Los procesos inciden de forma directa en los plazos de desarrollo, adecuación o continuidad de infraestructura indispensable para los proyectos de energía.
La denominada “permisología” se ha instalado como uno de los principales factores que inciden en el desarrollo de proyectos energéticos en Chile. Desde el sector público, privado y técnico, existe coincidencia en que los procesos de tramitación enfrentan desafíos relevantes, particularmente en términos de plazos, coordinación institucional y certeza regulatoria.
Desde la experiencia de Colbún, los principales obstáculos se focalizan en distintas etapas del proceso. “Los principales cuellos de botella se concentran en la etapa de evaluación ambiental y en la tramitación de permisos sectoriales posteriores, especialmente en proyectos que requieren la participación de múltiples organismos del Estado”, menciona Daniel Gordon, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de la compañía.
En esa línea, afirma que “hoy existe una institucionalidad fragmentada, donde cada servicio evalúa desde su ámbito específico, muchas veces sin una mirada integral del proyecto”, lo que se traduce en “procesos extensos, con duplicidad de requerimientos y, en algunos casos, falta de coordinación”. A ello se suma, según dice, “la variabilidad en la aplicación de criterios entre regiones o a lo largo del tiempo”, lo que introduce incertidumbre en proyectos de largo plazo.
Cuellos de botella
Una visión similar plantea SLR Consulting, desde donde identifican múltiples puntos críticos en el proceso. “Los mayores cuellos de botella en la obtención de permisos ambientales en Chile se concentran en cinco puntos críticos”, asegura Jaime Solari, líder del sector Energía para Latinoamérica. Entre ellos menciona “los pronunciamientos de los organismos sectoriales”, donde en algunos casos “no se ciñen estrictamente a su propia normativa”, así como “observaciones ciudadanas remitidas fuera de plazo” y, en tercer lugar, “proyectos que ingresan al SEIA con un nivel de ingeniería muy elemental”.
A ello se suma lo relativo a las adendas y la judicialización. “Las rondas de adenda se pueden extender de manera artificial si los organismos persisten en requerir información fuera de su marco legal”, resalta Solari. Asimismo, advierte que “la judicialización de proyectos que ya obtuvieron su RCA puede paralizar iniciativas durante años pese a haber superado exitosamente la evaluación ambiental”, configurando un escenario de alta incertidumbre.
Plazos de los proyectos
Desde el ámbito gremial, Generadoras de Chile enfatizó el impacto que esto tiene en el sector. “La denominada ‘permisología’ sectorial incide de forma directa en los plazos de desarrollo, adecuación o continuidad de infraestructura indispensable para los proyectos de energía”, sostiene su director ejecutivo, Camilo Charme. Añadiendo que cuando los procesos “se prolongan más allá de lo razonable, se afecta severamente la planificación de las empresas, se introduce incertidumbre y aumenta el riesgo financiero”.
Asimismo, el líder de la gremial menciona que esta situación “se ha agudizado en el último tiempo debido a una combinación de factores estructurales”, entre ellos “el incremento significativo en el volumen y la complejidad de los proyectos en evaluación ambiental” y “exigencias técnicas cada vez más sofisticadas por parte de la institucionalidad”. En ese contexto, subraya que “los recursos de las instituciones del Estado no siempre se han actualizado al mismo ritmo que los requerimientos del desarrollo tecnológico e industrial”.
Desde una mirada jurídica e institucional, Ricardo Irarrázabal, director del Programa Derecho y Medio Ambiente de la PUC, apunta a elementos estructurales del sistema. “El sistema de permisos ambientales en Chile está constituido bajo una lógica del cumplimiento de requisitos, los cuales, para su aprobación, requieren de un análisis discrecional por parte de las autoridades”, explica. Sin embargo, advierte que “en su aplicación, tanto administrativa como judicial, cualquier situación, aunque no caiga bajo una causal de rechazo, lleva a que las autoridades cuestionen los respectivos proyectos”.
Complejización del SEIA
El ex director ejecutivo del SEA destaca además que el sistema ha ido acumulando complejidad en el tiempo. “Cada nueva administración le agrega nuevas guirnaldas y adornos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual se ha transformado en un verdadero ‘árbol de pascua’”, afirma, en referencia a la creciente carga regulatoria.
En cuanto a los nudos específicos, Irarrázabal identifica tanto elementos del SEIA como factores sectoriales. “Un tema crítico corresponde a las modificaciones de los proyectos y el bajo umbral que existe en la ley para que los proyectos, y sus modificaciones, ingresen al SEIA”, mencionó. A ello suma “los plazos y discrecionalidad tanto de la DGA como del Consejo de Monumentos”.