El desafío de la descarbonización: entre la urgencia ambiental y la seguridad energética
Con una población de aproximadamente 11 mil habitantes, Huasco enfrenta una encrucijada. Durante años, esta ciudad portuaria ha vivido con la operación de las cinco unidades termoeléctricas de Guacolda, propiedad de Capital Advisor, que podrían seguir funcionando hasta el año 2040. Organizaciones medioambientales han elevado la voz, exigiendo que se acelere su retiro y el de otras centrales a carbón del sistema eléctrico. ¿Pero qué ocurre en la realidad? El sistema aún las necesita.
En noviembre, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) presentará un estudio que adelanta la salida de las centrales a carbón para 2030, con el objetivo de operar un sistema eléctrico 100% renovable para esa fecha. El estudio, titulado “Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional sin considerar funcionamiento de centrales a carbón”, complementa la Hoja de Ruta para una Transición Acelerada elaborada en 2022 y actualizada este mes.
Juan Carlos Olmedo, presidente del CEN, destacó que la aceleración de la transición energética ha sido impulsada por la disminución de costos en el desarrollo de baterías y tecnologías más accesibles. El estudio identifica que, para alcanzar un sistema renovable al 2030, es necesario desarrollar nuevas centrales solares y eólicas, así como sistemas de almacenamiento que sumen 15.000 MW. Sin esas inversiones, advierte Olmedo, el proceso se retrasaría.
Sobre la situación de Huasco, una de las cuatro comunas de Chile que tienen centrales termoeléctricas (las otras son Tocopilla, Mejillones, Quintero), el presidente del departamento de medio ambiente del Colegio Médico de Chile, Yuri Carvajal, afirma que “el cierre de las termoeléctricas a carbón mientras antes sea, mejor”, apuntando a la urgencia de acelerar el retiro de las unidades Guacolda como una manera de prevenir eventuales enfermedades en los habitantes de esta zona.
“El gobierno se comprometió a avanzar en esta materia, pero (Huasco) no fue ni siquiera mencionado en la pasada cuenta pública”, ha señalado Sara Larraín, directora de la Fundación Chile Sustentable.
A pesar de la presión social, las autoridades y las empresas del sector eléctrico insisten en que el cierre de las centrales debe hacerse con cuidado para no poner en riesgo la seguridad del suministro eléctrico.
Un ejemplo de ello ocurrió el 10 de mayo pasado, cuando la generadora francesa Engie intentó desconectar anticipadamente dos de sus plantas ubicadas en la Región de Antofagasta, la Central Termoeléctrica Andina (CTA) y la Central Termoeléctrica Hornitos (CTH). Sin embargo, su solicitud fue rechazada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que argumentó que su desconexión podría comprometer la seguridad del suministro eléctrico.
Este rechazo, respaldado por un informe del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), refleja los desafíos que enfrenta el país en su transición energética. Si bien la Ley Marco de Cambio Climático proyecta una descarbonización para el 2050, expertos han advertido que el cierre de centrales antes de 2035 necesita de habilitantes clave. Estos incluyen mejorar la infraestructura de transmisión eléctrica y garantizar una cartera suficiente de proyectos renovables.
Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), recalca la importancia de avanzar en estos aspectos antes de retirar las plantas. “Chile aún necesita plantas convencionales de base para dar seguridad al sistema”, señala. La construcción de la línea Kimal-Lo Aguirre, que permitirá transportar 3.000 MW, es vista como una de las soluciones clave, aunque su entrada en operación no se espera antes de 2030.
Este tema también ha llegado al Congreso. En una sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, el 14 de mayo pasado, la senadora Isabel Allende le planteó al presidente del CEN, Juan Carlos Olmedo, que, si bien hay consenso en que es necesario avanzar en descarbonizar, ello debe ocurrir “sin poner en tensión nuestro sistema eléctrico y llegar a puntos donde el día de mañana se rompa el equilibrio razonable y terminemos con blackouts o con determinados episodios que serían muy complejos”.
Con la amenaza de “La Niña” y la reducción de precipitaciones que afectará la generación hidroeléctrica, los riesgos de un retiro prematuro de las centrales también aumentan, lo que deja al gobierno ante un dilema: cumplir sus compromisos climáticos y acelerar la transición, o preservar la seguridad del suministro eléctrico.
