«Entre 2021 y 2026, la mitad de los proyectos ingresados ha terminado con una calificación favorable. La otra mitad concluye con inadmisibilidad, término anticipado, rechazo o desistimiento del titular».
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se ha destacado por su agilidad durante este último tiempo. A modo de ejemplo, el Director Ejecutivo de dicho Servicio comunicó en su oportunidad que: “En menos de 90 días [desde inicio de cambio de gobierno, entre 11 de marzo y 8 de junio] se han destrabado más de 50 proyectos que mantenían reclamaciones ante el Comité de Ministros o la Dirección Ejecutiva del SEA, involucrando inversiones cercanas a los US$15 mil millones. En ese contexto, el Comité de Ministros sesionó en seis oportunidades y revisó 16 proyectos de inversión, permitiendo destrabar iniciativas por más de US$6.900 millones” (https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=331300).
En este contexto, podría tenerse igual expectativa de avance en los procesos de evaluación ambiental, tanto en obtener una resolución favorable como en la agilidad de la tramitación. Sin embargo, aquello no depende sólo del SEA: se trata de un trabajo conjunto, que exige proactividad de todos los actores involucrados (SEA, titulares, consultores y organismos sectoriales que participan en la evaluación).
Entre 2021 y 2026, la mitad de los proyectos ingresados ha terminado con una calificación favorable. La otra mitad concluye con inadmisibilidad, término anticipado, rechazo o desistimiento del titular.
Los proyectos rechazados sólo representan el 4,6% de los calificados en 2021-2026 y el 3,1% en 2024-2026 (fecha de corte, 14 de septiembre, 2026). Sin embargo, si consideramos todos los proyectos que no concluyen con un resultado exitoso, la cifra aumenta al 55,5% en el periodo 2021-2026 y 50,5% en el periodo 2024-2026. En términos de inversión, esos porcentajes alcanzan el 56,2% y el 48,5%, respectivamente. Lo anterior abarca las declaraciones de inadmisibilidad, términos anticipados, desistimientos y rechazos de proyectos ingresados en cada periodo.
Al respecto, cabe relevar que los desistimientos alcanzan el 23,6% de los proyectos presentados en 2021-2026 y el 21,7% en 2024-2026. Su causa radica, con frecuencia, en la anticipación de un resultado desfavorable (según se advierte al revisar los pronunciamientos que les anteceden). Asimismo, su peso en la inversión es, en ambos periodos, mayor que su peso en número de proyectos: 29,1% y 32,1%, respectivamente.
Ahora bien, desde el cambio de gobierno, las cifras han experimentado una disminución en la finalización de procesos sin éxito, aunque el periodo es aún breve para extraer conclusiones. Si comparamos el periodo del 11 de marzo al 21 de septiembre en 2025 y 2026, tenemos que el 1,46% de proyectos calificados fue rechazado en 2025 (3 de 206) y 0,57% en 2026 (1 de 174). Respecto a las inadmisibilidades, términos anticipados, desistimientos, estos alcanzan el 34% en 2025 y el 20% en 2026. Es decir, aún existe un importante porcentaje de proyectos que no concluyen con Resolución de Calificación Ambiental favorable por razones diversas.
Otro aspecto importante a comentar se relaciona con los plazos de tramitación (promedio de un año para las DIA y tres años para los EIA). Al respecto, podría pensarse que la demora en el SEIA es de responsabilidad del SEA. Sin embargo, el Servicio cumple con los días legales de evaluación y esto se ha mantenido durante los seis años revisados (y también hacia atrás): 76 días en 2021 y 78 en 2026 para una DIA; 163 y 159 días para un EIA, respectivamente (fecha de corte: 14 de septiembre). La diferencia se explica por las suspensiones solicitadas por el titular para responder las Adendas, que en 2026 equivalen aprox. al 70% del plazo total de una DIA resuelta y al 80% del de un EIA, por lo cual resulta necesario hacer un análisis de fondo de dichas suspensiones.
Las suspensiones extensas pueden originarse en falencias del propio expediente, que justifican solicitar plazos amplios por parte del titular para subsanar lo pertinente (ej. observaciones sobre descripción de proyecto incompleta, línea de base insuficiente, necesidad de realizar nuevas campañas en épocas contrastadas); pero también en exigencias de los organismos que participan de la evaluación. Estas, en ocasiones, van más allá de lo necesario y de lo exigido normativamente para evaluar el proyecto, e incluso contradicen criterios administrativos previos.
En este sentido, revisar en detalle el origen de las suspensiones –cuestión que por nuestra parte estamos realizando– permitiría avanzar en la reducción del porcentaje de proyectos sin resultado favorable y en la disminución del tiempo de tramitación del procedimiento, cuya dilación se concentra en tramos que no corresponden a la evaluación propiamente tal.