Columna: “Sacrifiquémos por el H2” por Flavia Liberona Directora ejecutiva de Fundación Terram
El contenido principal de la discusión se centra por parte de los gobiernos para reducir las emisiones de Gas de Efecto Invernadero GEI) proponiendo el hidrógeno verde como una posible solución, pero sin considerar los desafíos y costos que implica, especialmente para países como Chile.
El cambio climático antropogénico, producido por el incremento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ha gatillado fenómenos climáticos extremos. Los cuales han generado impactos que son -y serán- distintos dependiendo de la región y/o el país. Estos afectarán a las personas y ecosistemas, siendo algunos países más vulnerables que otros, como es el caso de Chile.
Pese a esto, los países -o más bien- sus gobernantes no han logrado generar acciones que permitan frenar el incremento de emisiones GEI. No obstante, lo que sí existe por parte de los líderes políticos es el convencimiento de se deben disminuir estas emisiones para estabilizar el clima y hacer que el planeta sea más vivible para todos los seres vivos.
Evidentemente, para reducir las emisiones se debe disminuir la utilización de combustibles fósiles en los procesos productivos industriales, en la generación eléctrica y en el transporte, lo que implica transitar hacia el uso de otras tecnologías. Como una posible “solución” a esto, es que surge el vector energético denominado “hidrógeno verde”, con el cual se busca pasar desde una matriz alta en emisiones (sucia) a una baja en emisiones (limpia). Lo que finalmente, si tiene éxito, contribuiría a la estabilización del clima.
Aunque la producción de hidrogeno verde parece como una gran posibilidad, como todo proceso industrial tiene sus complejidades. En primer lugar, no todos los países emiten la misma cantidad de GEI, por lo tanto, para reducirlas algunos estados deberán tomar acciones más drásticas que otros. Mientras que, por el otro lado, se debe considerar que existen países más desarrollados -con altos estándares de vida-por contraposición con países en los cuales la mayoría de la población tiene enormes problemas para subsistir.
En consecuencia, el cambio en el uso de energía -en mayor medida- va dirigida a los países ricos que puedan disminuir sus emisiones de GEI, lo cual parece muy loable, pero la pregunta es ¿a qué costo? O, mejor dicho, ¿quién paga el costo?
Pero en la realidad la situación es lamentable, ya que en este proceso de transición energética de los países desarrollados no se cuestiona los actuales patrones de consumo. Es más, la transición de energía fósiles a energías menos contaminantes es un mecanismo para que los habitantes de estos países sigan viviendo de la misma manera en que lo han hecho siempre, ya sea utilizando hidrógeno verde u otros insumos que les permitan reducir emisiones sin cambios significativos en su forma de vida. Lo anterior, no debería ser para nada reprochable si estos países se proveyeran a sí mismos de estos insumos energéticos. Sin embargo, allí radica el problema, pues la forma y el lugar desde donde provendrían estos bienes no es un tema de discusión, así como tampoco los impactos que se podrían generar en dichas zonas. El posicionamiento del hidrógeno verde en los últimos años se ha hecho sin tomar en cuenta algunas cosas relevantes, como el lugar donde se planificaría esta producción, el acopio, el transporte, el lugar de consumo y los costos que esto tendría.
Hoy en día existe una especie de carrera mundial por producir hidrógeno verde a gran escala, en la cual el presidente Gabriel Boric ha tratado de posicionar a nuestro país. De hecho, tanto en Chile como en Uruguay la carrera está desatada y los mecanismos para esto son similares, es decir, suscribir convenios con organismos internacionales para lograr generar préstamos en los países y que estos, a su vez, subsidien a empresas privadas para que desarrollen la tecnología necesaria para la producción de hidrogeno verde. Aquí debemos poner atención, ya que estos préstamos -que el actual Gobierno ya comprometió- los pagaremos en un futuro todos los habitantes de Chile.
Además, debemos tener en cuenta que la producción de hidrógeno verde a gran escala no es algo que esté ocurriendo actualmente en el mundo. Por ende, la transición energética utilizando este vector es solo una apuesta para disminuir las emisiones GEI de los países desarrollados, pero no es una realidad.
Todo este proceso en que la actual administración ha embarcado al país se realizó tomando como base la Estrategia elaborada por el gobierno de Sebastián Piñera, a lo que sumaron un Plan de Acción dado a conocer recientemente. Este documento presenta vacíos relevantes, pues solo se considera la producción, pero no la forma y el costo del transporte del hidrógeno verde. No obstante, lo que es más preocupante es que no se han considerado los impactos en ecosistemas, biodiversidad y en otras actividades productivas locales.
Pareciera ser que para gobernantes de países como el nuestro es importante sacrificar los territorios, incluyendo los ecosistemas y su gente, para que los países desarrollados hagan su transición energética y, por ende, reduzcan sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero, más que preocuparse de sus políticas internas de descarbonización o el cumplimiento de compromisos internacionales. En otras palabras, ya no solo se trata de generar Zonas de Sacrificio dentro de un país, sino de países que se sacrifican por el bienestar de otros aún más contaminantes.
