Kay Bergamini, uno de los dos académicos que abordó esta categoría ambiental en el informe “Preparando el ‘testimonio’ en materia ambiental” de la Universidad Católica, aborda los cambios que debiera propiciar la nueva administración en esta materia, implementando leyes ya aprobadas y realizando ajustes normativos necesarios para destrabar la burocracia en la tramitación de proyectos sin descuidar la protección del medio ambiente.
“Preparando la entrega del ‘testimonio’ en materia ambiental” se titula el informe elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas para la Sustentabilidad, del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica (IDS UC), cuyo objetivo fue relevar las políticas públicas ambientales propuestas por el gobierno actual que necesitan una continuidad en el traspaso de un gobierno a otro, y otras que requieren un rediseño o reformulación para robustecer la institucionalidad ambiental.
El documento dividió el análisis en 14 categorías ambientales, las cuales fueron abordadas por distintos académicos y académicas de la Universidad Católica. El tema Institucionalidad y Gestión Ambiental fue estudiado por dos profesores de esa casa de estudios: Ricardo Irarrázaval, director del Programa de Derecho y Medio Ambiente y académico de la Facultad de Derecho UC; y Kay Bergamini, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y miembro del Centro de Energía UC. País Circular se contactó con este último para profundizar en el análisis de esta categoría ambiental en el informe.
En términos generales, Bergamini señala que el gobierno de José Antonio Kast que asumirá el próximo 11 de marzo tiene varios desafíos por delante en materia ambiental. Algunos de ellos son: incidir en modificaciones de otros cuerpos normativos para implementar las leyes y acuerdos aprobados en el gobierno de Boric, tales como el Acuerdo de Escazú; fomentar la participación ciudadana temprana para fortalecer la transparencia y la confiabilidad del sistema de evaluación ambiental; incrementar ostensiblemente el presupuesto para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); promover la autonomía del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en el proyecto de ley de reforma al organismo; reforzar la coordinación entre la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), la PDI y la Fiscalía en la aplicación de la ley de delitos económicos y ambientales; impulsar un mercado de capitales, minería y minerales críticos; y diseñar un ecosistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo.
Kay Bergamini es uno de los dos autores del análisis del capítulo Institucionalidad y Gestión Ambiental, dentro del informe UC «Preparando la entrega del ‘testimonio’ en materia ambiental».
“El SEA debe ser un instrumento más técnico porque la decisión política debiese tomarse en los instrumentos de planificación territorial desde las visiones regionales y comunales. En el resto del mundo la certificación ambiental es casi como un permiso municipal, y son los propios municipios los que otorgan ese permiso”, señala Kay Bergamini, coautor del texto Institucionalidad y Gestión Ambiental en el informe UC.
El desglose del informe
El primer punto analizado fue el Acuerdo de Escazú, aprobado en 2022 durante el gobierno del Presidente Boric y cuyo objetivo es garantizar la implementación plena en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. En abril de 2024, en tanto, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú, un instrumento creado colaborativamente que busca avanzar en la mejora de los estándares de los derechos de acceso y desarrollar acciones que redunden en protección para las y los defensores ambientales.
El informe recuerda, sin embargo, que el Acuerdo de Escazú “no es autoejecutable”, por lo que requiere un proceso de implementación a través de instrumentos legales y reglamentarios específicos. Es, en palabras de Kay Bergamini, el desafío del gobierno de Kast en esta materia. “Se ha ido implementando la gobernanza de Escazú, pero incluso una vez implementado, esto requiere de ajustes de otros cuerpos normativos”. Cita el caso, por ejemplo, de la vigente ley de tribunales ambientales (promulgada en 2012, 10 años antes que Escazú), la cual “requiere una actualización que permita hacer operativos los acuerdos descritos”.
El documento también sugiere al gobierno entrante avanzar en la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), así como en la implementación institucional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) a través de sus reglamentos. Aún se encuentra en trámite el proyecto de ley que reforma el SEIA (boletín N° 16552-12), en lo que representa el tercer intento en una década por modificar en este aspecto la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Según el diagnóstico de los dos académicos de la UC, citado en el informe, “resulta prioritario abordar la autonomía del SEA en los procesos de calificación de proyectos, con el fin de reducir riesgos asociados a eventuales capturas políticas o económicas, incluyendo un Consejo Técnico que tenga la rectoría técnica de la evaluación ambiental de proyectos y la evaluación del desempeño de los directores regionales”. Kay Bergamini refrenda el texto del informe, sosteniendo que “el SEA ha sido una instancia bien tironeada políticamente”.
