“Entre las brechas críticas identificadas en nuestra investigación sobre institucionalidad hídrica, una adquiere especial relevancia a la luz de estos episodios: la evaluación de la vulnerabilidad territorial y la gestión del riesgo. Esto supone contar con capacidades para identificar, antes de que ocurran los eventos, los territorios expuestos a riesgos tanto de escasez hídrica como de crecidas, así como las condiciones que pueden agravar sus efectos sobre las personas, la infraestructura y los ecosistemas”.
En Chile, hablar de seguridad hídrica ha sido, durante mucho tiempo, casi sinónimo de hablar de escasez. La pregunta dominante ha sido cuánta agua hay, o cuánto ha disminuido su disponibilidad, una preocupación justificada tras más de una década de déficit hídrico persistente. Sin embargo, reducir la seguridad hídrica a esta sola dimensión deja fuera una parte decisiva del problema. También importa quién accede al agua, en qué condiciones, con qué calidad, mediante qué instituciones y con qué capacidad para prevenir y responder a sequías, inundaciones y otros eventos extremos. La evidencia reciente sugiere que disponer de agua no basta si los sistemas, las reglas y la infraestructura no permiten gestionarla de manera equitativa, resiliente y sostenible.
En lo que va de este invierno, el país ha enfrentado dos episodios de extrema intensidad en distintos puntos del territorio. Primero, un sistema frontal de gran magnitud afectó desde Atacama hasta La Araucanía. Semanas después, la activación de quebradas en el norte llevó a decretar estado de excepción constitucional de catástrofe en la provincia de Tocopilla. Miles de personas resultaron afectadas, numerosas viviendas fueron destruidas y diversas ciudades quedaron aisladas. Sin embargo, una vez superadas ambas emergencias, el país sigue enfrentando una escasez hídrica.
Conviene examinar esta paradoja con atención. En las cuencas áridas del Norte Grande, unos pocos milímetros de lluvia concentrados en pocas horas pueden provocar daños severos. Lo determinante no es solo el volumen precipitado, sino también las características del territorio sobre el cual cae. La escasa cobertura vegetal, las pendientes pronunciadas y la rápida conexión entre las quebradas y las zonas urbanas favorecen un escurrimiento intenso. En estas condiciones, una parte importante del agua no alcanza a infiltrarse ni a recargar los acuíferos; se desplaza rápidamente, se concentra en las quebradas y llega a las ciudades como flujos de barro, sedimentos y rocas. No repone de manera significativa la humedad del suelo ni se transforma, necesariamente, en agua disponible para las personas. Es agua que transita con fuerza por el territorio y que, en su recorrido, causa destrucción.
Desde 2022, Chile cuenta con una definición legal de seguridad hídrica. La Ley Marco de Cambio Climático la concibe como la posibilidad de acceder al agua en cantidad y calidad adecuadas, considerando las particularidades naturales de cada cuenca y asegurando su disponibilidad en el tiempo para el consumo humano, la salud, la subsistencia, el desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas. Esta definición incorpora, además, la necesidad de promover la resiliencia frente a amenazas asociadas tanto a sequías como a crecidas.
La precisión no es menor. La seguridad hídrica no se evalúa únicamente frente a la falta de agua ni puede medirse a partir de promedios nacionales. Depende de las condiciones específicas de cada cuenca y de la capacidad de los territorios para enfrentar eventos extremos de distinta naturaleza. Bajo este estándar, un evento que deja a miles de personas damnificadas destruye viviendas y no incrementa el agua efectivamente disponible no representa una ganancia de seguridad hídrica, sino una pérdida.
Entre las brechas críticas identificadas en nuestra investigación sobre institucionalidad hídrica, una adquiere especial relevancia a la luz de estos episodios: la evaluación de la vulnerabilidad territorial y la gestión del riesgo. Esto supone contar con capacidades para identificar, antes de que ocurran los eventos, los territorios expuestos a riesgos tanto de escasez hídrica como de crecidas, así como las condiciones que pueden agravar sus efectos sobre las personas, la infraestructura y los ecosistemas.
En Tocopilla, el desborde de las piscinas aluvionales revela un problema que trasciende la mera ausencia de infraestructura. Se trata de obras diseñadas para un régimen de eventos que ya no necesariamente corresponde al riesgo actual, en ciudades que, además, han crecido sobre cauces susceptibles de activarse periódicamente.
Por ello, la discusión no debiera limitarse a cuánto falta por construir. También es necesario evaluar si la infraestructura existente tiene la capacidad, el diseño y la mantención requeridos para responder a las condiciones actuales y futuras. A ello deben sumarse soluciones basadas en la naturaleza, como la recuperación de quebradas, la protección de áreas de infiltración, la restauración de coberturas vegetales y la conservación de zonas de amortiguación que reduzcan la velocidad y concentración de los escurrimientos.
Estas medidas deben articularse con instrumentos de gestión del riesgo: actualización de mapas de amenaza y vulnerabilidad, sistemas de alerta temprana, planes de evacuación, restricciones efectivas al uso del suelo en áreas expuestas y criterios de diseño que incorporen escenarios climáticos futuros. Antes aún, corresponde preguntarse si contamos con instrumentos de ordenamiento territorial suficientemente eficaces para evitar la localización de viviendas e infraestructura crítica en zonas donde el riesgo es conocido y recurrente.
Vale la pena reconocer lo que sí funcionó. Los mensajes de evacuación emitidos mediante el sistema de alerta permitieron evacuar oportunamente a la población de sectores amenazados, contribuyendo a evitar consecuencias humanas aún más graves. Se trata de un avance relevante respecto de episodios anteriores. Sin embargo, no conviene confundir alerta con preparación. Advertir que un flujo se aproxima es indispensable, pero constituye la última línea de acción disponible antes de que ocurra el daño. La reducción efectiva del riesgo se define mucho antes: en la planificación territorial, la inversión en infraestructura y soluciones basadas en la naturaleza, la mantención de obras existentes y la capacidad institucional para anticipar y gestionar las amenazas.
Avanzar hacia una seguridad hídrica capaz de abordar ambos extremos exige medidas concretas. Se requiere un sistema de monitoreo y alerta temprana que integre información hidrológica, territorial y de modelación climática, y que se traduzca en decisiones oportunas de planificación e inversión, no únicamente en avisos de evacuación. También es necesaria una evaluación sistemática de la vulnerabilidad territorial, que incorpore expresamente los abanicos aluviales y las quebradas urbanas del norte. A ello debe sumarse la revisión, adecuación y mantención de las obras de control aluvional conforme a los regímenes de eventos extremos proyectados, y no solo a los antecedentes históricos con los que fueron diseñadas. Estas tareas requieren, además, una coordinación efectiva entre organismos con competencias hídricas, ambientales y territoriales, hoy distribuidas entre distintas instituciones. Finalmente, demandan una gestión de cuenca descentralizada, con participación sustantiva de las comunidades y actores locales que conocen las dinámicas y riesgos de sus territorios.
Buena parte de esta agenda está desarrollada en “21 Propuestas para la Seguridad Hídrica en Chile”, documento elaborado por once investigadores del Centro y presentado en julio de este año.
Nada de esto elimina los eventos extremos. Pero sí puede reducir su costo: viviendas, infraestructura y vidas. La decisión no se toma durante la emergencia, sino antes. Y ese momento es ahora.