El documento que integra el historial de incumplimientos normativos y ambientales por parte de la empresa El Toqui, fue recibido por la delegada presidencial, Luz María Vicuña.
Un completo informe detallado sobre el rol de los organismos del Estado en la contaminación de Alto Mañihuales, a raíz de las operaciones del yacimiento El Toqui, fue entregado recientemente a la delegada presidencial regional de Aysén, Luz María Vicuña Figueroa, por parte de diversas organizaciones locales.
El documento detalla el historial de infracciones normativas y ambientales de la operación, incluyendo los procedimientos sancionatorios sustanciados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), además de antecedentes que evidencian los impactos ambientales actuales de la faena controlada por Sociedad Minera Pacífico del Sur desde 2019.
El informe fue entregado por dirigentes de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia y ONG Ecosistemas, en una reunión que contó además con la participación del seremi de Minería, José Luis Osorio Moncada y la directora regional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Andrea Aguilar Sánchez.
En la ocasión, el presidente de Codesa, Erwin Sandoval, detalló las acciones y omisiones en que han incurrido tanto la empresa, junto con varios controladores. como algunos organismos del Estado.
Entre los aspectos mencionados se destacó que a pesar de que en el año 2018 la SMA multó a El Toqui y le requirió someter el tranque de relaves Confluencia a evaluación ambiental, la empresa no ha cumplido con dicha obligación.
“Esto tuvo como finalidad que se evalúen los impactos ambientales producidos por el proyecto y se dispongan las correspondientes medidas de mitigación, restauración o compensación ambiental. Algo que a la fecha no ha ocurrido por falta de voluntad del Estado, en sus diversas administraciones, junto con la propia negativa de la minera. Incluso en el procedimiento sancionatorio actualmente sustanciado por la SMA en contra de la empresa ésta sigue sosteniendo que no evaluará ni se hará cargo de los impactos de su tranque de relaves”, afirmó.
A esto se sumaría que Sernageomin se encuentra consensuando un plan de cierre parcial para el tranque Confluencia desde mediados de 2025, omitiendo la exigencia de la resolución de calificación ambiental. Además, en 2022 y 2023 se constató que la firma realizó modificaciones sustanciales sin actualizar su plan general de cierre, el cual ya cumplió los cinco años de vigencia legal.
“Sin embargo, a la fecha Minera Pacífico del Sur no ha dado cumplimiento a dichas obligaciones y lejos de exigir su cumplimiento, vemos al Estado trabajando para permitirles una actualización parcial, únicamente para el tranque de relaves Confluencia y no de todo el instrumento como fue requerido previamente”, agregó el dirigente.
Exigencias
Las organizaciones ambientalistas plantearon la necesidad de que Sernageomin requiera a la empresa materializar la constitución de las garantías financieras que exige la Ley 20.551, sobre el plan de cierre de las faenas de la industria extractiva minera.
En esto recordaron que en sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de mayo de este año se confirmó la multa de más de $400 millones impuesta por la institución, además de la deuda de más de $11 mil millones en garantías financieras.
Al cierre de la reunión, la delegada, Luz María Vicuña, se comprometió a analizar exhaustivamente las evidencias presentadas, calificando la problemática como prioritaria para la gestión regional.
Los denunciantes concluyeron enfatizando que es urgente que la actual administración impulse una hoja de ruta y mantenga un monitoreo constante sobre la calidad del aire, suelo, forraje, ganado y agua, resguardando los derechos humanos de la población rural hasta que se garantice el cumplimiento estricto de la ley.