“La política habitacional no puede evaluarse únicamente por el número de viviendas construidas. Es necesario incorporar criterios de eficiencia energética, resiliencia climática y costo de operación a largo plazo. Construir más viviendas, pero energéticamente deficientes o mal localizadas, significa trasladar el problema hacia el futuro. Ese es el gran desafío en un momento en que se discute reducir estándares para bajar costos en el corto plazo, para hacerlas más asequibles, aun cuando esas decisiones pueden afectar el funcionamiento de las viviendas por décadas”.
La crisis habitacional suele analizarse desde el déficit de viviendas, el aumento del precio del suelo y las dificultades de acceso al crédito hipotecario. Suele asumirse una relación causa-efecto demasiado simple entre estos factores y las potenciales soluciones. El fenómeno responde a un sistema complejo: las distintas variables se ajustan y se desajustan continuamente, incluso frente al solo anuncio de nuevas medidas.
En esa complejidad hay una dimensión que recibe poca atención, aunque será cada vez más importante: la relación entre vivienda, gestión energética y cambio climático. La forma en la que se está produciendo ciudad tiene consecuencias sociales y territoriales, y efectos directos sobre el consumo de energía, la vulnerabilidad frente al clima y los costos futuros de operación de los hogares.
El desarrollo de las últimas décadas ha seguido patrones que no siempre han considerado el desempeño energético. La expansión hacia la periferia, la urbanización en zonas periurbanas y la densificación acelerada en sectores centrales han generado tipologías muy distintas, pero en muchos casos igualmente ineficientes desde el punto de vista térmico. Viviendas y edificaciones con desajustes entre el nivel de aislación, con escasa ventilación natural y los eventos climáticos extremos, así como localizaciones lejos de los centros de empleo, terminan aumentando el consumo de energía, ya sea para calefacción, refrigeración o transporte diario. Esto incrementa el gasto de las familias y eleva la demanda energética del sistema urbano completo.
El aumento sostenido de las temperaturas, la mayor frecuencia de olas de calor y la variabilidad de las condiciones climáticas hacen que el confort térmico interior deje de ser un aspecto secundario para transformarse en un factor central de calidad de vida. Las viviendas construidas bajo estándares antiguos, o diseñadas sin criterios de eficiencia energética, se vuelven especialmente vulnerables. En invierno requieren más calefacción y en verano se sobrecalientan, afectando con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, que son justamente quienes habitan en viviendas de menor calidad constructiva. La crisis habitacional comienza a superponerse con una nueva forma de desigualdad: la desigualdad energética.
En ese escenario, la política habitacional no puede evaluarse únicamente por el número de viviendas construidas. Es necesario incorporar criterios de eficiencia energética, resiliencia climática y costo de operación a largo plazo. Construir más viviendas, pero energéticamente deficientes o mal localizadas, significa trasladar el problema hacia el futuro. Ese es el gran desafío en un momento en que se discute reducir estándares para bajar costos en el corto plazo, para hacerlas más asequibles, aun cuando esas decisiones pueden afectar el funcionamiento de las viviendas por décadas.
Esta asequibilidad se mide como la relación entre el ingreso anual de los hogares y el precio de la vivienda. En Santiago, este valor al 2025 es cercano a nueve y puede llegar a quince veces en ciudades como Puerto Varas, uno de los niveles más altos del mundo. La vivienda es hoy severamente inaccesible, y mejorar su estándar técnico inevitablemente implica mayores costos de construcción. Sin embargo, los precios del suelo se mantienen altos y empujan a la baja el presupuesto disponible para construir, por lo que el ajuste termina produciéndose en la calidad del proyecto y en el estándar técnico de la vivienda, que es el componente más fácil de recortar, pero también el que tiene mayores efectos en el largo plazo.
El desafío de las políticas de vivienda debe avanzar hacia una planificación multisectorial, entendiendo que la forma de la ciudad define también su consumo de energía y su capacidad de adaptarse al cambio climático. De lo contrario, el déficit habitacional terminará transformándose también en un déficit energético y ambiental, cuyos costos sociales serán mucho más difíciles de corregir en el futuro.