El Segundo Tribunal Ambiental aprobó un acuerdo que obliga a Minera Maricunga a ejecutar 14 medidas destinadas a la recuperación de cuatro humedales del altiplano de Atacama. La iniciativa contempla una inversión de US$19,8 millones y deberá ser monitoreada durante todo su período de ejecución.
Un extenso proceso de reparación ambiental comenzará a desarrollarse en el altiplano de la Región de Atacama, luego de que el Segundo Tribunal Ambiental aprobara el acuerdo alcanzado entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Compañía Minera Maricunga.
La iniciativa contempla una inversión de US$19.785.000 y un horizonte de 15 años, período durante el cual deberán ejecutarse 14 medidas orientadas a recuperar y monitorear cuatro humedales: Pantanillo, Valle Ancho Sur, Valle Ancho Sur y Valle Ancho Oeste.
El acuerdo se relaciona con las demandas interpuestas por el CDE debido a la posible afectación de las vegas Pantanillo y Valle Ancho, ubicadas en el denominado Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda.
Una reparación que deberá ser material
El plan considera distintas acciones destinadas a conocer la evolución de los ecosistemas y favorecer su recuperación. Entre ellas se contempla la delimitación de las áreas afectadas, monitoreo permanente, estudios sobre disponibilidad y comportamiento del agua, evaluación de la vegetación y análisis de las condiciones ambientales.
También se incluyen investigaciones relacionadas con agua, ecosistemas, nieve y carbono, junto con actividades de difusión, apoyo a estudiantes, becas y capacitación.
El programa incorpora además elementos de infraestructura y educación ambiental, como paneles informativos y miradores, además de iniciativas destinadas a fortalecer la gestión del sitio Ramsar.
Uno de los aspectos centrales del acuerdo es que las obligaciones comprometidas corresponden a una reparación material del daño, por lo que no podrán ser sustituidas simplemente por un pago económico.
Tribunal mantendrá supervisión durante 15 años
La aprobación del acuerdo no significa que el caso quede completamente cerrado. El Segundo Tribunal Ambiental conservará atribuciones para supervisar el cumplimiento de las medidas y recibirá informes anuales respecto del avance del programa.
Durante los 15 años de ejecución también podrá analizar eventuales modificaciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos de recuperación.
El origen del conflicto se encuentra en la eventual afectación de aproximadamente 20 hectáreas de la vega Pantanillo y 69 hectáreas de la vega Valle Ancho, antecedentes que dieron paso a las acciones judiciales impulsadas por el Consejo de Defensa del Estado.
Ahora, el desafío estará en que las medidas comprometidas no queden solamente en el papel y que, a lo largo de los próximos años, permitan recuperar efectivamente estos frágiles ecosistemas del altiplano atacameño.