles que faciliten la adaptación. Además, las empresas que formamos parte de la economía circular, como las dedicadas al reciclaje, corremos el riesgo de vernos afectadas injustamente por interpretaciones estrictas o erróneas de la ley.
Nuestro sector es pionero en la implementación de procesos sostenibles, pero a menudo trabajamos con tecnologías y procesos complejos que no siempre son comprendidos en su totalidad. Nos preocupa que las medidas sancionatorias no distingan entre quienes están cometiendo fraudes ambientales y quienes están intentando, a veces con limitaciones tecnológicas, avanzar hacia un futuro más verde.
Otro aspecto que nos inquieta es la falta de incentivos para que las empresas inviertan en certificaciones y mejoras en sus procesos. La ley debería acompañarse de un marco que promueva la innovación y el avance tecnológico, en lugar de centrarse únicamente en castigar las desviaciones. Si queremos que Chile alcance sus objetivos en materia de desarrollo sostenible, es crucial que las políticas públicas no sólo regulen, sino que también apoyen activamente a las empresas que están liderando el cambio.
Desde ANIR creemos que la lucha contra el greenwashing debe ser una prioridad, pero este proyecto de ley en su forma actual puede sofocar la innovación y penalizar injustamente a las empresas que están intentando ser parte de la solución. Urge un enfoque equilibrado que considere tanto la sanción a las malas prácticas como el apoyo a quienes están comprometidos con un verdadero cambio hacia la sostenibilidad.
Como Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), expresamos profunda preocupación respecto al proyecto de ley para prevenir y sancionar el greenwashing o lavado verde de imagen. Desde ANIR, siempre hemos defendido la transparencia y la veracidad en las afirmaciones ambientales de las empresas, pero este proyecto plantea serios desafíos para las empresas que, como las nuestras, están genuinamente comprometidas con la sostenibilidad.
El greenwashing es un problema real y grave que debe ser abordado, pero la solución propuesta por este proyecto de ley puede tener consecuencias no deseadas que afectarán de manera desproporcionada a las empresas que se dedican a la gestión de residuos. En primer lugar, esta normativa parece estar diseñada con una mirada casi exclusivamente punitiva, en lugar de incentivar las buenas prácticas.
Las sanciones planteadas, como la prohibición de publicidad ambiental por hasta cinco años y las elevadas multas, ignoran los esfuerzos de quienes estamos transformando nuestras operaciones para cumplir con estándares más altos de sostenibilidad. Un aspecto fundamental que no aborda esta propuesta es la necesidad de educar al consumidor y fomentar un mercado verdaderamente informado. Actualmente, gran parte de los consumidores no tiene acceso a la información necesaria para tomar decisiones responsables, lo que genera una brecha entre las expectativas y la realidad del consumo responsable.
No basta con castigar a las empresas por afirmaciones ambiguas; se necesita promover el diálogo y la colaboración entre el sector empresarial y las autoridades para establecer directrices claras y accesibles que faciliten la adaptación. Además, las empresas que formamos parte de la economía circular, como las dedicadas al reciclaje, corremos el riesgo de vernos afectadas injustamente por interpretaciones estrictas o erróneas de la ley.
Nuestro sector es pionero en la implementación de procesos sostenibles, pero a menudo trabajamos con tecnologías y procesos complejos que no siempre son comprendidos en su totalidad. Nos preocupa que las medidas sancionatorias no distingan entre quienes están cometiendo fraudes ambientales y quienes están intentando, a veces con limitaciones tecnológicas, avanzar hacia un futuro más verde.
Otro aspecto que nos inquieta es la falta de incentivos para que las empresas inviertan en certificaciones y mejoras en sus procesos. La ley debería acompañarse de un marco que promueva la innovación y el avance tecnológico, en lugar de centrarse únicamente en castigar las desviaciones. Si queremos que Chile alcance sus objetivos en materia de desarrollo sostenible, es crucial que las políticas públicas no sólo regulen, sino que también apoyen activamente a las empresas que están liderando el cambio.
Desde ANIR creemos que la lucha contra el greenwashing debe ser una prioridad, pero este proyecto de ley en su forma actual puede sofocar la innovación y penalizar injustamente a las empresas que están intentando ser parte de la solución. Urge un enfoque equilibrado que considere tanto la sanción a las malas prácticas como el apoyo a quienes están comprometidos con un verdadero cambio hacia la sostenibilidad.
