Presión de la población y estudios deficientes: las cinco tramitaciones ambientales fallidas que ha tenido el proyecto minero de tierras raras en Penco
Entre 2016 y 2023 la empresa REE UNO SpA -hoy en manos de Aclara Resources- ha pasado por cinco tramitaciones ambientales para explotar tierras raras en los cerros de Penco. Importantes ausencias de información en sus estudios, cuestionamientos sobre los impactos y un fuerte rechazo de parte de comunidades y organizaciones han torcido el brazo del empresariado minero que hoy incursiona en su sexta tramitación.
La intención por explotar tierras raras en los cerros de Penco no es nueva. Pese a que el proyecto ha cambiado de nombre y de dueños (puedes encontrar información de esto acá), desde al menos 2011 el ojo del empresariado minero se fijó en la comuna costera del Biobío, año en que se constituyó la Sociedad por Acciones REE UNO SpA -actualmente propiedad de Aclara Resources-.
En este camino, en cinco ocasiones se intentó desarrollar el proyecto extractivo en los mismos cerros. Y en cinco ocasiones el proyecto fue retirado por la empresa o fue impugnado por sus deficientes estudios ambientales; en cualquiera de los casos, organizaciones sociales y comunidades locales han rechazado el proyecto minero exigiendo el respeto del territorio.
Una avalancha de tramitaciones en 2016
Inicialmente, los impulsores del proyecto optaron por presentarlo mediante Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). En 2016, tres DIA fueron ingresadas en un periodo de apenas seis meses, de las que dos fueron desistidas y una tercera no fue calificada.
"El Cabrito" fue el nombre que le dio la empresa a su proyecto para presentar sus Declaraciones de Impacto Ambiental, en las que si bien las dos primeras fueron desistidas por el propio conglomerado, la tercera recibió el término anticipado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, fundamentándose en dos elementos sustanciales: "El Proyecto genera o presenta el efecto, característica o circunstancia del literal b) del artículo 11 de la Ley 19.300 y del literal a) del artículo 6° del D.S. N° 40/2012 Reglamento del SEIA, requiriendo presentarse como un Estudio de Impacto Ambiental. Y, por otra parte, el Proyecto carece de información esencial para descartar los efectos, características o circunstancias de la letra b) del artículo 11 de la Ley 19.300 y en los literales b) y f) del artículo 6°del D.S N° 40/2012 Reglamento del SEIA".
Esta resolución, fue un golpe directo a la forma de operar de la empresa, que ya había sido alertada por las comunidades, haciendo referencia a la imposibilidad de evaluar ambientalmente un proyecto de estas características mediante una mera Declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo, dos años más tarde, la empresa retomaría el proceso de evaluación ambiental, pero esta vez viéndose obligada a presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El primer Estudio de Impacto Ambiental
El 30 de noviembre de 2018 ingresó al SEIA el Proyecto BioLantánidos teniendo nuevamente como titular a la empresa REE UNO SpA y cuyo representante legal era Rodrigo Ceballos Argo. Sin embargo, en enero del mismo año ya el entonces seremi de Minería, Lautaro Benítez, daba un nuevo respaldo al proyecto minero, señalando que "iniciativas como estas se alinean con la Estrategia de Desarrollo Regional que el Gore Bío Bío está implementando desde el año 2015. En ese sentido para nosotros como Gobierno es importante acompañar el desarrollo de estos proyectos que generan innovación y nuevas oportunidades en distintos sectores de la economía local y nacional, dándole un impulso, el cual de seguro se verá potenciado con la llegada de Enami, un hito importante conseguido en este Gobierno y que de seguro traerá grandes beneficios para nuestros mineros”.
Así, se justificó la tardanza en comenzar una nueva tramitación ambiental, la cual en esta ocasión duró hasta marzo de 2022 cuando la empresa nuevamente desistió de su EIA. Durante esos cuatro años, existió un despliegue de las y los habitantes de la comuna que luchaban -y lo continúan haciendo- por la defensa de su territorio, mientras que la empresa utilizó estrategias para facilitar el avance del proyecto mediante herramientas que fueron alertadas y denunciadas por la misma población.
