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Experto analiza en detalle el creciente despliegue que ha tenido la industria del hidrógeno verde en Chile, propiciado por políticas públicas que fomentan la producción, pero que -hasta ahora- no han analizado los impactos socioambientales asociados a la cadena de valor de este vector energético.

Aunque solo contribuye con el 0,26% de las emisiones globales, Chile forma parte de los países que se comprometieron a ser carbono neutral al 2050. Una de las maneras para lograr tal cometido es transitar hacia una matriz energética basada en fuentes renovables, en donde el hidrógeno verde juega un rol relevante en aquellos sectores difíciles de electrificar.

Dicho proceso inició en 2020 con la “Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde”, publicada durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Este hito marcó un antes y un después en esta incipiente industria, ya que desde allí en adelante se ha desarrollado una intensa agenda nacional e internacional que busca posicionar a Chile como un líder en la economía global.

No obstante, aún existen desafíos que se deben abordar, como la necesidad de un marco normativo sólido y una gestión adecuada de los impactos socioambientales. Así, por lo menos, lo concluye el nuevo documento publicado por Cristopher Toledo, economista e investigador de Fundación Terram.

El informe recopila información para proporcionar una visión general del mercado actual y futuro del hidrógeno, haciendo énfasis en la producción de hidrógeno verde en Chile. Donde se destaca su evolución a través de los años, proyecciones de consumo, políticas de promoción y posibles impactos socioambientales en los territorios donde se instalarán los proyectos.

Falta marco normativo que regule la industria
Actualmente la producción de hidrógeno se basa principalmente en combustibles fósiles, sin embargo, Chile -con las ventajas comparativas de su lado- busca posicionarse como uno de los líderes en el mercado mundial de hidrógeno producido en base a energías renovables o mejor conocido como hidrógeno verde.

Para ello, destaca el documento publicado por Fundación Terram, es que desde la administración anterior -seguido por el actual gobierno- se han impulsado una serie de iniciativas que dan un impulso acelerado a la industria. Como, por ejemplo, lo sería la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030, documento recientemente publicado.

En este sentido, el documento destaca dos brechas relacionadas con la Estrategia. Por un lado, se aborda la urgente necesidad de establecer un régimen normativo o de fiscalización adecuado a la masificación de la industria. Mientras que, por el otro lado, se encontraron brechas relacionadas al desarrollo social y territorial, donde el trabajo con las comunidades afectadas es esencial para lograr un desarrollo eficiente e integral.

Aunque actualmente ya hay doce proyectos de producción de hidrógeno verde aprobados, las brechas identificadas en la Estrategia aún no han sido cerradas. Mientras que, en el caso del Plan de Acción, elaborado por el Gobierno de Gabriel Boric, este no hace mención alguna al tratamiento que se dará a los proyectos previamente aprobados.

“Esto abre una serie de cuestionamientos respecto del cumplimiento de estándares mínimos que deberían cumplir estos proyectos, considerando las brechas normativas y de fiscalización que aún se mantienen para esta industria”, indicó Cristopher Toledo, economista y creador del mencionado informe.

Impactos socioambientales en los territorios
Otro punto que destaca el documento son los posibles impactos socioambientales -escasamente documentados- asociados al aumento de infraestructura para la producción de energías renovables. La construcción de parques eólicos y/o centrales solares, necesarios para producir hidrógeno renovable, requieren de un considerable espacio, metales y otros recursos para su instalación.

Dichos requerimientos tienen potenciales impactos socioambientales asociados, los que pueden ser directos en el mismo sistema energético o indirectos en la extracción de recursos necesarios para la construcción de estos sistemas, como lo sería la obtención de agua a través del proceso de desalinización de agua de mar.

De acuerdo a un estudio publicado por el Centro de Análisis Socioambiental (CASA), citado en el informe, entre los impactos directos se encuentran los daños a las especies que habitan los territorios, la interrupción en los beneficios que entrega la naturaleza a los humanos y la ocupación del suelo. Lo anterior, superaría las 300.000 hectáreas de superficie, lo cual alcanzaría entre 4,74 y 6,78 veces la ciudad de Santiago.

En tanto, los efectos indirectos tienen relación con profundizar la dependencia en la extracción de minerales como el cobre y el litio.

Finalmente, concluye el documento, las políticas públicas que buscan posicionar a Chile como líder en la producción de hidrógeno verde, no hacen ningún cuestionamiento al modelo de desarrollo y los patrones de consumo que han propiciado la actual crisis climática. Más bien, es posible que puedan aumentar las brechas sociales y ambientales en los territorios donde se quieren instalar los proyectos de hidrógeno verde.