«Lejos de ser barreras al desarrollo urbano, [los humedales] son pilares verdes de la ciudad. En invierno, actúan como esponjas naturales absorbiendo todo o parte de las crecidas de los ríos, y disminuyendo las inundaciones. En verano no pierden utilidad pues sirven como reservas de agua y contribuyen a disminuir las altas temperaturas».
Cada cierto tiempo nuestro país se ve enfrentado a catástrofes naturales que dejan importantes daños y cicatrices en nuestra memoria colectiva: incendios forestales, sequías e inundaciones. Si bien estas catástrofes no son extrañas a nuestra historia, hay consenso científico en que, debido al cambio climático, estos episodios se harán más frecuentes y graves durante los próximos años.
Recientemente nuestro país ha enfrentado importantes lluvias que, agravadas por un río atmosférico de categoría 4 (algo similar a un huracán de categoría 4 en cuanto a su magnitud de riesgo para la población), ha dejado marcas históricas en la pluviometría nacional. Esto ha traído consigo personas damnificadas, anegaciones de barrios enteros, activación de quebradas olvidadas por una larga sequía, cortes de carreteras e interrupciones en los suministros básicos.
En otras palabras, ha puesto en jaque a varias regiones, y especialmente, a la Región de Coquimbo, expuesta a más de una década de persistente sequía. Sus valles interiores parecían haber olvidado el verdor de antaño. Y las actividades productivas como la agricultura y ganadería en la zona se vieron fuertemente afectadas.
El fenómeno del Niño -apodado así por perceptivos pescadores peruanos- es una manifestación natural de los cambios en los vientos que soplan sobre el océano Pacífico. Debido a sus características y magnitud arrastra consecuencias climáticas no sólo para las costas del océano sino también a nivel mundial. Lo vivido recientemente en Chile es un recordatorio de que, en un contexto del Niño exponencialmente agravado por el cambio climático, aumenta el riesgo de desastres naturales cada vez más catastróficos. Entonces cabe preguntarse si, ¿nuestras ciudades están preparadas para enfrentar los desastres naturales?
Es cierto que nuestro país se caracteriza por tener robustas construcciones que han resistido los movimientos más feroces de la tierra (Valdivia 1960, 27/F de 2010, entre tantos otros episodios). También es notable el avance en el crecimiento de nuestras ciudades (conurbaciones del Gran Valparaíso, La Serena-Coquimbo y Puerto Montt-Puerto Varas). Pero ese progreso ciertamente tiene un costo y riesgos ambientales. La expansión urbana exige, entre otras cosas, espacio, energía y materias primas. Presiona los acuíferos, se acerca a los bosques y necesita terreno fértil para construir. En esta visión, los humedales han cobrado mayor relevancia. Lejos de ser barreras al desarrollo urbano, son pilares verdes de la ciudad. En invierno, actúan como esponjas naturales absorbiendo todo o parte de las crecidas de los ríos, y disminuyendo las inundaciones. En verano no pierden utilidad pues sirven como reservas de agua y contribuyen a disminuir las altas temperaturas.
En este escenario, es imperativo que los instrumentos de planificación territorial reconozcan los humedales. Si bien la ley de humedales urbanos ha significado un avance en este sentido, su cobertura ha sido menguada por una alta tasa de judicialización (alrededor de un 34% de declaraciones de humedales urbanos han sido impugnadas en Tribunales). A poco más de cinco años de vigencia, la ley N°21.202 ha permitido declarar cerca de 122 humedales urbanos —unas 13.000 hectáreas—, mientras un catastro identificó más de 1.400 humedales con potencial de serlo. De esta realidad, deben extraerse lecciones que permitan mejorar la regulación existente, incentivando su conservación, explorar nuevos diseños urbanos preferentemente de densidad media con áreas verdes en torno a estos humedales, entre otras medidas.
Desde la mirada institucional, es una buena señal que para el Gobierno la instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) sea una prioridad. En efecto, la ley N°21.600 viene a completar la institucionalidad ambiental brindando a Chile de un servicio público especializado en la conservación ambiental. Esta nueva ley también incorpora nuevas herramientas jurídicas para proteger los humedales: el inventario nacional de humedales y un permiso para alterar físicamente los humedales inventariados que no constituyan sitios prioritarios. Es decir, es un nuevo régimen general que permitirá identificar los humedales de manera certera y promover un uso sostenible de estos ecosistemas.
La planificación urbana y ambiental no debe contravenir a la naturaleza, sino observarla, entenderla y protegerla. Sólo así, tendremos ciudades verdaderamente más resilientes.