La economía circular no puede limitarse a ser una estrategia para gestionar residuos; debe funcionar como una estrategia para prevenir emisiones y captar valor. De lo contrario, seguirá gestionando un problema cuya solución ya existe técnicamente pero aún carece de resolución política.
La economía circular ha ganado presencia en el discurso público, pero su implementación efectiva en las decisiones que configuran el sistema sigue siendo limitada. Continuamos perfeccionando la gestión de residuos sin modificar los factores que los convierten en emisiones.
El caso de los residuos orgánicos es particularmente ilustrativo. A nivel mundial, los vertederos son responsables de cerca del 20% de las emisiones antropogénicas de metano. Este gas tiene un potencial de calentamiento más de 80 veces superior al del CO₂ en un plazo de 20 años, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, y contribuye a cerca de un tercio del calentamiento global actual, como indica el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esto no es un problema menor ni a largo plazo; representa una fuente significativa, inmediata y, sobre todo, evitable.
En Chile, la naturaleza del problema es clara. Los residuos orgánicos constituyen aproximadamente el 58% de los desechos domiciliarios, según el Ministerio del Medio Ambiente. Aunque la gestión de residuos aporta alrededor del 7% a las emisiones totales del país, concentra casi el 48% de las emisiones nacionales de metano, y los sitios de disposición final son responsables por cerca del 39% del total nacional.
El mensaje es evidente: no se trata solo de una cuestión administrativa sino del diseño mismo del sistema.
Las políticas públicas han comenzado a avanzar -la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos representa un paso en esa dirección-; sin embargo, los incentivos estructurales siguen favoreciendo la eliminación. En términos prácticos, recolectar y desechar resulta ser más sencillo, predecible y frecuentemente más económico que separar, valorizar o prevenir.
Este desajuste no solo tiene efectos sobre el clima; también se expresa en el territorio. La ubicación de rellenos sanitarios y vertederos está lejos de ser casual. Una y otra vez, estas instalaciones terminan emplazándose en comunas en situación de vulnerabilidad, mientras los costos ambientales, sanitarios y urbanos recaen sobre comunidades que no son las que más se benefician del modelo. En los hechos, la gestión de residuos también reproduce una distribución desigual de las cargas del desarrollo.
Por eso, reducir la economía circular solo al reciclaje no alcanza. No solo porque deja fuera buena parte del problema, sino porque además limita su capacidad de respuesta. Su mayor potencial está antes, en evitar que los materiales -sobre todo los residuos orgánicos- terminen convertidos en emisiones.
Eso supone actuar aguas arriba: prevenir, separar en origen y generar alternativas de valorización más cercanas a los territorios. Supone también abrir espacio a nuevas cadenas de valor, vinculadas a la recolección diferenciada, el compostaje, la biodigestión, la producción de mejoradores de suelo y otros servicios asociados. No es únicamente una agenda ambiental. También es una agenda de desarrollo, de innovación y de oportunidades para los territorios.
Mientras esta transición no se materialice, el sistema continuará operando bajo una lógica conocida: pérdida recurrente de recursos, generación continua de emisiones evitables y perpetuación de desigualdades territoriales.
La economía circular no puede limitarse a ser una estrategia para gestionar residuos; debe funcionar como una estrategia para prevenir emisiones y captar valor. De lo contrario, seguirá gestionando un problema cuya solución ya existe técnicamente pero aún carece de resolución política.