Organizaciones alertan que, aunque se han cerrado el 50% de las centrales entre 2019 y 2025, reduciendo emisiones de contaminantes locales y globales como el CO2, las empresas no han cumplido con las regulaciones aplicables al cierre de estas industrias.
En el contexto del Plan de Descarbonización iniciado en 2019 mediante un acuerdo voluntario entre el gobierno de Sebastián Piñera y las empresas generadoras dueñas de las centrales a carbón, en Chile se ha logrado al 31 de diciembre de 2025, el cierre de 14 de las 28 centrales que operaban en el país en 2019, (es decir el 50%); no obstante, ninguna de ellas ha cumplido con la regulación sectorial y ambiental aplicable al cierre de estas industrias.
De las 14 termoeléctricas a carbón retiradas a diciembre de 2025, siete no cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) debido a que comenzaron a operar con anterioridad al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Estas unidades son: Tocopilla U-12, U-13, U-14, U-15 de Engie en Tocopilla; Ventanas 1 y 2 de AES-Andes en Quintero /Puchuncaví; y Bocamina 1 de ENEL en Coronel. No obstante, sí están afectas y deben cumplir normas sectoriales, establecidas en el Código Sanitario y la Ley General de Urbanismo y Construcción entre otras, referidas a desmantelamiento, transporte y disposición final de desechos, infraestructura de agua para enfriamiento y remediación de suelos contaminados, sólo por nombrar algunas.
Las otras siete centrales que dejaron de operar entre 2019 y 2025 sí cuentan con una RCA: Norgener 1 y 2 de AES-Andes en Tocopilla; las centrales Tarapacá en Iquique y Bocamina 2 en Coronel, ambas propiedad de ENEL; y las centrales Mejillones 1 y 2 e Infraestructura Energética Mejillones (IEM), las tres propiedad de ENGIE en Mejillones, pero ninguna de ellas ha cumplido con los compromisos de presentar planes de cierre o de ejecutar acciones de abandono, desmantelamiento y remediación establecidas como condiciones en sus respectivos autorizaciones ambientales.
La denuncia
Las organizaciones Fundación Greenpeace, Fundación Chile Sustentable y AIDA ingresaron una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) acusando incumplimientos ambientales vinculados al cierre de siete centrales termoeléctricas a carbón que dejaron de operar entre 2019 y 2025.
Según las organizaciones, las empresas generadoras no habrían cumplido con las obligaciones establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), particularmente en lo relativo a la presentación, ejecución y fiscalización de los planes de cierre. A juicio de las denunciantes, estas obligaciones no son meramente formales, sino instrumentos clave para evitar que los territorios históricamente impactados por la actividad industrial queden expuestos a nuevos riesgos ambientales.
La denuncia también apunta a la omisión de medidas de desmantelamiento, remediación y adecuada gestión de residuos comprometidas en las respectivas RCA. De confirmarse estos incumplimientos, advierten, podrían generarse pasivos ambientales permanentes en zonas que ya han soportado por décadas cargas significativas de contaminación.
Otro de los puntos centrales del requerimiento ante la SMA es el eventual uso de mecanismos administrativos —como las denominadas “Consultas de Pertinencia”— para modificar de manera sustantiva las condiciones de cierre de las centrales, sin someter dichas modificaciones a un nuevo proceso de evaluación ambiental. Para las organizaciones, esta práctica podría constituir una forma de eludir el cumplimiento íntegro de las obligaciones ambientales vigentes.
Con esta acción, Greenpeace, Chile Sustentable y AIDA buscan que la autoridad fiscalizadora investigue los hechos denunciados y adopte las medidas necesarias para asegurar que el proceso de descarbonización no deje deudas ambientales pendientes en los territorios afectados.