Las estadísticas de ANIR para 2024 subrayan que el reciclaje en Chile no es solo una cuestión de voluntad, sino de alineación entre economía, logística y tecnología.
En un contexto donde la sostenibilidad ambiental se ha convertido en una prioridad global, Chile avanza hacia una economía circular con herramientas como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP, N° 20.920), que busca responsabilizar a los productores por la gestión de sus residuos. Sin embargo, las estadísticas del reciclaje para 2024, publicadas por la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR) en colaboración con Kyklos y ReSimple, revelan un panorama desigual: tasas de valorización que varían drásticamente según el material, reflejando no solo desafíos técnicos, sino también económicos y logísticos inherentes al sistema actual.
Según el informe de ANIR, el cartón (papel y cartón) lidera con una tasa de valorización del 48,9%, gestionando 419.930 toneladas de un total disponible de 858.672 toneladas. Le siguen el aluminio con un 29,3% (12.232 toneladas gestionadas de 41.687) y el PET con un 23,2% (20.536 toneladas de 88.605). En contraste, materiales como el cartón para líquidos (comúnmente llamado tetrapak) apenas alcanzan un 3,2% (825 toneladas de 25.676), y el poliestireno (PS) registra un ínfimo 0,3% (32 toneladas de 11.940). Estas disparidades no son casuales; responden en gran medida a los incentivos económicos asociados al precio de compra en los gestores valorizadores. Materiales como el PET y los cartones gozan de un alto valor en el mercado secundario —el PET se cotiza alrededor de $500-700 por kilo en puntos de compra, y el cartón supera los $100 por kilo—, lo que estimula su recolección y procesamiento. Por el contrario, el PS y el cartón para líquidos tienen precios bajos o nulos (menos de $30 por kilo o incluso negativos en algunos casos), desincentivando su recolección por parte de recicladores informales y formales, quienes priorizan rentabilidad.
A esto se suman las dificultades logísticas. Los materiales más livianos, como los plásticos, son más complejos de transportar eficientemente debido a su bajo peso por volumen, lo que aumenta los costos de logística y almacenamiento. En cambio, el cartón, aunque voluminoso, se compacta fácilmente, y el vidrio, por su densidad, optimiza el transporte en términos de peso. Estas barreras se agravan por las complejidades en la separación de plásticos: el PS, por ejemplo, a menudo se contamina con residuos orgánicos o se mezcla con otros polímeros, requiriendo procesos manuales o tecnológicos costosos para su clasificación, lo que reduce su atractivo económico.
Sin embargo, la puesta en marcha plena de la Ley REP representa un punto de inflexión que podría mitigar estos obstáculos. Bajo este marco, la recolección de residuos ya no dependerá exclusivamente de los precios de mercado ni de las limitaciones logísticas, ya que los sistemas de gestión colectiva (como ReSimple o GIRO) financian directamente el servicio de recolección, transporte y procesamiento. Esto elimina la dependencia de incentivos variables y asegura una cadena de suministro más estable. Además, la separación se realiza en plantas de clasificación, equipadas con tecnologías como separadores ópticos y magnéticos, que optimizan la segregación de materiales sin requerir una clasificación perfecta en origen.
No obstante, una vez superada la fase de recolección y separación, emerge el desafío de la valorización propiamente tal. Aquí, las brechas para los residuos domésticos —que representan el 37,2% del material gestionado a nivel nacional, según ANIR— se vinculan a factores como la participación ciudadana, la calidad de los residuos y las tecnologías disponibles. ¿Cuántas personas están realmente reciclando? Las estadísticas indican que, pese a avances, solo un porcentaje minoritario de hogares participa activamente, limitando el volumen disponible. Además, la calidad de los residuos separados en los hogares es crucial: contaminaciones con restos orgánicos reducen la viabilidad del reciclaje, elevando costos y rechazando lotes enteros. Finalmente, las tecnologías para procesar residuos heterogéneos de origen domiciliario —más variables y contaminados que los industriales— aún son limitadas en Chile. Mientras el sector industrial cuenta con flujos homogéneos y capacidades instaladas robustas (por ejemplo, para cartón industrial con tasas superiores al 70%), los residuos domésticos demandan inversiones en plantas de reciclaje avanzadas.
En resumen, las estadísticas de ANIR para 2024 subrayan que el reciclaje en Chile no es solo una cuestión de voluntad, sino de alineación entre economía, logística y tecnología. La Ley REP ofrece un camino prometedor al desmercantilizar la recolección y profesionalizar la separación, pero su éxito dependerá de una mayor educación ciudadana, mejoras en la calidad de segregación en hogares y el desarrollo de infraestructuras para valorizar residuos complejos. Solo así transformaremos las brechas actuales en oportunidades para una verdadera economía circular, donde los envases dejen de ser “desechables” para convertirse en recursos valiosos. Es hora de actuar colectivamente: productores, sistemas de gestión, gestores de residuos, gobiernos y ciudadanos deben unirse para cerrar el ciclo.