Según Bergamini, existen dos visiones respecto del rol del SEA dentro de la institucionalidad ambiental: algunos señalan que debe ser un organismo apolítico y meramente técnico, y otros creen que debería tener alguna influencia política. El académico de la UC se inclina por la primera opción, con una salvedad: “El SEA debe ser un instrumento más técnico porque la decisión política debiese tomarse en los instrumentos de planificación territorial desde las visiones regionales y comunales. En el resto del mundo la certificación ambiental es casi como un permiso municipal, y son los propios municipios los que otorgan ese permiso”.
En palabras de Bergamini, uno de los mecanismos que propendería a la autonomáa del SEA sería dotar al director o directora del organismo de cierta protección evitando que sea removido, a imagen y semejanza del fiscal nacional económico, de manera que “pueda tomar decisiones de manera más independiente”. Y agrega: “Todas las iniciativas que apunten a mejorar los grados de autonomía del SEA irán en buen sentido”. Respecto de ello, el informe recomienda “retomar las conclusiones formuladas por la Comisión de Expertos respecto de la autonomía y el rediseño institucional del SEIA, las cuales fueron entregadas al Senado pero no se han materializado en indicaciones”.
Bergamini clarifica que la discusión sobre la simplificación de los procesos de evaluación ambiental no es algo sólo propio de Chile, sino que es algo masificado a escala mundial. “Yo soy miembro de la asociación de evaluación ambiental internacional hace más de 10 años. Participo en congresos y me junto con expertos del mundo. Las revistas científicas de evaluación ambiental están todas discutiendo este tema, y en Chile tiene un correlato. No estamos haciendo algo distinto de lo que pasa en Reino Unido, España o Australia”, asegura el académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC.
Asimismo, Bergamini dice que el nuevo gobierno debiese procurar fortalecer el mecanismo de la participación ciudadana temprana en aras de mayor transparencia y confiabilidad en el sistema de evaluación ambiental de proyectos: “Es una buena práctica en varias normativas ambientales, pero no está formalizado su alcance y no es vinculante. Eso recuerda que hay que hacer un up-grade normativo, y que se ejecute y se mejore la condición del país en esa dimensión”.
“Las leyes de medioambiente en Chile son súper modernas, tiene los principios de participación ciudadana. El portal del SEA es un lujo, eso hay que ponderarlo, ningún país en América Latina lo tiene”, sostiene Kay Bergamini.
Las consideraciones de la “ley de permisología”
Bergamini reconoce que el gobierno de Kast viene con un enfoque en la permisología, es decir, de liberar las trabas para los proyectos de inversión, pero justamente “uno de los mecanismos para curar la permisología es la participación ciudadana temprana”. De acuerdo a él, “hay una teoría de economía ambiental que dice: a mayor transparencia y a mayor acceso a la información, hay menos conflictos ambientales, porque las empresas mejoran sus estándares y la comunidad tiene menor percepción de riesgo”
El otro punto relativo al SEIA citado en el informe dice relación con la necesidad de avanzar hacia un modelo de ventanilla única de dicho organismo articulado con la ventanilla única de la ley marco N° 21.770 de Autorizaciones Sectoriales, conocida también como “ley de permisología”, ampliamente criticada por las organizaciones ambientales. Esta ley, aprobada en septiembre de 2025 durante el presente gobierno, busca reducir la carga burocrática de los permisos y agilizar proyectos de inversión sin reducir estándares regulatorios ambientales. “Ese comentario apunta que con la ley marco de autorizaciones sectoriales puede haber cierta interoperabilidad para facilitar los procesos de evaluación”, indica Bergamini.
Respecto de la ácida crítica de las comunidades y de las organizaciones ambientales sobre la “ley de permisología”, Bergamini no está de acuerdo. “Era necesaria esta ley. Las leyes de medioambiente en Chile son súper modernas, tienen los principios de participación ciudadana. El portal del SEA es un lujo, eso hay que ponderarlo, ningún país en América Latina lo tiene. En eso estamos al nivel de los países desarrollados, incluso mejor en algunos casos. Sucedía que el SEA era moderno, pero el resto no era digital, todavía se entregaban carpetas. Lo que vino a hacer esta normativa es ajustar los plazos para que no existan dudas, y digitaliza procesos”. Según el experto, “los proyectos de gran magnitud no pueden eludir el SEIA, es imposible. Esos miedos, propios de la discusión política, no tienen asidero real”.
Bergamini argumenta: “Las leyes son difíciles de cambiar. En el derecho público sólo puedes hacer lo que la ley te permite, hay que pasar por el Congreso, y muchas veces por Contraloría”. Sin embargo, critica las guías ambientales que añaden una valla más que salvar para obtener permisos. Las guías ambientales son manuales técnicos que orientan cómo aplicar la normativa ambiental dentro del SEIA; no son leyes, pero pesan mucho en la evaluación de proyectos. Algo que el presidente electo Kast criticó con dureza durante los tiempos de campaña.
