Estudio del CEP sostiene que el proyecto de ley para reformar el SEIA no habilita una evaluación ambiental más eficiente
Si bien hay consenso transversal en que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental requiere reformas con urgencia, existen diferentes miradas sobre la mejor forma de llevarlas a cabo. Con este propósito, hace cinco meses el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley para modernizar la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Sin embargo, un análisis publicado por “Puntos de Referencia” del Centro de Estudios Públicos consideró que esa iniciativa no es suficiente para dar mayor agilidad a las tramitaciones en el SEIA. Edesio Carrasco, profesor de la Facultad de Derecho UC y uno de los autores del estudio, detalla a País Circular lo que consideran falencias del proyecto.
A inicios de este año, el Ejecutivo ingresó al Senado un proyecto de ley que moderniza la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, en el que uno de los aspectos más importantes es la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La ley que actualmente se encuentra vigente fue promulgada hace 30 años (marzo de 1994), por lo que realizar modificaciones resulta imperativo para agilizar y hacer más eficientes los procesos por los que se evalúan los impactos medioambientales de diferentes proyectos.
Maximiliano Proaño, subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), relató a País Circular que la estructura del proyecto que está siendo analizado se basa en 3 pilares. El primero, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental (SEIA y también la Evaluación Ambiental Estratégica -EAE-); el segundo, el fortalecimiento de la participación ciudadana; y el tercero, que el SEIA otorgue mayores certezas y predictibilidad a los inversores. Además, se propone la eliminación de las Comisiones de Evaluación (COEVA) y del Comité de Ministros.
Si bien existe un consenso general en que la institucionalidad del SEIA debe ser reformada, sí hay diferencias en cuál es la mejor forma de hacerlo. Un informe elaborado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) es crítico del proyecto presentado este año, afirmando que no “proporciona un marco integral para desarrollar una evaluación ambiental más técnica, ágil y eficiente”.
El estudio “Evaluación ambiental ante el Congreso. Diagnóstico parcial y propuestas de reforma insuficientes”, publicado por Puntos de Referencia del CEP, fue realizado por Edesio Carrasco, José Francisco García y Luis Eugenio García-Huidobro, profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En conversación con País Circular, Edesio Carrasco Quiroga destaca que el texto de la iniciativa legal no asegura una mejora en la eficiencia del procedimiento que permite reducir los plazos, que la eliminación de las COEVA o del Comité de Ministros reduzca el carácter político de las evaluaciones y que la unificación de los recursos administrativos y judiciales disminuya la judicialización.
“Adicionalmente agregaría que, en la práctica, lo que hay es una implementación de Escazú, más que un proyecto que pretende reducir la política o pretenda mejorar los plazos”, explica Carrasco.
A juicio del académico, una de las deudas del proyecto de ley guarda relación con la forma en que dialoga con las metas de descarbonización que se ha impuesto el Estado de Chile. “Si queremos reemplazar infraestructura contaminante por infraestructura verde o limpia, no podemos demorarnos cuatro años en la aprobación de un parque eólico u ocho años en un proyecto de desalinización. Tenemos que agilizar ese proceso para contar con esa infraestructura en tiempo y forma para que vaya operando y pueda contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero”, indica el abogado experto en Derecho Ambiental.
“Si queremos infraestructura verde a tiempo, si queremos pasar de las termoeléctricas a paneles solares o proyectos eólicos, no podemos estar 2 años demorándonos en la RCA”, dijo Edesio Carrasco, profesor de la Facultad de Derecho UC.
Análisis integral
El estudio se inserta en un trabajo más amplio que realizaron los académicos UC en el CEP. A principios de mayo presentaron “Permisología Sectorial ante el Congreso: Examen crítico y propuestas de mejora”, donde se evalúa el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Asociado a esto se encuentra también el proyecto de ley sobre “Evaluación Ambiental 2.0”, pero para simplificar la exposición de la información se dividió en dos estudios.
“Hay otro proyecto de ley que modifica las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que no ha tenido o ha recibido mucha atención, al menos pública, pero ingresaron en la misma fecha, tanto este como el otro. Y ambos van de la mano, no hay que olvidar que la Superintendencia del Medio Ambiente fiscaliza y sanciona el incumplimiento de las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), que es el acto terminal de la Evaluación Ambiental”, detalla Carrasco.
Agrega que hay que tomar en cuenta la experiencia internacional para avanzar en las metas de descarbonización, simplificando el proceso de otorgamiento de permisos, ya que “lo que estamos haciendo aquí es complejizarlo. Si queremos infraestructura verde a tiempo, si queremos pasar de las termoeléctricas a paneles solares o proyectos eólicos, no podemos estar 2 años demorándonos en la RCA”.
El abogado UC, socio fundador de Schultz Carrasco Benítez, destaca que la protección al medio ambiente y tener procedimientos de evaluación más ágiles es una posibilidad, ya que hay proyectos que tienen estándares internacionales que simplificarían los procesos.
“Un parque solar es igual en todas partes y la tecnología es conocida. Ahora, si vamos a hablar de una central nuclear, hay que tener todas las prevenciones y resguardos necesarios, pero hoy día pareciera que estamos tratando con el mismo nivel a un parque solar que a una central hidroeléctrica que afecta a todo un valle, cuando son cosas distintas. Y ahí yo creo que hay que hacer las distinciones y entender que no todo proyecto es idéntico en términos de impacto, y el problema del SEIA es que los trata a todos por igual y no genera incentivos correctos para aquellos proyectos que efectivamente contribuyen y que generan una reducción neta de emisiones”, precisa.