Cruzada por el estallido social y los impactos de la pandemia de la Covid-19, la tramitación ambiental del proyecto conllevó también un cuestionado proceso de participación ciudadana (PAC). Ya en 2021 la población denunciaba el proceso a partir de suspensiones producto de presuntas intervenciones maliciobas a la plataforma de exposición de la empresa. Sin embargo, aquello daría la primera consulta comunitaria sobre un proyecto minero en Chile.
En febrero de 2022 comunidades locales impulsaron un proceso participativo para graficar la posición de la población ante el proyecto minero. En este participaron 9.626 personas, de las cuales 9.532 votaron con un No a la Minera, representando el 99,02% del total. El resultado, hasta nuestros días, sigue siendo parte del argumento político contra la iniciativa extractiva. Un mes después del proceso, la empresa informó del retiro de su proyecto.
Un nuevo término anticipado
La última tramitación ambiental -cerrada- que vivió el proyecto inició en abril de 2023 y duró hasta apenas julio del mismo año.
Con nuevos enfoques comunicacionales y tras un cuestionado proceso de casas abiertas en Penco, Lirquén y Concepción, la empresa minera apostó por desarrollar una faena que podría alcanzar hasta las 1.700 toneladas anuales de concentrado de tierras raras.
El proyecto se acompañó de un criticado historial hacia la empresa Aclara Resources, críticas concentradas no solo en la presencia eventual de financiamiento proveniente de paraísos fiscales, sino que también en el hecho de que se clavaron especies nativas que son monumentos naturales en peligro de extinción. Esto último, sin siquiera el conocimiento de la Corporación Nacional Forestal.
Sin embargo, al poco andar, el Servicio de Evaluación Ambiental decidió dar término anticipado a la tramitación del proyecto al considerar que existía ausencia de información esencial imposible de subsanar mediante otros mecanismos. Esto, se acompañó de los diferentes cuestionamientos no solo de las organizaciones sociales, sino también de instituciones del Estado que emanaban informes apuntando a la falta de información del proyecto. De esta forma, en julio de 2023, el proyecto vivió una nueva derrota.
Así las cosas, hoy con el nombre de «Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras» la empresa REE UNO SpA -propiedad de Aclara Resources y ésta a su vez propiedad el Grupo Hochschild- busca adentrarse en una sexta travesía en un proyecto que cuenta con un amplio historial de irregularidades y conflictividad.
La intención por explotar tierras raras en los cerros de Penco no es nueva. Pese a que el proyecto ha cambiado de nombre y de dueños (puedes encontrar información de esto acá), desde al menos 2011 el ojo del empresariado minero se fijó en la comuna costera del Biobío, año en que se constituyó la Sociedad por Acciones REE UNO SpA -actualmente propiedad de Aclara Resources-.
En este camino, en cinco ocasiones se intentó desarrollar el proyecto extractivo en los mismos cerros. Y en cinco ocasiones el proyecto fue retirado por la empresa o fue impugnado por sus deficientes estudios ambientales; en cualquiera de los casos, organizaciones sociales y comunidades locales han rechazado el proyecto minero exigiendo el respeto del territorio.
Una avalancha de tramitaciones en 2016
Inicialmente, los impulsores del proyecto optaron por presentarlo mediante Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). En 2016, tres DIA fueron ingresadas en un periodo de apenas seis meses, de las que dos fueron desistidas y una tercera no fue calificada.
"El Cabrito" fue el nombre que le dio la empresa a su proyecto para presentar sus Declaraciones de Impacto Ambiental, en las que si bien las dos primeras fueron desistidas por el propio conglomerado, la tercera recibió el término anticipado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, fundamentándose en dos elementos sustanciales: "El Proyecto genera o presenta el efecto, característica o circunstancia del literal b) del artículo 11 de la Ley 19.300 y del literal a) del artículo 6° del D.S. N° 40/2012 Reglamento del SEIA, requiriendo presentarse como un Estudio de Impacto Ambiental. Y, por otra parte, el Proyecto carece de información esencial para descartar los efectos, características o circunstancias de la letra b) del artículo 11 de la Ley 19.300 y en los literales b) y f) del artículo 6°del D.S N° 40/2012 Reglamento del SEIA".