“En el SEA estamos llenos de guías ambientales. El problema no son las guías sino su proceso de diseño, que no es consensuado y a veces entregan más incertezas. Cómo se construyen esas guías es clave, y se necesita un proceso de co-participación en que estén el Estado, los privados y las comunidades. Si es así, la guía no tendrá un problema de interpretación”, añade Bergamini.
Sin perjuicio de ello, según Bergamini, la certeza en los plazos debe venir aparejada de un rediseño institucional preocupado de velar por la protección ambiental. Y ahí el especialista apunta a lo que insinuó al principio: las nuevas leyes deben ir acompañadas con un resideño y actualización normativa de otros organismos: “Por ejemplo en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), o los permisos de agua en la Dirección General de Aguas (DGA) puede demorar tres años. Puede que la ley diga que se van a apurar los procesos, pero eso tiene que venir con presupuesto destinado a capacidades técnicas para atender las respuestas. No podemos tener obras que afecten el patrimonio cultural o que no son seguras desde el punto de vista de las aguas”.
“Chile necesita el royalty que genera alguna actividad económica llegue a investigación, desarrollo y ciencia. El royalty que dejó el litio se fue a Tesorería General a gasto general en vez de pasar a investigación. Entonces hay un asunto de cuenta pública que debe modificarse”.
Sobre el SMA y el SBAP
Respecto del SMA, cuyo proyecto de ley de modernización se encuentra aprobado en general por el Senado, el informe de la UC invita a “evaluar los contenidos incluidos en la propuesta de modificación de la Superintendencia del Medio Ambiente, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y una mejor articulación con los instrumentos a ser fiscalizados”. En particular, el documento recomienda “analizar la debida articulación del actuar de la SMA en relación con la ley de delitos ambientales, especialmente en temas de fraccionamiento y elusión”.
Bergamini especifica: “Hay mecanismos de articulación entre la SMA, la Fiscalía y la PDI que aún se tienen que implementar. El trabajo de las BIDEMAS de la PDI y la SMA tiene estándares distintos en términos probatorios en materia penal, en materia administrativa y hasta el nivel de pruebas es distinto”.
Con respecto al SBAP, Bergamini proyecta que el nuevo gobierno tendrá mucho trabajo. “Las áreas marinas protegidas cuentan con presupuesto insuficiente para su implementación adecuada. Se requiere incrementar el financiamiento para mejorar la conservación. Hay que pensar que el tema de los loteos está afectando el entorno de los parques nacionales. Asimismo, el nuevo gobierno tiene que implementar un régimen sancionador fiscalizador específico para las áreas protegidas, hay un articulado de planificación ecológica y tenemos que saber cómo lo va a hacer”.
Del mismo modo, queda por ver cómo el Estado va a incentivar a los privados a la conservación a través de los instrumentos que faculta el SBAP, como los bonos de carbono o los fondos verdes. “Es un desafío gigante”, acota Bergamini.
Ciencia y minerales estratégicos
El informe detalla dos últimos alcances en materia de Institucionalidad y Gestión Ambiental: impulsar un ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación; y desarrollar un mercado de capitales, minería y minerales críticos. Respecto del primero, Bergamini lo considera un aspecto clave para dar el salto. “Chile necesita el royalty que genera alguna actividad económica llegue a investigación, desarrollo y ciencia. El royalty que dejó el litio se fue a Tesorería General a gasto general en vez de pasar a investigación. Entonces hay un asunto de cuenta pública que debe modificarse”, comenta.
“En Chile las materias científico-tecnológicas se vinculan a medioambiente. Chile es un laboratorio natural, tiene características de aislamiento geográfico, por el Pacífico. El mundo requiere que Chile estudie la desalación como alternativa; los salares son ecosistemas sensibles que tienen organismos extremófilos y requieren estudios. Todo está muy vinculado a la condición ambiental”, agrega.
Por último, Bergamini enfatiza que en la misma definición de minerales críticos para el país debería haber una escala de priorización. “En realidad en Chile los minerales críticos son el cobre y el litio. Chile ha perdido competitividad en cobre y en litio, perdió la ventana de oportunidad por no tener proyectos. El aprovechamiento sostenible de estos minerales provoca desarrollo. Hay países que demuestran que la extracción de minerales con la protección ambiental es compatible. Tenemos que entender que estos minerales dan bienestar a la población, siempre con conservación y protección ambiental, protección a los derechos humanos y a las comunidades indígenas. Hay que hacerlo de manera seria”, concluye.