El gremio de la construcción expuso en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, valorando la iniciativa y aportando sugerencias para perfeccionarla.
El proceso para incorporar los sitios prioritarios al régimen de la nueva Ley SBAP a fines del año pasado generó repercusiones también en el Congreso. Tras las advertencias de diversos gremios sobre los riesgos de realizar este cambio sin reglas claras, se impulsaron iniciativas legales para abordar la situación.
En concreto, los proyectos presentados buscan suspender esta recalificación hasta que se dicte el reglamento que la ley ordena elaborar en el artículo 29. El objetivo es garantizar que el proceso se base en criterios técnico-científicos definidos y no deje espacio a la incertidumbre.
Uno de estos proyectos de ley se está tramitando en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados (boletín 18030-12), instancia en la que expusieron este martes la vicepresidenta CChC, Alicia Vesperinas, y la abogada del gremio, Pilar Pantaleón.
La exposición ante el Congreso
Vesperinas destacó la disposición del gremio a colaborar con visión técnica en la iniciativa y valoró que la comisión fuera receptiva ante los nudos críticos del proceso.
“Sostenemos que el desarrollo sostenible solo es posible si se sustenta en tres pilares inseparables: el ambiental, el social y el económico. Compartimos el diagnóstico de que se ha producido un quiebre en este equilibrio. Proteger nuestro patrimonio natural es un deber, pero requiere una planificación adecuada que no paralice el crecimiento ni el bienestar social”, aseguró.
Y sumó: “Nos preocupa que objetivos loables, como proteger el medio ambiente, terminen justificando decisiones arbitrarias que debilitan la certeza jurídica”.
En tanto, la abogada de la CChC, Pilar Pantaleón, hizo hincapié en la disparidad que se genera entre la definición de los sitios prioritarios nuevos, que según la ley vigente deben esperar la publicación de su reglamento; y los sitios prioritarios anteriores a la ley, que son los que se están recalificando, y que según la interpretación del ministerio no requerirían estas exigencias técnicas.
Bajo esta lógica, el gremio argumentó que se generaría un “trato desigual y arbitrario”, al identificar sitios prioritarios de manera dispar, “vulnerando la igualdad ante la ley, al someter situaciones análogas a regímenes divergentes”.
Gremios productivos se pronunciaron en octubre
La discusión se remonta a octubre, cuando la CChC, junto a la CPC, Sonami, SalmonChile alertaron conjuntamente sobre los riesgos de la implementación de la Ley SBAP.
En aquella oportunidad, el sector privado advirtió que el Gobierno estaba actuando de forma «apresurada» y sin sustento técnico al proponer el listado de 99 sitios prioritarios sin los reglamentos necesarios. Advirtieron que esta incertidumbre podría transformar una política de conservación en un «obstáculo para la reactivación económica», vulnerando derechos y frenando inversiones.
En ese marco, el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, fue enfático en señalar que la institucionalidad ambiental debe buscar un «justo equilibrio» entre el crecimiento y la protección del entorno, algo que, a juicio del gremio, se estaba perdiendo.
Echavarría aseguró entonces que la incertidumbre regulatoria «ahuyenta inversiones» y estanca la economía, argumentando que definir zonas protegidas sin un marco claro ni mesas de trabajo multisectoriales paraliza el desarrollo de toda la cadena productiva del país.