Ha pasado un mes desde que fue publicada la Ley 21.813 “Sobre el uso de agua de mar para desalinización”, y ya están corriendo los plazos para la elaboración de los reglamentos que permitirán implementar la normativa. Los reglamentos deben ser dictados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y varios de ellos deben ser suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional, por su competencia en las concesiones marítimas.
Uno de reglamentos, para el cual hay un plazo de 18 meses, es el que establecerá el procedimiento para elaborar la Estrategia Nacional de Desalinización. Los otros, sobre el aporte para consumo humano y/o saneamiento, para el otorgamiento de la concesión o destinación, de condiciones de ejercicio y cambio de uso, sobre medidas de cierre, por ejemplo, tienen un periodo de un año para ser dictados.
En este contexto, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) elaboró un documento donde identificó omisiones de la Ley que, a su juicio, de no corregirse en la reglamentación y en la futura Estrategia Nacional, podrían limitar el alcance de la norma. Esta es la “ventana” para subsanar las omisiones, dicen, y advierten que “sin herramientas de viabilidad económica, logística y social, la desalinización quedará limitada a los sectores de mayores ingresos y a la gran minería”.
Uno de los expertos que integran el Comité de Recursos Hídricos y Medio Ambiente del CPI, Patricio Poblete, comentó a País Circular que este era el momento adecuado para realizar el análisis, por cuanto “primero había que conocer la ley y ver su alcance, es decir, lo que cubre y lo que falta por cubrir, para luego definir qué se debe promover en la Estrategia Nacional de Desalinización y los reglamentos, que vienen ahora”.
Poblete señala que está previsto que se reúnan con autoridades del MOP -Dirección General de Agua, Dirección de Obras Hidráulicas-, para presentar sus observaciones, además de ir sumando a otros actores para enriquecer los aportes para los reglamentos y, especialmente, la Estrategia Nacional.
“La propuesta del SWAP (intercambio) es que sectores que tengan derechos de agua en las zonas bajas de la cuenca puedan ceder esos derechos a otros agentes que están en la zona alta, a cambio de que puedan usar agua de las plantas desaladoras, y con eso el proyecto de la planta en sí sería mucho más abordable económicamente, porque no hay que subir el agua tantos metros”.
“Intercambio de derechos”
Desde el CPI advierten que, si bien la ley regula la extracción del agua, no hace frente a un cuello de botella fundamental: transportarla hacia las zonas donde se requiere suministro. En este sentido, el Consejo cita datos de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES), de acuerdo con los cuales las tuberías de transporte y bombeo concentran el 54,8% del costo de un proyecto de desalinización, muy por encima del 30,9% que representan la planta y las obras marinas.
Una de las alternativas que propone el CPI en este sentido es la “incorporación de SWAPs de Agua (intercambio de derechos)” en la Estrategia Nacional. “Este modelo permite que los sectores cercanos a la costa consuman agua desalada y, a cambio, cedan sus derechos de agua dulce continental a usuarios ubicados al interior o en altura, evitando la construcción de costosos acueductos e infraestructura de bombeo”, se lee en el documento del el Consejo de Políticas de Infraestructura.
Patricio Poblete, quien es ingeniero civil industrial, explica que “actualmente uno de los temas de las plantas desaladoras es que la inversión es muy alta para llevar agua desde el mar hasta los proyectos mineros, que son los que principalmente están desarrollando los proyectos de desalación, gracias a lo cual las mineras estarían dejando de consumir agua de fuentes continentales. Entonces, la propuesta del SWAP es que sectores que tengan derechos de agua en las zonas bajas de la cuenca puedan ceder esos derechos a otros agentes que están en la zona alta, a cambio de que puedan usar agua de las plantas desaladoras, y con eso el proyecto de la planta en sí sería mucho más abordable económicamente, porque no hay que subir el agua tantos metros”.
