Los reclamantes solicitaron que el organismo jurisdiccional determine que dicha resolución no se ajusta a derecho y ordene al SEA emitir un nuevo pronunciamiento.
El Segundo Tribunal Ambiental realizó la audiencia de reclamación presentada por la Municipalidad de Quilicura y dos vecinos de la comuna, quienes buscan anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo, emplazado en ese territorio.
El Tribunal estuvo integrado por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta (s) y el ministro Cristián López Montecinos, junto a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Book Reyes. Los alegatos estuvieron a cargo de los abogados Luciano González Matamala, en representación de la I. Municipalidad de Quilicura y otros; Rosario Quiroz Barra, por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); y Jorge Canals De La Puente, de Inmobiliaria Cañadilla SpA, tercero independiente.
La acción judicial se origina luego de que la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana rechazara una solicitud de invalidación presentada contra la RCA favorable del proyecto. Los reclamantes solicitaron que el tribunal determine que dicha resolución no se ajusta a derecho y ordene al SEA emitir un nuevo pronunciamiento.
Entre los argumentos expuestos, se plantea que la iniciativa sería incompatible con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, al emplazarse en un Área de Preservación Ecológica donde, según mencionan, solo se permitirían actividades científicas, culturales, educativas, recreativas y deportivas que resguarden los valores naturales del entorno.
Impacto en la zona
Asimismo, los reclamantes sostuvieron que durante el proceso de evaluación ambiental se habrían producido diversas irregularidades, incluyendo la evaluación de impactos sobre fauna, flora y vegetación del sector, así como en componentes como el suelo, el patrimonio arqueológico y el medio humano. También cuestionan la efectividad de las medidas de mitigación, reparación y compensación propuestas.
Por su parte, el SEA solicitó al tribunal rechazar la reclamación en todas sus partes, argumentando que el proyecto cumple con la normativa vigente y que es compatible con su localización, al tratarse de una zona rural. En su defensa, el organismo dijo que el diseño actualizado del proyecto evita la intervención directa del bosque nativo de preservación presente en el área, y que los estudios sobre fauna fueron ajustados conforme a los requerimientos de los organismos sectoriales competentes.
Detalles del proyecto
El proyecto contempla la construcción, operación y cierre de una planta fotovoltaica con una potencia instalada de 33,6 MW en corriente continua, sobre una superficie aproximada de 56 hectáreas. La iniciativa considera la instalación de 44.736 paneles solares, además de infraestructura asociada como caminos de acceso, subestación y obras de transmisión eléctrica. Su vida útil estimada es de 30 años.
El tribunal deberá ahora analizar los antecedentes presentados por las partes para resolver si corresponde acoger o rechazar la reclamación.