Atacama quiere enfrentar su escasez hídrica sin recurrir al traslado de agua dulce desde otras regiones, como ha sido propuesto.
Y las desaladoras son el punto de partida del sistema; allí se extraen las sales del agua marina para producir un recurso apto para distintos usos. Luego vienen las denominadas carreteras hídricas, que corresponden a las tuberías que permiten trasladar el agua desde la costa hasta los sectores precordilleranos y cordilleranos, donde se encuentran los principales proyectos mineros.
La región posee actualmente cinco plantas de este tipo en funcionamiento, con una capacidad conjunta de 1.822 litros por segundo. También existen seis proyectos de construcción o ampliación que ya obtuvieron su aprobación ambiental. Si todos se materializan, la producción regional de agua desalada se multiplicaría por cuatro, con una capacidad de 7.573 litros por segundo.
El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, presentó el plan durante un conversatorio en línea del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) con gobernadores regionales. Según explicó, la región cuenta con 382 kilómetros de conducciones y podría superar los 920 kilómetros gracias a proyectos que ya poseen calificación ambiental favorable.
Pero aclara que no se proyecta un acueducto continuo de 920 kilómetros, sino varias redes que partirían desde distintas desaladoras y avanzarían hacia el norte y el centro-sur de Atacama.
Una de las iniciativas de mayor tamaño es Enapac, proyecto que considera una planta al norte de Caldera y tuberías hacia Diego de Almagro y Maricunga. Vargas señala que podría producir más de 3.200 litros por segundo y que posee la mayor red de conducción entre los proyectos aprobados.
Infraestructura compartida
La minería sería el principal comprador del agua y permitiría financiar plantas y ductos de gran escala. Sin esos contratos, las aprobaciones ambientales no bastan para iniciar las obras. “En Atacama ya no son los permisos el problema; el problema principal tiene que ver con los acuerdos entre privados”, sostiene el gobernador.
Patricio Poblete, miembro del Comité de Recursos Hídricos del CPI, destaca la iniciativa porque desplaza la discusión desde un modelo de plantas desaladoras aisladas hacia una infraestructura hídrica compartida, donde las compañías mineras podrían actuar como usuarios ancla y hacer viable una red que también sirva al consumo humano y la agricultura. Además, el uso de agua desalada en las faenas ayudaría a disminuir la presión sobre ríos y acuíferos.
Este tipo de agua todavía resulta demasiado cara para emplearla masivamente en los cultivos, sobre todo por el costo de impulsarla hacia el interior. Sin embargo, la agricultura puede beneficiarse mediante acuerdos específicos. Minera Caserones ya aporta 100 litros por segundo al canal Mal Paso, en Tierra Amarilla, como parte de sus compromisos ambientales.
Poblete advierte que no basta con reservar una parte de la producción para otros usuarios; también se debe resolver quién construirá las conexiones, financiará su operación y distribuirá el agua. El desafío será convertir los ductos de las desaladoras en una infraestructura regional y no mantenerlos como sistemas destinados exclusivamente a cada faena minera, concluye.