Actualmente, el informe está disponible en la página del CEP y ya está en poder de diferentes senadores. Hasta el 28 de junio hay plazo para realizar indicaciones al proyecto de ley, que será discutido posteriormente en la sala del Senado.
A inicios de este año, el Ejecutivo ingresó al Senado un proyecto de ley que moderniza la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, en el que uno de los aspectos más importantes es la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La ley que actualmente se encuentra vigente fue promulgada hace 30 años (marzo de 1994), por lo que realizar modificaciones resulta imperativo para agilizar y hacer más eficientes los procesos por los que se evalúan los impactos medioambientales de diferentes proyectos.
Maximiliano Proaño, subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), relató a País Circular que la estructura del proyecto que está siendo analizado se basa en 3 pilares. El primero, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental (SEIA y también la Evaluación Ambiental Estratégica -EAE-); el segundo, el fortalecimiento de la participación ciudadana; y el tercero, que el SEIA otorgue mayores certezas y predictibilidad a los inversores. Además, se propone la eliminación de las Comisiones de Evaluación (COEVA) y del Comité de Ministros.
Si bien existe un consenso general en que la institucionalidad del SEIA debe ser reformada, sí hay diferencias en cuál es la mejor forma de hacerlo. Un informe elaborado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) es crítico del proyecto presentado este año, afirmando que no “proporciona un marco integral para desarrollar una evaluación ambiental más técnica, ágil y eficiente”.
El estudio “Evaluación ambiental ante el Congreso. Diagnóstico parcial y propuestas de reforma insuficientes”, publicado por Puntos de Referencia del CEP, fue realizado por Edesio Carrasco, José Francisco García y Luis Eugenio García-Huidobro, profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En conversación con País Circular, Edesio Carrasco Quiroga destaca que el texto de la iniciativa legal no asegura una mejora en la eficiencia del procedimiento que permite reducir los plazos, que la eliminación de las COEVA o del Comité de Ministros reduzca el carácter político de las evaluaciones y que la unificación de los recursos administrativos y judiciales disminuya la judicialización.
“Adicionalmente agregaría que, en la práctica, lo que hay es una implementación de Escazú, más que un proyecto que pretende reducir la política o pretenda mejorar los plazos”, explica Carrasco.
A juicio del académico, una de las deudas del proyecto de ley guarda relación con la forma en que dialoga con las metas de descarbonización que se ha impuesto el Estado de Chile. “Si queremos reemplazar infraestructura contaminante por infraestructura verde o limpia, no podemos demorarnos cuatro años en la aprobación de un parque eólico u ocho años en un proyecto de desalinización. Tenemos que agilizar ese proceso para contar con esa infraestructura en tiempo y forma para que vaya operando y pueda contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero”, indica el abogado experto en Derecho Ambiental.
“Si queremos infraestructura verde a tiempo, si queremos pasar de las termoeléctricas a paneles solares o proyectos eólicos, no podemos estar 2 años demorándonos en la RCA”, dijo Edesio Carrasco, profesor de la Facultad de Derecho UC.
Análisis integral
El estudio se inserta en un trabajo más amplio que realizaron los académicos UC en el CEP. A principios de mayo presentaron “Permisología Sectorial ante el Congreso: Examen crítico y propuestas de mejora”, donde se evalúa el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Asociado a esto se encuentra también el proyecto de ley sobre “Evaluación Ambiental 2.0”, pero para simplificar la exposición de la información se dividió en dos estudios.
“Hay otro proyecto de ley que modifica las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que no ha tenido o ha recibido mucha atención, al menos pública, pero ingresaron en la misma fecha, tanto este como el otro. Y ambos van de la mano, no hay que olvidar que la Superintendencia del Medio Ambiente fiscaliza y sanciona el incumplimiento de las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), que es el acto terminal de la Evaluación Ambiental”, detalla Carrasco.
Agrega que hay que tomar en cuenta la experiencia internacional para avanzar en las metas de descarbonización, simplificando el proceso de otorgamiento de permisos, ya que “lo que estamos haciendo aquí es complejizarlo. Si queremos infraestructura verde a tiempo, si queremos pasar de las termoeléctricas a paneles solares o proyectos eólicos, no podemos estar 2 años demorándonos en la RCA”.
El abogado UC, socio fundador de Schultz Carrasco Benítez, destaca que la protección al medio ambiente y tener procedimientos de evaluación más ágiles es una posibilidad, ya que hay proyectos que tienen estándares internacionales que simplificarían los procesos.
“Un parque solar es igual en todas partes y la tecnología es conocida. Ahora, si vamos a hablar de una central nuclear, hay que tener todas las prevenciones y resguardos necesarios, pero hoy día pareciera que estamos tratando con el mismo nivel a un parque solar que a una central hidroeléctrica que afecta a todo un valle, cuando son cosas distintas. Y ahí yo creo que hay que hacer las distinciones y entender que no todo proyecto es idéntico en términos de impacto, y el problema del SEIA es que los trata a todos por igual y no genera incentivos correctos para aquellos proyectos que efectivamente contribuyen y que generan una reducción neta de emisiones”, precisa.
Actualmente, el informe está disponible en la página del CEP y ya está en poder de diferentes senadores. Hasta el 28 de junio hay plazo para realizar indicaciones al proyecto de ley, que será discutido posteriormente en la sala del Senado.