Esta resolución, fue un golpe directo a la forma de operar de la empresa, que ya había sido alertada por las comunidades, haciendo referencia a la imposibilidad de evaluar ambientalmente un proyecto de estas características mediante una mera Declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo, dos años más tarde, la empresa retomaría el proceso de evaluación ambiental, pero esta vez viéndose obligada a presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El primer Estudio de Impacto Ambiental
El 30 de noviembre de 2018 ingresó al SEIA el Proyecto BioLantánidos teniendo nuevamente como titular a la empresa REE UNO SpA y cuyo representante legal era Rodrigo Ceballos Argo. Sin embargo, en enero del mismo año ya el entonces seremi de Minería, Lautaro Benítez, daba un nuevo respaldo al proyecto minero, señalando que "iniciativas como estas se alinean con la Estrategia de Desarrollo Regional que el Gore Bío Bío está implementando desde el año 2015. En ese sentido para nosotros como Gobierno es importante acompañar el desarrollo de estos proyectos que generan innovación y nuevas oportunidades en distintos sectores de la economía local y nacional, dándole un impulso, el cual de seguro se verá potenciado con la llegada de Enami, un hito importante conseguido en este Gobierno y que de seguro traerá grandes beneficios para nuestros mineros”.
Así, se justificó la tardanza en comenzar una nueva tramitación ambiental, la cual en esta ocasión duró hasta marzo de 2022 cuando la empresa nuevamente desistió de su EIA. Durante esos cuatro años, existió un despliegue de las y los habitantes de la comuna que luchaban -y lo continúan haciendo- por la defensa de su territorio, mientras que la empresa utilizó estrategias para facilitar el avance del proyecto mediante herramientas que fueron alertadas y denunciadas por la misma población.
Cruzada por el estallido social y los impactos de la pandemia de la Covid-19, la tramitación ambiental del proyecto conllevó también un cuestionado proceso de participación ciudadana (PAC). Ya en 2021 la población denunciaba el proceso a partir de suspensiones producto de presuntas intervenciones maliciobas a la plataforma de exposición de la empresa. Sin embargo, aquello daría la primera consulta comunitaria sobre un proyecto minero en Chile.
En febrero de 2022 comunidades locales impulsaron un proceso participativo para graficar la posición de la población ante el proyecto minero. En este participaron 9.626 personas, de las cuales 9.532 votaron con un No a la Minera, representando el 99,02% del total. El resultado, hasta nuestros días, sigue siendo parte del argumento político contra la iniciativa extractiva. Un mes después del proceso, la empresa informó del retiro de su proyecto.
Un nuevo término anticipado
La última tramitación ambiental -cerrada- que vivió el proyecto inició en abril de 2023 y duró hasta apenas julio del mismo año.
Con nuevos enfoques comunicacionales y tras un cuestionado proceso de casas abiertas en Penco, Lirquén y Concepción, la empresa minera apostó por desarrollar una faena que podría alcanzar hasta las 1.700 toneladas anuales de concentrado de tierras raras.
El proyecto se acompañó de un criticado historial hacia la empresa Aclara Resources, críticas concentradas no solo en la presencia eventual de financiamiento proveniente de paraísos fiscales, sino que también en el hecho de que se clavaron especies nativas que son monumentos naturales en peligro de extinción. Esto último, sin siquiera el conocimiento de la Corporación Nacional Forestal.
Sin embargo, al poco andar, el Servicio de Evaluación Ambiental decidió dar término anticipado a la tramitación del proyecto al considerar que existía ausencia de información esencial imposible de subsanar mediante otros mecanismos. Esto, se acompañó de los diferentes cuestionamientos no solo de las organizaciones sociales, sino también de instituciones del Estado que emanaban informes apuntando a la falta de información del proyecto. De esta forma, en julio de 2023, el proyecto vivió una nueva derrota.
Así las cosas, hoy con el nombre de «Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras» la empresa REE UNO SpA -propiedad de Aclara Resources y ésta a su vez propiedad el Grupo Hochschild- busca adentrarse en una sexta travesía en un proyecto que cuenta con un amplio historial de irregularidades y conflictividad.
