Nuestro país cerró el período 2025-2026 con un 70% de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional proveniente de fuentes renovables y con 2.071 MW de almacenamiento energético en operación, más del doble de los 1.005 MW registrados en junio de 2025.
Ambos indicadores estuvieron entre los principales resultados presentados por el Ministerio de Energía durante su Cuenta Pública Participativa, encabezada en Molina, Región del Maule, por la ministra Ximena Rincón y el subsecretario Hugo Briones.
El documento oficial señala que la capacidad total del sistema alcanza 38,2 GW y que la participación renovable aumentó dos puntos porcentuales frente a junio de 2025. Durante el período también fueron aprobados ambientalmente más de 110 proyectos energéticos, con una inversión comprometida superior a US$22.000 millones.
Almacenamiento supera anticipadamente meta para 2030
Uno de los principales hitos destacados por la cartera fue el avance de los sistemas de almacenamiento.
A marzo de 2026, la capacidad instalada llegó a 2.071 MW, frente a los 1.005 MW registrados en junio de 2025. Con ello, el país superó con cuatro años de anticipación la meta intermedia de 2.000 MW establecida para 2030 en la Política Energética Nacional 2050.
La cartera destacó que estos sistemas cumplen una función creciente en la integración de generación renovable, la reducción de vertimientos y el suministro de energía en horas de mayor demanda.
El balance también registra la entrada en operación de 39 proyectos renovables por 1.571 MW netos, distribuidos entre 810 MW eólicos, 433 MW fotovoltaicos de gran escala, 182 MW de proyectos solares PMG y PMGD y 146 MW de biomasa.
Ministerio reporta más de US$22.000 millones en proyectos energéticos aprobados
Entre junio de 2025 y abril de 2026, el SEIA aprobó más de 110 iniciativas energéticas, con inversiones superiores a US$22.000 millones.
Además, la cartera informó que los convenios de transferencia de recursos con servicios públicos permitieron acelerar la evaluación de más de 80 proyectos energéticos, asociados a inversiones superiores a US$40.000 millones y una capacidad potencial de al menos 8 GW.
Durante la Cuenta Pública, Hugo Briones también destacó el trabajo realizado sobre proyectos que mantenían reclamaciones pendientes.
El subsecretario indicó que, en menos de dos meses y medio de la actual gestión, se destrabaron 12 proyectos por más de US$6.200 millones, mientras el proyecto Volta, en Antofagasta, fue mencionado como uno de los casos emblemáticos.
En una mirada más amplia del período cubierto por el documento, el Ministerio reportó su participación en sesiones del Comité de Ministros en los que se revisaron reclamaciones de 16 proyectos por US$6.960 millones, de los cuales siete correspondían al sector energético y representaban US$4.010 millones.
Cuenta Pública pone foco en normalización tarifaria
El balance energético estuvo marcado también por la situación de las cuentas eléctricas
El documento reconoce que el período estuvo condicionado por errores de cobro y retrasos acumulados en procesos tarifarios, con compensaciones que superaron los US$200 millones y atrasos tarifarios que llegaron a promediar 43 meses.
Durante la actividad, la ministra Ximena Rincón destacó el ingreso al Congreso del proyecto de ley “Ordenemos la Cuenta”, estructurado sobre tres ejes: mitigación del impacto tarifario, regularización y certeza tarifaria, y seguridad y calidad de servicio.
Según la autoridad, el objetivo es regularizar obligaciones pendientes sin trasladar todo el impacto a las familias. Rincón sostuvo que, con la propuesta, las cuentas eléctricas comenzarían a bajar a partir de 2028 y que, sin el proyecto, habrían enfrentado un aumento adicional de 4%.
Descarbonización: 57% de la capacidad original a carbón ya salió del sistema
El proceso de salida del carbón también mostró nuevos avances.
Entre junio de 2025 y abril de 2026 se retiraron tres unidades por 711 MW, llevando el balance acumulado a 14 de las 28 unidades originales fuera del sistema.
En términos de capacidad, han salido 3.153 MW de los 5.525 MW originales, equivalente al 57% de la capacidad a carbón existente antes del inicio del proceso de descarbonización.
El Ministerio destacó además cinco proyectos autorizados bajo el artículo 6 del Acuerdo de París —dos de almacenamiento, uno de recambio de calderas, uno de electromovilidad y uno de rellenos sanitarios—, asociados a inversiones por US$1.400 millones.
Transmisión y seguridad del sistema entre las prioridades
La Cuenta Pública también puso énfasis en la infraestructura de transmisión y la resiliencia del sistema eléctrico.
Entre las iniciativas mencionadas se encuentran la línea HVDC Kimal–Lo Aguirre, la Subestación Nueva Lagunas, la línea 2×500 kV Nueva Lagunas–Kimal y el proyecto Itahue–Hualqui, de más de 400 kilómetros y US$1.480 millones de inversión.
En conjunto, las iniciativas bajo gestión activa consideradas en el balance superan los 1.800 kilómetros de nuevas líneas.
La seguridad del sistema se mantiene como uno de los principales desafíos después del apagón del 25 de febrero de 2025, que dejó sin suministro a cerca del 98,5% de la población nacional durante más de siete horas, según el documento.
Electromovilidad amplía infraestructura de carga
En movilidad eléctrica, la Estrategia Nacional de Electromovilidad alcanzó un avance de 80%, con 43 de sus 56 medidas iniciadas o concluidas.
La infraestructura pública pasó de 433 a 535 instalaciones, un crecimiento de 23,6%, mientras el número de conectores aumentó desde 1.369 hasta 1.940, con una expansión de 41,7%. De los 571 conectores adicionales, 299 corresponden a soluciones de carga rápida o ultrarrápida.
El documento reporta además 4.083 buses eléctricos en la Región Metropolitana, otros 271 en 11 regiones del país y 405 taxis eléctricos entregados en 14 regiones.
El Ministerio planteó que la siguiente etapa estará marcada por la necesidad de combinar una energía más competitiva para hogares y empresas con mayor seguridad de suministro, desarrollo de infraestructura crítica, aceleración responsable de la transición energética y condiciones para movilizar inversión.