Consultado ante la posibilidad de que en la zona alta de la cuenca exista escasez de agua continental, el experto subraya que los SWAPs “no se presentan como la única solución; es un mecanismo que se propone para dar más viabilidad financiera y económica a los proyectos”. Asimismo, agrega que este documento es un primer análisis, que deben seguir “madurando”.
El costo de utilizar agua desalinizada aumenta considerablemente a medida que se debe trasladar más lejos de la costa. Como se observa en la gráfica, el precio al nivel del mar se puede cuadruplicar en la zona minera cordillerana.
5% para consumo humano
Otro de los puntos que aborda el CPI en este estudio es que “la Ley exige un aporte de hasta un 5% de agua para consumo humano, sin embargo, se advierte que la normativa no detalla su implementación práctica, específicamente no resuelve cómo financiar las plantas si los usuarios son pequeños agricultores o Sistemas de Agua Potable Rural (APR), quienes carecen de disposición de pago”.
“El Estado no puede limitarse a exigir la reserva del agua, sino que debe definir claramente cómo, cuándo y dónde se entregará, por ejemplo, para el riego de comunidades aledañas”, se advierte en el documento.
Frente a esto, el CPI plantea que, para transformar la desalinización en una solución viable para la agricultura vulnerable, los APR y la pequeña minería, el Estado debe pensar en las plantas desalinizadoras como proyectos de infraestructura multiuso, agrupando distintas demandas en torno a un “usuario ancla” (generalmente la gran minería). Por ello, dice, se debe impulsar que los reglamentos exijan un enfoque de “infraestructura compartida” (multiusuario y multipropósito), evitando que se pierda la oportunidad de generar beneficios a varios actores de la cuenca simultáneamente.
Para lo anterior el Consejo propone que el Estado actúe como “agregador de demanda”. Según explica Patricio Poblete, la idea “es juntar distintas demandas -que pueden ser APR y agricultura, entre otras- y que el Estado funcione como un agente que aglutine todas esas voluntades, para que en un solo proyecto se pueda llevar agua a esos distintos actores (…) lo que permite economías de escala”.
“En lugar de gastar ineficientemente en el arriendo perpetuo de camiones aljibe (cuyo costo supera los 100 pesos por litro), el Fisco debe garantizar contratos de compra a largo plazo que reduzcan el riesgo financiero de los megaproyectos privados, logrando tarifas abordables”.
Variable social y gobernanza
El Consejo también alerta sobre la posible conflictividad territorial: “El Estado deja a las empresas solas negociando con las comunidades, lo que ha derivado en un sistema ‘transaccional” (donde se pagan compensaciones económicas directas para evitar oposición) en lugar de mitigar impactos o generar valor real. La Estrategia Nacional debe proponer herramientas de relacionamiento temprano, asegurando que las comunidades comprendan los beneficios de las desaladoras y no se opongan a la instalación de ductos por desconfianza. La infraestructura debe nacer desde su diseño con la variable social y ambiental integrada”.
Por otra parte, el CPI aborda una temática largamente analizada: los problemas ocasionados por la fragmentación institucional en la gestión del agua. En el caso de la nueva ley, cuestiona que “distribuye las competencias entre el Ministerio de Obras Públicas, la DGA y el Ministerio de Defensa Nacional (concesiones marítimas)”, y propone “exigir que los reglamentos establezcan mecanismos transitorios de coordinación unificada”.
Patricio Poblete explica que se trata de una suerte de “ventanilla única, por la que entrarían los proyectos y sería este mecanismo el encargado de coordinar a quien tenga que coordinar dentro del Estado. Eso hace más eficiente la tramitación de los proyectos”.
“Este ente sería el que coordina interiormente, en lugar de que sean los encargados del proyecto los que estén yendo a buscar a la DGA, al MOP, a Defensa, a Bienes Nacionales si se da el caso”, concluye el integrante del Comité de Recursos Hídricos y Medio Ambiente del CPI.