«La experiencia acumulada permite también identificar con mayor claridad dónde están los desafíos. Las metas deben conversar con la capacidad instalada y el desarrollo efectivo del mercado del reciclaje».
A diez años de la promulgación de la Ley REP y en la antesala de un nuevo aniversario de su implementación, el próximo 16 de septiembre, Chile puede mirar con perspectiva una política pública que cambió la forma de hacernos cargo de nuestros residuos. Su puesta en marcha exigió construir reglas, coordinar actores, desarrollar capacidades y llevar nuevos servicios a los territorios. En ese proceso, el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente ha sido decisivo. Hoy existe la oportunidad de conducir una nueva etapa y dar un nuevo salto en reciclaje y economía circular.
La experiencia acumulada permite también identificar con mayor claridad dónde están los desafíos. Las metas deben conversar con la capacidad instalada y el desarrollo efectivo del mercado del reciclaje. Los permisos y procedimientos deben acompañar el ritmo de la implementación, mientras los municipios necesitan mejores condiciones para desplegar los servicios en sus territorios y la trazabilidad debe permitir conocer con claridad qué ocurre con los residuos.
Frente a esta nueva etapa, una discusión que vale la pena abrir es cómo dotar al Ministerio del Medio Ambiente de mayores capacidades para conducir un sistema que será cada vez más exigente. Una política que crece en cobertura y complejidad requiere una institucionalidad capaz de anticipar dificultades, coordinar organismos públicos, integrar información y realizar oportunamente los ajustes que la experiencia demuestre necesarios.
Fortalecer al Ministerio del Medio Ambiente es fortalecer la capacidad del Estado para conducir a la Ley REP hacia sus objetivos. Esto implica también reconocer que los cambios regulatorios deben analizarse por sus efectos sobre el sistema completo. Una decisión puede parecer adecuada observada aisladamente y, sin embargo, terminar dificultando la inversión, el acceso a los residuos o el despliegue de nuevas capacidades necesarias para valorizarlos.
A diez años de su promulgación y a casi tres años del inicio de su implementación, contamos con algo que no existía cuando se promulgó la ley, es decir, experiencia concreta. Sabemos más sobre la relación entre los sistemas de gestión y los municipios, sobre las dificultades para aumentar la infraestructura y sobre las condiciones necesarias para que una mayor proporción de lo recolectado pueda efectivamente valorizarse. Esa evidencia debe ser parte central de las decisiones de la próxima etapa.
Chile tiene hoy la oportunidad de recuperar más residuos para darles una nueva vida y reducir la cantidad de residuos que termina como basura, extendiendo además el reciclaje a más hogares y territorios. Cumplir esa aspiración requerirá mantener la ambición ambiental que dio origen a la REP y, al mismo tiempo, fortalecer la institucionalidad encargada de hacerla posible. La próxima década puede ser la de su consolidación, si somos capaces de darle al Estado las herramientas necesarias para conducirla.