Luego de seis años en el Congreso, proyecto que regula la desalación de agua de mar podría convertirse en ley este 2024
El Ejecutivo acaba de poner urgencia simple a la iniciativa de ley que busca regular la creciente industria de la desalinización en Chile, y se espera que en los próximos días ingrese una indicación sustitutiva que se trabajó durante 2023. Con esos antecedentes, existe optimismo en cuanto a agilizar la tramitación de este proyecto, que fue ingresado en 2018 y aún está en primer trámite constitucional en el Senado. Así lo manifestaron a País Circular la senadora Isabel Allende, coautora del proyecto, y Jorge Bofill, director jurídico de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES), quienes profundizaron sobre algunos aspectos de la iniciativa que aún están en debate.
Hace dos días el Ejecutivo puso urgencia simple al proyecto de ley “Sobre el uso de agua de mar para desalinización”, que comenzó a tramitarse hace más de seis años -en enero de 2018- en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado. Además, en los próximos días el gobierno debiera ingresar una indicación sustitutiva, en la cual se estuvo trabajando en 2023, lo que permitirá avanzar en la discusión parlamentaria y, en un escenario optimista, lograr su aprobación este año o en 2025.
El proyecto de ley corresponde al boletín 11608-09 que, en su presentación original, define 4 ejes principales. Por un lado, establece que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público. También crea una Estrategia Nacional de Desalinización, con el objeto de definir orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras. Además, instaura la prevalencia del uso de las aguas desaladas para el consumo humano, doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos, en la legislación sectorial relativa a las concesiones marinas. Mientras que, en cuarto lugar, dispone que los proyectos sobre instalación de plantas desalinizadoras deban someterse siempre al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Desde la Asociación Chilena de Desalación y Reúso A.G. (ACADES), su director jurídico Jorge Bofill García considera que “este proyecto de ley viene a subsanar un problema que existe hoy en día con la desalinización, y es que no hay un marco normativo que regule la actividad y se ajuste a las necesidades de la industria. El marco normativo general que se está usando es el de las concesiones marítimas. Y el problema es que no se está regulando la actividad”.
“Actualmente las plantas desaladoras entran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no porque tengan una tipología específica, sino por el tamaño de la conducción, o sea, de los tubos. Y un problema particularmente importante que tiene la industria, es que no hay un sistema de servidumbres para instalar las conducciones. Desde 2018 que estamos tramitando el actual proyecto, pero no ha sido tan fácil ponernos de acuerdo”, reflexiona el abogado.
La senadora Isabel Allende Bussi (PS), una de las autoras del proyecto de ley e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, explica que es relevante legislar sobre los recursos hídricos de manera integral, es decir, la conservación de ecosistemas, el fomento del uso eficiente y, además, la incorporación de nuevas fuentes, como la desalación y el reúso de aguas.
“La base de cualquier política en materia de aguas debe ser, primero, la búsqueda de la conservación de nuestras fuentes. A eso nos hemos abocado principalmente en proyectos como la protección de turberas, nuestros humedales o nuestros ríos, mediante el proyecto de ley de Ríos Protegidos que presentamos a inicios de este año. Creemos fundamental avanzar con la eficiencia y correcto uso de este recurso. Y en este sentido, impulsamos el proyecto de ley de Eficiencia Hídrica que fomenta un uso racional de las aguas mediante diversos instrumentos, tales como Planes de Eficiencia Hídrica en organismos públicos”, señala la parlamentaria.
“Adicionalmente, no debemos desentender el potencial que tiene el reúso de nuestras aguas, tanto las aguas grises, donde al fin, después de más de cinco años, podemos contar con el reglamento. O las aguas residuales, donde junto a otros senadores ingresamos un proyecto para reaprovechar aguas que hoy son descargadas mediante emisarios submarinos. Asimismo, dado el contexto de escasez hídrica y crisis climática que impera, es necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de agua”, agrega la senadora por la Región de Valparaíso.
“Ahí encontramos tanto las Soluciones basadas en la Naturaleza y los proyectos de desalinización, que se han multiplicado en los últimos años en nuestro país. Esto, sin contar aún con un cuerpo normativo claro que contemple tanto las exigencias ambientales, así como una Estrategia Nacional que defina y gestione el otorgamiento, uso y extinción de la concesión sobre el bien nacional de uso público que es nuestro mar”, añade Allende Bussi.
