A la instancia, a la que concurrieron la ministra de Energía y los representantes de la estatal, también se informó el despido de 16 directivos y las acciones presentadas ante el Ministerio Público y la SMA.
La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó las irregularidades detectadas en la entrega de información a la autoridad ambiental y los incumplimientos asociados a obligaciones de la Refinería Aconcagua de Enap, ubicada en Concón, Región de Valparaíso.
A la instancia asistieron la ministra de Energía, Ximena Rincón; el presidente del directorio de Enap, Cristián Muga; el gerente general de la estatal, Julio Friedmann; el gerente Corporativo Legal, Eduardo Jara; y el gerente Corporativo de Refinerías, Álvaro Hillerns.
Según los antecedentes expuestos ante la comisión, las irregularidades comenzaron a detectarse durante el segundo semestre de 2025 y fueron informadas al directorio en enero de 2026. En ese momento se solicitó una auditoría externa, cuyos resultados fueron entregados en abril, coincidiendo con la llegada del nuevo directorio. Posteriormente, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
En la instancia también se informó el despido de 16 ejecutivos de la refinería, ocho en enero y otros ocho en junio. Entre los desvinculados se encuentran el jefe del Departamento de Ingeniería, el director de Integridad Operacional y responsables de áreas vinculadas con materias medioambientales.
De acuerdo con lo expuesto, la auditoría habría identificado la existencia de un sistema que impedía que determinadas situaciones relacionadas con el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) fueran comunicadas con claridad a la administración y al directorio de Enap, así como a la autoridad ambiental.
Entre las irregularidades mencionadas se encuentra la omisión de algunas fuentes de emisión de azufre en los informes correspondientes y el uso de una metodología no autorizada para calcular la recuperación de azufre durante el proceso de refinación. Según los antecedentes presentados, mientras el compromiso contemplaba una recuperación de 98%, los cálculos realizados bajo la metodología cuestionada llegaban a 90%.
Solicitudes de información
Durante la sesión, parlamentarios consultaron si las irregularidades detectadas en la información asociada al PPDA pudieron haber generado efectos sobre la salud de los trabajadores de la refinería o de la comunidad de Concón.
Al respecto, se dijo que las mediciones finales no habrían modificado el cumplimiento del límite de emisiones atmosféricas comprometido, por lo que, según lo informado a la comisión, no se habría producido una afectación a la salud de la comunidad atribuible a esta situación.
El diputado José Antonio Rivas solicitó los informes correspondientes a los balances de recuperación de azufre y de emisiones, con el objetivo de revisar el alcance de las irregularidades y la actuación de los ejecutivos desvinculados. “Nos vamos a meter de cuerpo entero en este proceso de investigación”, afirmó.
Asimismo, el diputado Bernardo Salinas anunció que se solicitará al Ministerio de Salud información respecto de eventuales estudios sobre la salud de los habitantes de Concón relacionados con las emisiones provenientes de esta fuente.
Detalles de las desvinculaciones
Otro de los puntos abordados fue la desvinculación de los ejecutivos y las indemnizaciones asociadas a sus salidas. Parlamentarios como Daniel Valenzuela, Cristián Tapia y Valentina Cáceres solicitaron antecedentes sobre las causales utilizadas, el momento en que se adoptaron las medidas y los montos involucrados.
Desde Enap se explicó que las desvinculaciones respondieron a la necesidad de reestructurar el área medioambiental y contar con nuevos equipos, especialmente considerando la obligación de presentar un nuevo informe ante la autoridad ambiental en enero. Según lo expuesto, las causales utilizadas fueron necesidades de la empresa y desahucio, aunque se expresó que, a la luz de los antecedentes actualmente conocidos, podrían haberse utilizado otras causales.
Durante la sesión, la diputada Valentina Cáceres cuestionó las indemnizaciones solicitadas por algunos de los trabajadores desvinculados, diciendo que “es un descaro que pidan indemnizaciones y presenten demandas estos trabajadores que sólo tenían que hacer su trabajo”.
En tanto, el diputado Daniel Valenzuela sostuvo que “¿era justo que se llevaran una millonaria indemnización, casi de mil millones de pesos? La verdad es que no. Esta es una tremenda irresponsabilidad”.
Al término de la sesión, los integrantes de la comisión plantearon la necesidad de continuar recabando antecedentes sobre el caso, entre ellos información respecto de las eventuales toneladas adicionales de dióxido de azufre emitidas y las razones por las que los antecedentes no habrían sido comunicados oportunamente al directorio de Enap.