«Sobre el territorio; el borde costero es un recurso escaso: conviven caletas, áreas de manejo, concesiones, zonas protegidas y comunidades. La ubicación de plantas y ductos no puede resolverse solo desde la ingeniería. Requiere planificación, compatibilidad ambiental y diálogo temprano. Por esto es que las comunidades no pueden aparecer al final, cuando el proyecto ya está diseñado y se discuten compensaciones. Las personas deben entender qué problema se busca resolver, qué beneficios recibirán y qué riesgos serán controlados. Esto se logra con participación temprana».
La Ley de Desalinización -promulgada en mayo pasado-, abrió una oportunidad importante, pero la tarea que viene es desafiante: transformar la desalación de agua en una herramienta real para la seguridad hídrica, capaz de aportar producción y conducción segura de este recurso. Para esto, se debe avanzar en dar certezas que permitan el financiamiento de proyectos, planificación del territorio y legitimidad social de estas plantas, como parte la Estrategia Nacional de Desalinización, que la ley obliga a implementar.
Chile tiene una experiencia de más de 100 años y 24 plantas en funcionamiento. La pregunta es cómo lograr que el agua llegue donde se necesita y no quede restringida a quienes pueden financiar una solución. En territorios con escasez, muchas veces los más afectados —sistemas sanitarios rurales, pequeña agricultura o comunidades vulnerables— no pueden asumir el costo de las plantas transporte y bombeo.
Para esto, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) propone, entre otras materias, SWAPs de agua: que usuarios cercanos a la costa se abastezcan con agua desalada y, a cambio, liberen derechos de aguas continentales para usuarios ubicados al interior o en altura que, a través de este intercambio, financien el proyecto. No siempre será eficiente bombear agua desde el mar para largas distancias, si existen alternativas más eficientes en la misma cuenca. La seguridad hídrica requiere más agua, pero también mejor asignación y sentido territorial.
Lo mismo aplica a las conducciones. Si una desaladora exige instalar ductos extensos, constituir servidumbres, suministrar energía y puntos de entrega, la estrategia debiera promover redes compartidas, antes que soluciones aisladas. Una infraestructura de esa escala debería evaluarse con lógica multipropósito donde diversos actores puedan compartirla para fines como consumo humano, sistemas sanitarios rurales, minería, industria y riego, entre otros. Para ello, el Estado debe actuar como articulador, agregador de demanda y promover proyectos que cuenten con un “usuario ancla”, es decir, un cliente final que permita dar seguridad financiera al proyecto.
Por otra parte, el aporte de hasta 5% para consumo humano establecido en la ley debe mirarse con realismo. Es una buena señal, pero no basta con reservar un caudal. Hay que definir dónde se entrega, quién financia la conexión, qué estándar de calidad tendrá, quién opera el sistema y cómo se asegura continuidad.
Sobre el territorio; el borde costero es un recurso escaso: conviven caletas, áreas de manejo, concesiones, zonas protegidas y comunidades. La ubicación de plantas y ductos no puede resolverse solo desde la ingeniería. Requiere planificación, compatibilidad ambiental y diálogo temprano.
Por esto es que las comunidades no pueden aparecer al final, cuando el proyecto ya está diseñado y se discuten compensaciones. Las personas deben entender qué problema se busca resolver, qué beneficios recibirán y qué riesgos serán controlados. Esto se logra con participación temprana.
La futura Estrategia Nacional debiera recoger esta mirada. No basta con habilitar plantas; hay que planificar cuencas, ordenar el borde costero, compartir infraestructura, aplicar SWAPs cuando tengan sentido y diseñar pensando en la comunidad. Esa será la diferencia entre sumar obras y construir resiliencia hídrica.