“Nos encontramos a la espera de que el Ejecutivo ingrese la indicación sustitutiva al proyecto, que se trabajó durante 2023. Para ello, entiendo que se están afinando los últimos detalles y deberíamos comenzar a ver el proyecto durante junio”, señaló Isabel Allende Bussi, senadora de la República.
Hace dos días el Ejecutivo puso urgencia simple al proyecto de ley “Sobre el uso de agua de mar para desalinización”, que comenzó a tramitarse hace más de seis años -en enero de 2018- en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado. Además, en los próximos días el gobierno debiera ingresar una indicación sustitutiva, en la cual se estuvo trabajando en 2023, lo que permitirá avanzar en la discusión parlamentaria y, en un escenario optimista, lograr su aprobación este año o en 2025.
El proyecto de ley corresponde al boletín 11608-09 que, en su presentación original, define 4 ejes principales. Por un lado, establece que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público. También crea una Estrategia Nacional de Desalinización, con el objeto de definir orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras. Además, instaura la prevalencia del uso de las aguas desaladas para el consumo humano, doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos, en la legislación sectorial relativa a las concesiones marinas. Mientras que, en cuarto lugar, dispone que los proyectos sobre instalación de plantas desalinizadoras deban someterse siempre al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Desde la Asociación Chilena de Desalación y Reúso A.G. (ACADES), su director jurídico Jorge Bofill García considera que “este proyecto de ley viene a subsanar un problema que existe hoy en día con la desalinización, y es que no hay un marco normativo que regule la actividad y se ajuste a las necesidades de la industria. El marco normativo general que se está usando es el de las concesiones marítimas. Y el problema es que no se está regulando la actividad”.
“Actualmente las plantas desaladoras entran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no porque tengan una tipología específica, sino por el tamaño de la conducción, o sea, de los tubos. Y un problema particularmente importante que tiene la industria, es que no hay un sistema de servidumbres para instalar las conducciones. Desde 2018 que estamos tramitando el actual proyecto, pero no ha sido tan fácil ponernos de acuerdo”, reflexiona el abogado.
La senadora Isabel Allende Bussi (PS), una de las autoras del proyecto de ley e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, explica que es relevante legislar sobre los recursos hídricos de manera integral, es decir, la conservación de ecosistemas, el fomento del uso eficiente y, además, la incorporación de nuevas fuentes, como la desalación y el reúso de aguas.
“La base de cualquier política en materia de aguas debe ser, primero, la búsqueda de la conservación de nuestras fuentes. A eso nos hemos abocado principalmente en proyectos como la protección de turberas, nuestros humedales o nuestros ríos, mediante el proyecto de ley de Ríos Protegidos que presentamos a inicios de este año. Creemos fundamental avanzar con la eficiencia y correcto uso de este recurso. Y en este sentido, impulsamos el proyecto de ley de Eficiencia Hídrica que fomenta un uso racional de las aguas mediante diversos instrumentos, tales como Planes de Eficiencia Hídrica en organismos públicos”, señala la parlamentaria.
“Adicionalmente, no debemos desentender el potencial que tiene el reúso de nuestras aguas, tanto las aguas grises, donde al fin, después de más de cinco años, podemos contar con el reglamento. O las aguas residuales, donde junto a otros senadores ingresamos un proyecto para reaprovechar aguas que hoy son descargadas mediante emisarios submarinos. Asimismo, dado el contexto de escasez hídrica y crisis climática que impera, es necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de agua”, agrega la senadora por la Región de Valparaíso.
“Ahí encontramos tanto las Soluciones basadas en la Naturaleza y los proyectos de desalinización, que se han multiplicado en los últimos años en nuestro país. Esto, sin contar aún con un cuerpo normativo claro que contemple tanto las exigencias ambientales, así como una Estrategia Nacional que defina y gestione el otorgamiento, uso y extinción de la concesión sobre el bien nacional de uso público que es nuestro mar”, añade Allende Bussi.
“Nos encontramos a la espera de que el Ejecutivo ingrese la indicación sustitutiva al proyecto, que se trabajó durante 2023. Para ello, entiendo que se están afinando los últimos detalles y deberíamos comenzar a ver el proyecto durante junio”, señaló Isabel Allende Bussi, senadora de la República.
