Opinión: “La acelerada promoción de la industria del hidrógeno verde en Magallanes” por Gabriela Simonetti-Grez, Secretaria Ejecutiva Panel Ciudadano H2 Magallanes
Consideramos que el uso que se proyecta para el H2 perpetúa peligrosos paradigmas de externalización de los costos económicos, sociales y ambientales en la producción de materias primas a gran escala, como la que se pretende en Magallanes.
El 21 de agosto del año pasado, distintas organizaciones reunidas en el “Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes” entregamos una carta al gobernador Jorge Flies, donde solicitamos una moratoria ante la acelerada promoción de la industria del hidrógeno (H2) en la zona. En su calidad de representante de la región en el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde (H2V), le pedimos al Gobierno, por su intermedio, evaluar en forma científica y participativa la escala y alcance de la instalación de esta industria en la región, con su respectivo impacto ambiental, económico y social, antes de dar paso a su instalación.
Seguimos sin recibir respuesta.
A ocho meses de realizada esta gestión –durante los cuales ya han ingresado dos proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y otros anuncian su arribo dentro del año–, decidimos compartir públicamente las principales razones e inquietudes planteadas en la misiva, pues también seguimos creyendo que es necesario considerarlas para implementar no solo un negocio sustentable, sino además una gestión sostenible del territorio y del bienestar de sus habitantes.
De partida, planteamos el contexto de región en emergencia climática, dentro de un planeta en ebullición global que vive una grave crisis ecológica. Según la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, la velocidad de los cambios en la naturaleza como consecuencia de la acción humana durante los últimos 50 años no tiene precedentes en la historia. Entre ellos, destacan el cambio de uso de suelos, el cambio climático y la contaminación, procesos provocados por los actuales sistemas de producción y consumo, por una sostenida expansión urbana, y por innovaciones tecnológicas no siempre adecuadas a territorios y sistemas de gobernanza débiles.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) –formado por 195 países– reconoce explícitamente la interdependencia entre clima, biodiversidad y bienestar humano en la crisis climática. Por lo tanto, las soluciones tendientes a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y a limitar el calentamiento global, deben ser evaluadas, al menos, considerando estas tres dimensiones. Sin embargo, creemos que estos aspectos han sido, escasa y vagamente, abordados en la promoción de la industria del H2, lo cual preocupa.
Y preocupa mucho más considerando la velocidad que se le está imprimiendo al proceso, y las grandes dimensiones de su escala de producción proyectada.
Según la Estrategia Nacional de H2V (2020), el liderazgo productivo chileno a nivel global se logrará alcanzando una capacidad de hidrólisis de 25 GW al 2030, con Magallanes como uno de sus principales polos productivos, y con una inversión proyectada hacia la exportación. Esto ayudaría –en palabras del presidente del Gobierno español– a ‘la Autonomía Estratégica Abierta’ de Europa, requerida para enfrentar conflictos económicos multilaterales que ocurren en sus propias regiones. De hecho, ni la Estrategia Nacional ni la Comunidad Europea ni los proyectos presentados hasta ahora al SEIA explicitan cómo la producción aportará al cumplimiento de las metas de descarbonización de la Región de Magallanes.
Consideramos que el uso que se proyecta para el H2 perpetúa peligrosos paradigmas de externalización de los costos económicos, sociales y ambientales en la producción de materias primas a gran escala, como la que se pretende en Magallanes. Para una transición energética justa, es necesario considerar –de manera temprana, transparente y sistemática– la participación e intereses de quienes habitan esta región, y dar a conocer al menos cuatro elementos clave ausentes en la discusión pública:
-Cuál será la escala de intervención que se requiere para alcanzar la meta productiva.
-Cuáles serán los impactos que generará esta industria en comunidades y ecosistemas.
-Cómo se resguardará el cumplimiento de los compromisos de democracia y justicia ambiental.
Cuáles son los usos que se le dará a este vector energético en la región.
Esta demanda de los países desarrollados para descarbonizar sus matrices energéticas es una oportunidad para países del hemisferio sur de apalancar grandes cantidades de recursos. Dicen que en dos años más ya estará definido quiénes la aprovecharon; por eso el aceleramiento. Pero ‘quien se apura en la Patagonia, pierde el tiempo’, dice el refrán. No solo porque un territorio extremo da sorpresas, sino también porque se puede perder otra oportunidad mayor, que es la de permitir que la ecorregión subantártica transite hacia el desarrollo sustentable y sostenible sin sacrificio.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador, Sustentable se limita sólo reproducir este contenido.
