El informe, elaborado por la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas del gremio, indica que estos instrumentos tienen un promedio de 18 años en el caso de los PRI-PRM y 23 en los instrumentos comunales.
¿Qué antigüedad tienen los planes reguladores comunales e intercomunales? ¿Existen las capacidades en el Estado para actualizar los que necesitan ser modernizados? Esas son las preguntas que responde el último estudio que publicó esta semana la Cámara Chilena de la Construcción, a través de su Gerencia de Estudios y Políticas Públicas.
El informe aborda el estado actual de los Planes Reguladores Comunales (PRC) y los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos (PRI / PRM), que son los principales instrumentos normativos en la materia, y evalúa su existencia, antigüedad y vigencia.
En ese sentido, muestra que 11 regiones poseen al menos un PRI o PRM, con una antigüedad promedio de 18 años de estos instrumentos; y hay 269 comunas con PRC, que abarcan el 96% de la población urbana, pero que tienen un promedio de 23 años de antigüedad. En tanto, son 77 las comunas que no tienen PRC, aunque hay 42 planes en proceso de formulación.
Los datos entran en conflicto con la legislación vigente, que dice que los PRM, PRI y PRC deben actualizarse cada 10 años, y con el artículo tercero transitorio del DS 57, que establece que los IPT que hayan cumplido o cumplan una década de vigencia dentro de los dos años siguientes a la publicación de este decreto, deben efectuar su actualización, plazo que se cumplió en abril de este año.
Falta de funcionarios para revisión de planes
El documento deja en evidencia que al menos 231 planes deben evaluar su vigencia, al mismo tiempo que hace un barrido sobre la cantidad de funcionarios existentes para hacerse cargo de estos procesos y entender cuál es la capacidad del Estado de responder a las necesidades de planificación en Chile.
El catastro que realizó el estudio indica que son 86 funcionarios de la DDUI (Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura) y una cifra estimada de 297 funcionarios de asesoría urbana encargados de la revisión o elaboración de instrumentos de planificación territorial. Entonces, serían 1,8 profesionales por plan a modificar.
El presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, afirmó que “hemos podido constatar que el problema de la planificación territorial no es la existencia de planes reguladores, sino más bien la antigüedad de los mismos, por lo que es urgente avanzar en medidas que fortalezcan y hagan más eficientes los procesos, y no nos demoremos 8 años en tener planes actualizados. Avanzar en estas materias requiere potenciar de forma urgente las capacidades a nivel local y regional”.
Por su parte, el gerente de Estudios y Políticas Públicas CChC, Nicolás León, explicó que «la falta de profesionales que trabajan en la revisión o elaboración de planes reguladores, tanto a nivel municipal como en las Seremi, es una de las razones por las cuales tenemos planes tan desactualizados a nivel nacional y esta situación se verá aún más afectada con el proyecto de ley que se está tramitando, ya que éste plantea una mayor carga a estos profesionales, como es, por ejemplo, la revisión y elaboración de informes de seguimiento de estos planes cada dos años».
A estos factores se suman otras complejidades que ya tiene el proceso de planificación territorial en Chile, como la burocracia excesiva que prolonga los tiempos de aprobación de los planes reguladores, lo que a su vez limita la capacidad de estos instrumentos para adaptarse a las dinámicas territoriales cambiantes; o la poca efectividad de los procesos de participación ciudadana, que resultando en planes que no siempre reflejan las necesidades reales del territorio.