El Gobierno evalúa una eventual reforma al sistema que rige los tribunales ambientales. La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, se abrió a revisar la normativa. “Estamos trabajando en una propuesta que nos permita modernizar algunos aspectos del funcionamiento de los tribunales ambientales y esperamos poder presentarla hacia fines de este año”, indicó la autoridad a “El Mercurio”.
Toledo planteó que, luego de una década de funcionamiento de esos tribunales, “nos interesa especialmente avanzar en una justicia ambiental más oportuna, revisar aspectos relacionados con el funcionamiento, la integración de los tribunales, es decir, relacionado con la orgánica y particularmente lo referido a temas recursivos. Y todo eso obviamente requiere discutir y revisar cómo podemos entregarles mejores herramientas para que los tribunales puedan cumplir su labor”, señaló la autoridad.
“El actual sistema de nombramiento es insostenible”
La ministra expuso buena parte de sus planteamientos durante un evento organizado ayer por el Programa de Derecho y Medio Ambiente de la Universidad Católica.
Entre los especialistas y autoridades hay consenso en el detrimento a la inversión que implica la demora en la designación de jueces en los tribunales.
A mediados de agosto, el Segundo Tribunal Ambiental no pudo realizar la audiencia de reclamaciones en contra del proyecto de US$ 3.000 millones de Los Bronces Integrado (cuyo titular es la minera Anglo American) debido a la falta de jueces. El quorum mínimo para sesionar es de tres ministros, y actualmente cuentan con solo dos. El tercer cupo se ha llenado en distintas ocasiones con un ministro de la Corte de Apelaciones, pero en esta ocasión no ocurrió. La Corte estaba con “alta carga” en ese momento.
Las críticas apuntan a los lentos nombramientos de los responsables encargados de evaluar las reclamaciones que reciben los proyectos de inversión. Este panorama se plantea como un “cuello de botella” para el funcionamiento de la institucionalidad, lo que, al mismo tiempo, acompleja el avance de iniciativas privadas en el país.
Marcela Godoy, ministra presidenta (s) del Segundo Tribunal Ambiental, señaló durante su intervención que los nombramientos de ministros “ha sido una bandera de lucha levantada por todos los tribunales y que necesitamos que este tema se resuelva (…) Es insostenible, porque lo peor que puede suceder es que una institución no funcione por falta de nombramientos”.
Toledo aseguró que “el sistema de nombramiento es uno de los aspectos que estamos analizando, porque hay un consenso bastante transversal que el actual sistema de nombramiento es insostenible”. Agregó que “más que hablar de un ‘cuello de botella’ para las inversiones, creemos que acá hay un desafío para la institucionalidad (…). Una justicia ambiental que funciona adecuadamente, que puede operar oportunamente, es fundamental para todos, para las comunidades, titulares de proyectos y también para el Estado, porque entrega certeza jurídica respecto de las decisiones que se adoptan”.