Mañana, 26 de junio, debería ser adjudicada la licitación pública realizada para contratar el servicio de “levantamiento de antecedentes para la revisión y futura actualización”, del DS N°12 del Ministerio del Medio Ambiente. Según informó la titular de la cartera, Francisca Toledo, se espera tener los primeros hallazgos en noviembre. La autoridad abordó este tema ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas, luego de que la directora ejecutiva de la ASCC de Corfo, Ximena Ruz, presentara las conclusiones de la Mesa Ejecutiva para la Productividad (MEP) cuyo objetivo fue detectar trabas y proponer soluciones con miras a la revisión del decreto de envases y embalajes de la Ley REP.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, anunció que están avanzando en el proceso de revisión del Decreto Supremo N°12, que establece las “metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes”, en el marco de la Ley REP (21.920). Concretamente, dijo que la cartera está “ad portas de adjudicar una licitación para poder hacer un levantamiento de antecedentes, de fundamentos técnicos, para detectar si es necesario, si se va a actualizar, y con qué nivel de profundidad, eventualmente, este decreto de envases y embalajes”.
La autoridad hizo estas declaraciones en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y Diputadas, en la que fueron presentados los resultados de la Mesa Ejecutiva para la Productividad (MEP) sobre la Ley REP para el producto prioritario envases y embalajes, que sesionó durante el año pasado. Las conclusiones fueron expuestas por Ximena Ruz, directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo (ASCC), una de las instituciones que fue parte de la mesa.
La sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara estuvo encabezada por su presidente, Guillermo Ramírez (UDI), y además de la ministra Toledo y de Ximena Ruz, también participaron Santiago Browne, gerente de asuntos estratégicos de Corfo, y el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial.
Según recordó Ruz, las MEP son una metodología de coordinación para identificar trabas y formular soluciones viables, que “convoca actores tanto públicos como privados, gestiona trabas concretas, busca acordar problemas operativos, regulatorios o de coordinación. Los actores privados son los que levantan y priorizan las trabas, aportando información y propuestas de solución”. En este caso, la MEP sobre envases y embalajes fue solicitada por la Asociación Nacional de Industriales del Reciclaje (ANIR) y de la Asociación Gremial de Industriales del Plásticos (ASIPLA). Ambos gremios, junto a Corfo, integraron la secretaría técnica de la mesa, que estuvo coordinada por el exministro del Medio Ambiente Pablo Badenier.
Entre los convocados a participar de esta MEP estuvieron los cuatro Sistema de Gestión Colectivos para envases y embalajes, es decir, ReSimple, ProREP, GIRO y Campo Limpio; gremios como AB Chile, SOFOFA, ANIR y ASIPLA, y en el sector público estuvo Corfo, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la ASCC, y la Asociación de Municipios Msur. Asimismo, asistieron a exponer expertos como el representante del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, exjefes de división del MMA, y recicladores de base.
“Estamos ad portas de adjudicar esta consultoría para iniciar este levantamiento de datos; vamos a tener los primeros hallazgos en noviembre de este año, y vamos a evaluar si es que se requiere hacer una modificación sustantiva del reglamento o si hay que hacer una actualización de ajustes menores”, indicó Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente.
Cuatro grandes brechas
La mesa detectó cuatro grandes brechas, que fueron detalladas por Ximena Ruz junto con las propuestas para abordarlas.
La primera traba es la “inexistencia de incentivos para que gestores aporten al cumplimiento de metas de los Sistemas de Gestión”. El problema identificado, explicó Ruz, se refiere a aquellos materiales que, si bien se valorizan, por distintas razones no se suman al registro de metas definidas en la Ley REP. A esto se añade que “las metas del DS 12 requieren revisión a partir de datos reales de implementación, eficiencia de recolección, descarte y capacidad instalada”, debido a que el mencionado decreto se elaboró en base a “información histórica de otros países, principalmente europeos, con datos que no son siempre de la realidad chilena”.
Por lo tanto, se propone revisar las metas del DS 12 con evidencia operacional acumulada en los tres años de implementación de la ley para este producto prioritario; establecer una proyección escalonada de las metas; extender y diferencia las reglas de compensación entre materiales, que rigen hasta este año; crear un régimen transitorio para contabilizar los flujos no REP que sean trazables; y reconocer iniciativas particulares de reciclaje bajo criterios verificables.
La segunda brecha se refiere a “la complejidad y ausencia de información clara en procesos licitatorios, lo que no asegura eficiencia ni trazabilidad y desincentivos a la participación”. Esto, dijo la directora ejecutiva de la ASCC, se produce porque, como los Sistemas de Gestión deben licitar cada uno de sus servicios -recolección, pretratamiento, tratamiento, valorización-, “cada una de esas bases ha generado mucha heterogeneidad, falta de información mínima, algunas incertidumbres contractuales”.
