“La revisión de criterios de evaluación ambiental como herramienta de reactivación económica plantea interrogantes respecto de su alcance y efectos. El problema no radica en la existencia de regulaciones, sino en la capacidad del Estado para aplicarlas de manera eficiente y consistente. A ello se suma un elemento jurídico relevante: la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, que incorpora el principio de no regresión ambiental y limita estructuralmente la posibilidad de retrocesos normativos”.
La denominada “permisología” -antes simplemente burocracia- se ha instalado en el centro del debate ambiental en Chile. Este énfasis no es casual: ocurre en un escenario donde el programa de gobierno actual carece de un desarrollo ambiental sustantivo, situando esta materia en un plano secundario frente a los objetivos económicos. En este contexto, las primeras señales de política pública han estado orientadas a una revisión de los procesos, proyectos y definiciones heredadas de la administración anterior, junto con la simplificación de permisos como eje prioritario. Sin embargo, este enfoque reproduce una lógica de larga data que, en términos ambientales, no ha logrado resolver los problemas estructurales del país.
Reducir la discusión ambiental al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) resulta conceptualmente limitado. Chile enfrenta desafíos complejos en el ámbito ambiental, marcados por la implementación de nuevas instituciones -como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el futuro Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR)- que administran una proporción significativa del territorio nacional. A ello se suma la persistencia de pasivos ambientales, particularmente la contaminación atmosférica en ciudades y la existencia de territorios ampliamente reconocidos como zonas de sacrificio, junto con los efectos del cambio climático, que intensifican la presión sobre los ecosistemas y las comunidades.
Con este contexto, es posible abordar los principales desafíos que enfrenta el gobierno actual en materia ambiental, en un escenario donde esta dimensión continúa subordinada a objetivos de crecimiento económico.
La institucionalidad ambiental reciente presenta avances, pero también tensiones. La creación del SBAP y SERNAFOR implica una reorganización de funciones históricamente concentradas en la CONAF, lo que abre desafíos relevantes en materia de coordinación, financiamiento y delimitación de competencias. Este rediseño institucional, además, se desarrolla en un escenario de implementación incompleta, con marcos regulatorios aún en construcción y con capacidades técnicas que requieren consolidación efectiva más allá de los ciclos políticos.
En paralelo, el SEIA ha sido objeto de críticas recurrentes por su supuesto rol como obstáculo a la inversión. No obstante, esta caracterización resulta simplificada. Se trata de un instrumento que, en términos generales, cumple su función, pero cuya principal debilidad radica en su gobernanza. Persisten espacios de discrecionalidad política que erosionan la certeza jurídica y distorsionan su carácter técnico. Más que debilitar el sistema, el desafío consiste en perfeccionar sus procedimientos, acotar las instancias de impugnación y reforzar su base técnica. En este contexto, insistir en su cuestionamiento bajo el argumento de la “permisología” no aborda el problema de fondo, que dice relación con la calidad de la administración pública.
Otro eje crítico es la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, no solo por su carga reglamentaria, sino por la coherencia que exige en la acción del Estado. Este proceso ocurre en un contexto político donde persisten visiones que relativizan la urgencia climática, lo que introduce riesgos de inconsistencias entre los compromisos asumidos y las decisiones efectivamente adoptadas.
Finalmente, la revisión de criterios de evaluación ambiental como herramienta de reactivación económica plantea interrogantes respecto de su alcance y efectos. El problema no radica en la existencia de regulaciones, sino en la capacidad del Estado para aplicarlas de manera eficiente y consistente. A ello se suma un elemento jurídico relevante: la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, que incorpora el principio de no regresión ambiental y limita estructuralmente la posibilidad de retrocesos normativos.
En síntesis, el desafío no es reducir la exigencia ambiental, sino fortalecer la capacidad institucional del Estado. Persistir en enfoques que han mostrado resultados limitados -particularmente en territorios con alta carga ambienta- solo prolonga brechas existentes. Sin una administración pública moderna, técnicamente robusta y coherente en sus decisiones, cualquier intento de compatibilizar desarrollo y sostenibilidad seguirá siendo insuficiente.