Mientras Huasco espera respuestas y acciones concretas, la pregunta sigue abierta: ¿Cuándo se cerrarán definitivamente las centrales de carbón? La respuesta, como advierten los expertos, depende de una transición cuidadosa y bien planificada que asegure tanto la protección del medio ambiente como la estabilidad energética del país.
En noviembre, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) presentará un estudio que adelanta la salida de las centrales a carbón para 2030, con el objetivo de operar un sistema eléctrico 100% renovable para esa fecha. El estudio, titulado “Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional sin considerar funcionamiento de centrales a carbón”, complementa la Hoja de Ruta para una Transición Acelerada elaborada en 2022 y actualizada este mes.
Juan Carlos Olmedo, presidente del CEN, destacó que la aceleración de la transición energética ha sido impulsada por la disminución de costos en el desarrollo de baterías y tecnologías más accesibles. El estudio identifica que, para alcanzar un sistema renovable al 2030, es necesario desarrollar nuevas centrales solares y eólicas, así como sistemas de almacenamiento que sumen 15.000 MW. Sin esas inversiones, advierte Olmedo, el proceso se retrasaría.
Sobre la situación de Huasco, una de las cuatro comunas de Chile que tienen centrales termoeléctricas (las otras son Tocopilla, Mejillones, Quintero), el presidente del departamento de medio ambiente del Colegio Médico de Chile, Yuri Carvajal, afirma que “el cierre de las termoeléctricas a carbón mientras antes sea, mejor”, apuntando a la urgencia de acelerar el retiro de las unidades Guacolda como una manera de prevenir eventuales enfermedades en los habitantes de esta zona.
“El gobierno se comprometió a avanzar en esta materia, pero (Huasco) no fue ni siquiera mencionado en la pasada cuenta pública”, ha señalado Sara Larraín, directora de la Fundación Chile Sustentable.
A pesar de la presión social, las autoridades y las empresas del sector eléctrico insisten en que el cierre de las centrales debe hacerse con cuidado para no poner en riesgo la seguridad del suministro eléctrico.
Un ejemplo de ello ocurrió el 10 de mayo pasado, cuando la generadora francesa Engie intentó desconectar anticipadamente dos de sus plantas ubicadas en la Región de Antofagasta, la Central Termoeléctrica Andina (CTA) y la Central Termoeléctrica Hornitos (CTH). Sin embargo, su solicitud fue rechazada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que argumentó que su desconexión podría comprometer la seguridad del suministro eléctrico.
Este rechazo, respaldado por un informe del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), refleja los desafíos que enfrenta el país en su transición energética. Si bien la Ley Marco de Cambio Climático proyecta una descarbonización para el 2050, expertos han advertido que el cierre de centrales antes de 2035 necesita de habilitantes clave. Estos incluyen mejorar la infraestructura de transmisión eléctrica y garantizar una cartera suficiente de proyectos renovables.
Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), recalca la importancia de avanzar en estos aspectos antes de retirar las plantas. “Chile aún necesita plantas convencionales de base para dar seguridad al sistema”, señala. La construcción de la línea Kimal-Lo Aguirre, que permitirá transportar 3.000 MW, es vista como una de las soluciones clave, aunque su entrada en operación no se espera antes de 2030.
Este tema también ha llegado al Congreso. En una sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, el 14 de mayo pasado, la senadora Isabel Allende le planteó al presidente del CEN, Juan Carlos Olmedo, que, si bien hay consenso en que es necesario avanzar en descarbonizar, ello debe ocurrir “sin poner en tensión nuestro sistema eléctrico y llegar a puntos donde el día de mañana se rompa el equilibrio razonable y terminemos con blackouts o con determinados episodios que serían muy complejos”.
Con la amenaza de “La Niña” y la reducción de precipitaciones que afectará la generación hidroeléctrica, los riesgos de un retiro prematuro de las centrales también aumentan, lo que deja al gobierno ante un dilema: cumplir sus compromisos climáticos y acelerar la transición, o preservar la seguridad del suministro eléctrico.
Mientras Huasco espera respuestas y acciones concretas, la pregunta sigue abierta: ¿Cuándo se cerrarán definitivamente las centrales de carbón? La respuesta, como advierten los expertos, depende de una transición cuidadosa y bien planificada que asegure tanto la protección del medio ambiente como la estabilidad energética del país.
