“La segunda postura equivocada, y la más peligrosa para el mundo empresarial, es la del directivo que ve el cambio de gobierno como una patente de corso para postergar la agenda de sostenibilidad. Ese es el ejecutivo que en tres años va a explicar a su directorio por qué perdieron contratos internacionales, por qué el costo de capital subió, o por qué están pagando multas de la SMA que eran perfectamente evitables”.
Chile amaneció el 2026 con un nuevo gobierno que prometió en campaña ‘menos permisos, más inversión’. En sus primeras semanas, la administración Kast retiró 43 decretos ambientales del gobierno anterior y desbloqueó 51 proyectos del SEIA valuados en USD 16.000 millones. La señal política es clara. El problema es que muchos empresarios están leyendo mal la señal.
Pensar que ‘menos regulación ambiental’ equivale a ‘puedo ignorar la sostenibilidad’ es uno de los errores estratégicos más costosos que una empresa chilena puede cometer en este momento. Y los datos lo demuestran con una contundencia que no admite debate.
Los números que el mercado ya habló
En 2025, la emisión de bonos sostenibles en Chile creció un 132% respecto al año anterior, alcanzando $1,38 billones, lo que representa el 14,34% del total emitido en el mercado local. No fue el Ministerio de Medio Ambiente el que generó esa cifra. Fue el mercado de capitales. Fueron los inversionistas institucionales, los fondos de pensión, los bancos internacionales tomando decisiones de dónde poner su dinero. Y eligieron empresas con estándares ambientales, sociales y de gobernanza.
Chile además fue el primer país del continente americano en emitir bonos verdes soberanos, y hoy es referente en finanzas sostenibles en la región. La Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles (T-MAS), lanzada en mayo de 2025, ya entrega un mapa de clasificación que bancos y fondos usan para decidir a quién financian y a qué costo. Si tu empresa no está en ese mapa, el capital simplemente te sale más caro. No hay ideología en eso. Es matemática financiera.
La Ley REP: La regulación que nadie está mirando
Mientras el debate político se concentra en el SEIA y la permisología grande, hay una regulación que avanza silenciosamente y que golpeará en la cadena de valor de casi todos los sectores productivos del país: la Ley REP, Responsabilidad Extendida del Productor.
A la fecha, esta ley ya cubre siete productos prioritarios: neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías y, desde junio de 2025, textiles. Cada empresa que produce, importa o comercializa estos productos tiene obligaciones concretas: registrarse en el RETC, crear o unirse a un sistema de gestión de residuos, cumplir metas de recolección y reciclaje, reportar anualmente al Ministerio de Medio Ambiente. El incumplimiento puede generar multas de hasta 10.000 UTA, aplicadas por la Superintendencia del Medio Ambiente.
El costo para la industria del cumplimiento está estimado en USD 2.346 millones para 2025. La pregunta no es si vas a absorber ese costo, sino si lo vas a absorber de manera inteligente, convirtiéndolo en eficiencia operacional y diferenciación de mercado, o si lo vas a absorber pagando multas y perdiendo contratos con clientes que exigen cadenas de valor limpias.
El verdadero riesgo no es el regulador, son tus clientes e inversionistas
Aquí está la paradoja que pocos directivos están viendo con claridad: la desregulación ambiental que promete el gobierno actual libera presión desde el Estado, pero no desde el mercado. Y el mercado es bastante más exigente que cualquier inspector del Servicio de Evaluación Ambiental.
Las grandes corporaciones internacionales que compran en Chile, los retailers europeos y norteamericanos, los fondos de inversión que financian expansiones, todos tienen sus propios estándares de sostenibilidad. Muchos ya aplican la normativa CSRD de la Unión Europea, que obliga a las empresas a reportar impactos ambientales en toda su cadena de suministro, incluyendo proveedores en Chile. Si tu empresa no tiene indicadores ESG auditados, simplemente dejas de ser proveedor elegible. Así de directo.
La Norma 461 de la CMF sigue vigente e inalterada. Las empresas con patrimonio sobre 1 millón de UF tienen la obligación de reportar indicadores ESG a la Comisión para el Mercado Financiero. El gobierno puede cambiar decretos, pero no puede cambiar qué exigen los mercados de capital internacionales de los cuales Chile depende.
Entonces, ¿qué hace una empresa inteligente hoy?
Lo que hace una empresa inteligente no cambia con el ciclo político. Mide su huella ambiental, no porque lo exija un inspector, sino porque ese dato le permite identificar ineficiencias, reducir costos y acceder a financiamiento más barato. Implementa modelos circulares, no porque el gobierno lo pida, sino porque alargar la vida útil de los materiales es rentable. Reporta ESG porque los inversores y clientes de las empresas que no lo hacen, se van a las que sí lo hacen.
Según la Fundación Ellen MacArthur, las empresas que adoptaron modelos circulares a nivel global han visto incrementos de rentabilidad que superan el 30%. En Chile, empresas como IANSA ya estructuraron créditos sindicados vinculados a objetivos ambientales con Santander por USD 53 millones. Oxiquim obtuvo financiamiento de 5.000 millones de pesos atado a metas ESG. Esto no es filantropía. Es arquitectura financiera.
El error de los dos extremos
Hay dos posturas equivocadas frente al escenario ambiental de Chile en 2026. La primera es la del activismo que bloquea cualquier proyecto productivo sin distinguir impactos reales de impactos percibidos. Ese extremo ya le costó a Chile años de crecimiento perdido, inversiones que se fueron a otros países y empleos que no se crearon.
La segunda postura equivocada, y la más peligrosa para el mundo empresarial, es la del directivo que ve el cambio de gobierno como una patente de corso para postergar la agenda de sostenibilidad. Ese es el ejecutivo que en tres años va a explicar a su directorio por qué perdieron contratos internacionales, por qué el costo de capital subió, o por qué están pagando multas de la SMA que eran perfectamente evitables.
La sostenibilidad bien entendida nunca fue ambientalismo. Siempre fue gestión eficiente de recursos, reducción de riesgos operacionales y acceso a mercados y capital en mejores condiciones. Eso no cambia con quien esté en La Moneda. Cambia con las decisiones que toman los directorios de las empresas chilenas hoy.