«Lo que debería evaluarse es una figura que considere corredores definidos por el Estado, idealmente en faja fiscal, con ductos compartidos por mineras, sanitarias y regantes, con acceso abierto y reglas claras. Lo anterior permitiría ahorrar plazos de tramitación y de ejecución en nuevos proyectos, así como costos».
Cinco plantas desaladoras que producen 1.822 litros por segundo operan hoy en la Región de Atacama. Si se concretan los seis proyectos con aprobación ambiental, la cifra llegaría a 7.573 litros por segundo, lo que equivale a algo más de cuatro veces la capacidad actual, según antecedentes expuestos en un foro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI). El catastro de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso (ACADES) y de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) ubica a Atacama como la segunda zona del país con mayor capacidad proyectada de desalación, después de Antofagasta.
Pero desalar es solo una parte. Los análisis indican que el transporte y el bombeo representan el 54% del costo total de un proyecto de desalinización. El agua se produce a nivel del mar y se consume a gran distancia y a una altitud mucho mayor. Atacama tiene hoy 382 kilómetros de ductos; con los proyectos aprobados, superaría los 920 kilómetros. No sería una red, sino varias, cada una nacida de una planta distinta y al servicio de un cliente distinto.
Ahí está el riesgo. En Antofagasta, gran parte de esa infraestructura se construyó de forma independiente, proyecto por proyecto. Cada ducto paralelo implica más servidumbres, más territorio intervenido, mayor fragmentación y una inversión en bombeo que se repite varias veces. Atacama todavía está a tiempo de no repetirlo. Lo que debería evaluarse es una figura que considere corredores definidos por el Estado, idealmente en faja fiscal, con ductos compartidos por mineras, sanitarias y regantes, con acceso abierto y reglas claras. Lo anterior permitiría ahorrar plazos de tramitación y de ejecución en nuevos proyectos, así como costos.
Esto es clave para la agricultura. Hoy el agua desalada es demasiado cara para usarla masivamente en cultivos, sobre todo por el bombeo, y sus beneficios se traducen en acuerdos puntuales, como los 100 litros por segundo que Minera Caserones aporta al canal Mal Paso, en Tierra Amarilla. De acuerdo con la DGA, el acuífero de Tierra Amarilla registró un nuevo descenso de nivel en 2025, asociado a la sobreextracción y a una menor recarga del río Copiapó.
Compartir la infraestructura es la vía más realista para reducir costos y que el agua desalada también llegue a los valles. La Ley 21.813, publicada en mayo, prioriza el consumo humano y ordena elaborar una Estrategia Nacional de Desalinización. Pero, como advirtió el CPI, deja sin resolver el financiamiento del transporte y una gobernanza dispersa entre el MOP, la DGA y el Ministerio de Defensa. Ya en 2022, el Comité Científico de Cambio Climático recomendaba fomentar plantas desalinizadoras multipropósito. La Estrategia Nacional de Desalinización es la oportunidad de dar el siguiente paso: planificar no solo las plantas, sino también los ductos.