El cambio climático antropogénico, producido por el incremento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ha gatillado fenómenos climáticos extremos. Los cuales han generado impactos que son -y serán- distintos dependiendo de la región y/o el país. Estos afectarán a las personas y ecosistemas, siendo algunos países más vulnerables que otros, como es el caso de Chile.
Pese a esto, los países -o más bien- sus gobernantes no han logrado generar acciones que permitan frenar el incremento de emisiones GEI. No obstante, lo que sí existe por parte de los líderes políticos es el convencimiento de se deben disminuir estas emisiones para estabilizar el clima y hacer que el planeta sea más vivible para todos los seres vivos.
Evidentemente, para reducir las emisiones se debe disminuir la utilización de combustibles fósiles en los procesos productivos industriales, en la generación eléctrica y en el transporte, lo que implica transitar hacia el uso de otras tecnologías. Como una posible “solución” a esto, es que surge el vector energético denominado “hidrógeno verde”, con el cual se busca pasar desde una matriz alta en emisiones (sucia) a una baja en emisiones (limpia). Lo que finalmente, si tiene éxito, contribuiría a la estabilización del clima.
Aunque la producción de hidrogeno verde parece como una gran posibilidad, como todo proceso industrial tiene sus complejidades. En primer lugar, no todos los países emiten la misma cantidad de GEI, por lo tanto, para reducirlas algunos estados deberán tomar acciones más drásticas que otros. Mientras que, por el otro lado, se debe considerar que existen países más desarrollados -con altos estándares de vida-por contraposición con países en los cuales la mayoría de la población tiene enormes problemas para subsistir.
En consecuencia, el cambio en el uso de energía -en mayor medida- va dirigida a los países ricos que puedan disminuir sus emisiones de GEI, lo cual parece muy loable, pero la pregunta es ¿a qué costo? O, mejor dicho, ¿quién paga el costo?
Pero en la realidad la situación es lamentable, ya que en este proceso de transición energética de los países desarrollados no se cuestiona los actuales patrones de consumo. Es más, la transición de energía fósiles a energías menos contaminantes es un mecanismo para que los habitantes de estos países sigan viviendo de la misma manera en que lo han hecho siempre, ya sea utilizando hidrógeno verde u otros insumos que les permitan reducir emisiones sin cambios significativos en su forma de vida. Lo anterior, no debería ser para nada reprochable si estos países se proveyeran a sí mismos de estos insumos energéticos. Sin embargo, allí radica el problema, pues la forma y el lugar desde donde provendrían estos bienes no es un tema de discusión, así como tampoco los impactos que se podrían generar en dichas zonas. El posicionamiento del hidrógeno verde en los últimos años se ha hecho sin tomar en cuenta algunas cosas relevantes, como el lugar donde se planificaría esta producción, el acopio, el transporte, el lugar de consumo y los costos que esto tendría.
Hoy en día existe una especie de carrera mundial por producir hidrógeno verde a gran escala, en la cual el presidente Gabriel Boric ha tratado de posicionar a nuestro país. De hecho, tanto en Chile como en Uruguay la carrera está desatada y los mecanismos para esto son similares, es decir, suscribir convenios con organismos internacionales para lograr generar préstamos en los países y que estos, a su vez, subsidien a empresas privadas para que desarrollen la tecnología necesaria para la producción de hidrogeno verde. Aquí debemos poner atención, ya que estos préstamos -que el actual Gobierno ya comprometió- los pagaremos en un futuro todos los habitantes de Chile.
Además, debemos tener en cuenta que la producción de hidrógeno verde a gran escala no es algo que esté ocurriendo actualmente en el mundo. Por ende, la transición energética utilizando este vector es solo una apuesta para disminuir las emisiones GEI de los países desarrollados, pero no es una realidad.
Todo este proceso en que la actual administración ha embarcado al país se realizó tomando como base la Estrategia elaborada por el gobierno de Sebastián Piñera, a lo que sumaron un Plan de Acción dado a conocer recientemente. Este documento presenta vacíos relevantes, pues solo se considera la producción, pero no la forma y el costo del transporte del hidrógeno verde. No obstante, lo que es más preocupante es que no se han considerado los impactos en ecosistemas, biodiversidad y en otras actividades productivas locales.
Pareciera ser que para gobernantes de países como el nuestro es importante sacrificar los territorios, incluyendo los ecosistemas y su gente, para que los países desarrollados hagan su transición energética y, por ende, reduzcan sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero, más que preocuparse de sus políticas internas de descarbonización o el cumplimiento de compromisos internacionales. En otras palabras, ya no solo se trata de generar Zonas de Sacrificio dentro de un país, sino de países que se sacrifican por el bienestar de otros aún más contaminantes.