Entonces, se propone contar con criterios más objetivos en las bases para “disminuir la incertidumbre jurídica en la habilitación de los oferentes”, además de “fortalecer la oferta de gestores en regiones o territorios más apartados”, entre otros.
Respecto de la tercera brecha detectada, tiene más relación con la difusión de la ley y la educación ambiental: “Conocimiento y participación heterogénea de consumidores y municipios en la segregación y disposición adecuada de residuos valorizables”. Sobre este punto, Ruz indicó que existe baja participación y explicó que debido a que “el decreto supremo 12 califica a los municipios como organismos que ‘podrán’ sostener convenios con los Sistemas de Gestión, algunos municipios recién se están interiorizando de este tema”.
Para abordar esta situación, la MEP propone masificar el uso de etiquetado que informe reciclabilidad y materialidad; programas regionales de educación ambiental escolar y comunitaria; relevar y actualizar ordenanzas municipales; definir contenidos mínimos de convenios municipio-Sistema de Gestión; incorporar planes de educación ambiental en planes de gestión; y añadir en los programas de educación ambiental del MMA las variables de reciclaje y economía circular, entre otros.
Finalmente, la cuarta traba apunta a que los “planes de gestión sean más adaptativos”, debido a que los Sistemas de Gestión Colectivos presentan anualmente Ministerio del Medio Ambiente un plan de gestión que es rígido, en circunstancias de que hay ajustes operativos que es necesario hacer en ese periodo. “Las propuestas son: facilitar ajustes operativos, eliminar el nivel de detalle excesivo de los planes, agilizar procedimientos, racionalizar el régimen de garantías, y flexibilizar plazos y condiciones de adhesión o migración de productores entre un sistema y otro”, concluyó Ximena Ruz.
“Las metas del DS 12 requieren revisión a partir de datos reales de implementación, eficiencia de recolección, descarte y capacidad instalada”, señaló Ximena Ruz, directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo.
Consultoría: hallazgos para noviembre
Luego de escuchar las conclusiones de la MEP sobre envases y embalajes, la ministra del Medio Ambiente valoró lo realizado: “El trabajo que se hizo en Corfo, a través de las mesas MEP, permitió que los distintos actores del entorno de la Ley REP pudieran compartir sus experiencias de implementación (…) Estamos viendo cómo darle continuidad a esto, porque se generó un ambiente bastante valorado por todos los actores. Quiero agradecer el resultado de la mesa, que es un insumo muy importante”.
Posteriormente, Francisca Toledo detalló lo que el ministerio está realizando para ajustar tres cuerpos legales relacionados: la ley que prohíbe las bolsas plásticas, la ley de plásticos de un solo uso (PUSU), además del DS 12 de la REP, publicado en 2021.
Respecto del DS 12 la REP, recordó que el “tal como lo dispone el decreto 8 (2017), a los cinco años se tiene que iniciar el proceso de revisión, y bueno, calza justo con los resultados de la mesa y también con la intención de poder hacer esta homologación de las distintas leyes”.
Como parte del comienzo de este proceso, el MMA va a realizar una consultoría, para la cual abrió un proceso de licitación que debiera ser adjudicado este viernes, 26 de junio, de acuerdo con la ficha de la licitación en el portal de mercado público. A quien se asigne la subasta pública, publicada el pasado 13 de mayo por la Subsecretaría del Medio Ambiente, deberá hacer el “levantamiento de antecedentes para la revisión y futura actualización de los decretos de neumáticos y de envases y embalajes”, es decir, los dos productos prioritarios de la Ley REP cuya implementación total comenzó en 2023, en enero y octubre, respectivamente. La licitación considera un presupuesto estimado de $24 millones.
Según dijo la ministra, esta asesoría permitirá definir tanto la pertinencia de realizar ajustes como la magnitud de ellos. “Obviamente, este levantamiento, esta consultoría, va a tener como insumo la mesa MEP de Corfo, las declaraciones que los distintos Sistemas de Gestión han ido informando en el RETC [Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes], la información que tenga la Superintendencia del Medio Ambiente, y entrevistas con los distintos actores, para poder levantar antecedentes fidedignos que permitan eventualmente fundamentar algún ajuste en el decreto”, sostuvo Toledo.
“Estamos ad portas de adjudicar esta consultoría para iniciar este levantamiento de datos; vamos a tener los primeros hallazgos en noviembre de este año, y vamos a evaluar si es que se requiere hacer una modificación sustantiva del reglamento o si hay que hacer una actualización de ajustes menores”, concluyó la ministra del Medio Ambiente.