Aunque la distancia geográfica dificultará la participación presencial, el seguimiento desde la sociedad civil en espacios virtuales será clave para incidir en decisiones que marcarán el rumbo del acuerdo.
En pocos días comienza la cuarta COP del Acuerdo de Escazú, que este año se realizará en Bahamas. No es casual que sea el segundo evento oficial del tratado en el Caribe: 11 de los 19 Estados parte pertenecen a esta subregión. Llevar la COP allí busca ampliar su alcance y hacerlo más inclusivo para el mundo angloparlante. Sin embargo, la participación enfrenta barreras: los altos costos de traslado y alojamiento tanto desde Latinoamérica como desde el Caribe.
Más allá de estas dificultades, esta COP será clave. A ocho años de su adopción, la urgencia de las materias que aborda el tratado no ha hecho más que intensificarse y la agenda incluye diez proyectos de decisión con implicancias importantes.
Uno de los puntos centrales será la renovación completa de la mesa directiva, hasta ahora liderada por Uruguay. Esta elección definirá la orientación política del acuerdo para los próximos dos años. En un contexto regional diverso -y en algunos casos derechamente adverso para la agenda ambiental- será clave observar qué países asumen este liderazgo y, sobre todo, si han demostrado voluntad de avanzar en la implementación de los derechos de acceso.
Otro punto relevante es el proyecto de decisión sobre hojas de ruta nacionales. Hasta ahora, solo siete países las han presentado, y en algunos casos -como Argentina- su avance está detenido. Aquí será clave poner atención al lenguaje que se adopte, especialmente para asegurar procesos participativos que sean incidentes.
También destacan los proyectos que proponen la creación de nuevos grupos de trabajo ad hoc. Uno busca fortalecer los registros de emisiones y transferencia de contaminantes, mientras que el otro aborda el acceso a la justicia, con foco en reducir barreras para personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Este último pilar fundamental de Escazú.
Finalmente, el fondo de contribuciones voluntarias será un tema crítico. Éste financia desde actividades de difusión hasta la implementación del plan de acción de defensores aprobado en la COP anterior, pero ha recibido escasos aportes. En el contexto económico actual, será complejo que los Estados contribuyan mayormente.
Aunque la distancia geográfica dificultará la participación presencial, el seguimiento desde la sociedad civil en espacios virtuales será clave para incidir en decisiones que marcarán el rumbo del acuerdo.