Varias ONG critican que la nueva Comisión Europea se plantee avalar la minería submarina
Un grupo de 16 ONG medioambientalistas reclamó el pasado miércoles que la futura Comisión Europea rechace la minería en aguas profundas, controvertido método de obtención de materias primas que avala el Informe Draghi que servirá de brújula al nuevo Ejecutivo comunitario.
«La minería de los fondos marinos es la búsqueda de minerales que no necesitamos a un costo que no podemos permitirnos. Corre el riesgo de alterar el ciclo oceánico del carbono y acabaría con la vida salvaje a escala industrial. En lugar de precipitarnos al abismo, centrémonos en soluciones sostenibles que ya tenemos en la superficie», señaló el creador de la Fundación de Justicia Medioambiental, Steve Trent.
Ese grupo de organizaciones ecologistas ha enviado una carta a la actual presidenta de la Comisión y también del futuro Ejecutivo, Ursula von der Leyen, pidiéndole que se distancie de esas prácticas, que califican como una «falsa solución».
Señalan, en concreto, que el Informe Draghi hace referencia a un informe publicado hace once años sobre la disponibilidad de minerales en los fondos marinos, pero «otros hallazgos más recientes ponen de relieve los riesgos financieros y las incertidumbres de la explotación».
«Los científicos europeos más destacados han advertido que podrían causar daños irreversibles a la biodiversidad, perturbar los ecosistemas marinos y poner en peligro el papel del océano en la regulación del clima», agrega un comunicado que encabeza las plataformas Fundación de Justicia Medioambiental y Seas Ar Risk.
Señalan que la alternativa sostenible a extraer minerales de los fondos marinos es la «eficiencia de recursos y economía circular».
La necesidad de impulsar la economía circular se menciona explícitamente en la carta de misión de la presidenta Von der Leyen a Jessika Roswall, comisaria designada de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, así como a Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo designado de Prosperidad y Estrategia Industrial, apuntan.
Dicen además que «el impulso a favor de una moratoria de la minería de aguas profundas es cada vez mayor», con 32 países, entre ellos 14 europeos (y diez de ellos Estados miembros de la UE) pidiendo «una moratoria, una pausa cautelar o la prohibición de esta industria».
«La minería de los fondos marinos es la búsqueda de minerales que no necesitamos a un costo que no podemos permitirnos. Corre el riesgo de alterar el ciclo oceánico del carbono y acabaría con la vida salvaje a escala industrial. En lugar de precipitarnos al abismo, centrémonos en soluciones sostenibles que ya tenemos en la superficie», señaló el creador de la Fundación de Justicia Medioambiental, Steve Trent.
Ese grupo de organizaciones ecologistas ha enviado una carta a la actual presidenta de la Comisión y también del futuro Ejecutivo, Ursula von der Leyen, pidiéndole que se distancie de esas prácticas, que califican como una «falsa solución».
Señalan, en concreto, que el Informe Draghi hace referencia a un informe publicado hace once años sobre la disponibilidad de minerales en los fondos marinos, pero «otros hallazgos más recientes ponen de relieve los riesgos financieros y las incertidumbres de la explotación».
«Los científicos europeos más destacados han advertido que podrían causar daños irreversibles a la biodiversidad, perturbar los ecosistemas marinos y poner en peligro el papel del océano en la regulación del clima», agrega un comunicado que encabeza las plataformas Fundación de Justicia Medioambiental y Seas Ar Risk.
Señalan que la alternativa sostenible a extraer minerales de los fondos marinos es la «eficiencia de recursos y economía circular».
La necesidad de impulsar la economía circular se menciona explícitamente en la carta de misión de la presidenta Von der Leyen a Jessika Roswall, comisaria designada de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, así como a Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo designado de Prosperidad y Estrategia Industrial, apuntan.
Dicen además que «el impulso a favor de una moratoria de la minería de aguas profundas es cada vez mayor», con 32 países, entre ellos 14 europeos (y diez de ellos Estados miembros de la UE) pidiendo «una moratoria, una pausa cautelar o la prohibición de esta industria».