El Mostrador
El 21 de agosto del año pasado, distintas organizaciones reunidas en el “Panel Ciudadano sobre Hidrógeno en Magallanes” entregamos una carta al gobernador Jorge Flies, donde solicitamos una moratoria ante la acelerada promoción de la industria del hidrógeno (H2) en la zona. En su calidad de representante de la región en el Comité Estratégico de Hidrógeno Verde (H2V), le pedimos al Gobierno, por su intermedio, evaluar en forma científica y participativa la escala y alcance de la instalación de esta industria en la región, con su respectivo impacto ambiental, económico y social, antes de dar paso a su instalación.
Seguimos sin recibir respuesta.
A ocho meses de realizada esta gestión –durante los cuales ya han ingresado dos proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y otros anuncian su arribo dentro del año–, decidimos compartir públicamente las principales razones e inquietudes planteadas en la misiva, pues también seguimos creyendo que es necesario considerarlas para implementar no solo un negocio sustentable, sino además una gestión sostenible del territorio y del bienestar de sus habitantes.
De partida, planteamos el contexto de región en emergencia climática, dentro de un planeta en ebullición global que vive una grave crisis ecológica. Según la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, la velocidad de los cambios en la naturaleza como consecuencia de la acción humana durante los últimos 50 años no tiene precedentes en la historia. Entre ellos, destacan el cambio de uso de suelos, el cambio climático y la contaminación, procesos provocados por los actuales sistemas de producción y consumo, por una sostenida expansión urbana, y por innovaciones tecnológicas no siempre adecuadas a territorios y sistemas de gobernanza débiles.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) –formado por 195 países– reconoce explícitamente la interdependencia entre clima, biodiversidad y bienestar humano en la crisis climática. Por lo tanto, las soluciones tendientes a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y a limitar el calentamiento global, deben ser evaluadas, al menos, considerando estas tres dimensiones. Sin embargo, creemos que estos aspectos han sido, escasa y vagamente, abordados en la promoción de la industria del H2, lo cual preocupa.
Y preocupa mucho más considerando la velocidad que se le está imprimiendo al proceso, y las grandes dimensiones de su escala de producción proyectada.
Según la Estrategia Nacional de H2V (2020), el liderazgo productivo chileno a nivel global se logrará alcanzando una capacidad de hidrólisis de 25 GW al 2030, con Magallanes como uno de sus principales polos productivos, y con una inversión proyectada hacia la exportación. Esto ayudaría –en palabras del presidente del Gobierno español– a ‘la Autonomía Estratégica Abierta’ de Europa, requerida para enfrentar conflictos económicos multilaterales que ocurren en sus propias regiones. De hecho, ni la Estrategia Nacional ni la Comunidad Europea ni los proyectos presentados hasta ahora al SEIA explicitan cómo la producción aportará al cumplimiento de las metas de descarbonización de la Región de Magallanes.
Consideramos que el uso que se proyecta para el H2 perpetúa peligrosos paradigmas de externalización de los costos económicos, sociales y ambientales en la producción de materias primas a gran escala, como la que se pretende en Magallanes. Para una transición energética justa, es necesario considerar –de manera temprana, transparente y sistemática– la participación e intereses de quienes habitan esta región, y dar a conocer al menos cuatro elementos clave ausentes en la discusión pública:
-Cuál será la escala de intervención que se requiere para alcanzar la meta productiva.
-Cuáles serán los impactos que generará esta industria en comunidades y ecosistemas.
-Cómo se resguardará el cumplimiento de los compromisos de democracia y justicia ambiental.
Cuáles son los usos que se le dará a este vector energético en la región.
Esta demanda de los países desarrollados para descarbonizar sus matrices energéticas es una oportunidad para países del hemisferio sur de apalancar grandes cantidades de recursos. Dicen que en dos años más ya estará definido quiénes la aprovecharon; por eso el aceleramiento. Pero ‘quien se apura en la Patagonia, pierde el tiempo’, dice el refrán. No solo porque un territorio extremo da sorpresas, sino también porque se puede perder otra oportunidad mayor, que es la de permitir que la ecorregión subantártica transite hacia el desarrollo sustentable y sostenible sin sacrificio.
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