Opinion: “Réquiem por la inseguridad hídrica en la Región de Coquimbo” por Francisco Corral Macías, por Presidente Colegio de Ingenieros Agrónomos Regional de Coquimbo
La escasez hídrica es estructural y no temporal, causada no solo por el cambio climático, sino también por la ineficaz gestión pública y privada para enfrentarla.
La reciente sesión de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, celebrada en Ovalle el 5 de enero pasado, dejó en evidencia la ausencia de un plan maestro para afrontar la grave crisis hídrica que afecta a la Región de Coquimbo. En lugar de una solución estratégica e integrada que sustente la seguridad hídrica necesaria, se reiteraron anuncios pasados, propuestas y proyectos de inversión focalizados solamente en la mitigación de la emergencia.
En el mejor de los casos y subsanando los cuestionamientos ambientales, se podría contar con una desaladora operando el año 2029 en Coquimbo, siendo aparentemente el proyecto con mayor viabilidad para su materialización el de Aguas del Valle, planta cuyo objetivo inicial es utilizarse como complemento durante los periodos en que las fuentes de agua dulce no puedan abastecer la totalidad de la demanda de agua potable, produciendo –en su primera fase– entre 200 y 600 litros por segundo, para llegar, según se prospecta, hasta 1.200 litros por segundo en el futuro.
Aunque se sugiere que los proyectos de desaladoras sean multipropósito, esta idea parece poco factible, considerando los bajos caudales estimados para el proyecto de Aguas del Valle, especialmente insuficientes para satisfacer las demandas de la agricultura. Además, la viabilidad de hacerla multipropósito depende de que la fracción destinada a la agricultura sea subsidiada, dados los altos costos que implicaría su disposición final. Si lo que se pretende es contemplar en una segunda etapa un nuevo uso fuera del consumo humano, hay que considerar las muchas condicionantes técnicas para ello: o se proyecta desde un inicio una planta multipropósito o deberán levantar más de una planta unipropósito, con el impacto ambiental y territorial que conlleva para la región, los mayores costos, el desaprovechamiento de las economías de escala que una planta multipropósito genera, y la dura espera de los agricultores a un agua que no llega.
Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Comisión Nacional de Riego (CNR) informan sobre bonificaciones, concursos y mejoras en la infraestructura, pero lamentablemente no se menciona un plan estratégico nacional y regional de seguridad hídrica con acciones a corto, mediano y largo plazo.
La ministra del MOP, Jessica López, admitió que no se comprendió a cabalidad la gravedad y persistencia de esta sequía y, menos aún, como lo manifesté en la comisión, que la escasez hídrica es estructural y no temporal, causada no solo por el cambio climático, sino también por la ineficaz gestión pública y privada para enfrentarla. En este sentido, cabe preguntarse por qué el MOP no optó por una alternativa para la región antes, existiendo además del proyecto de Aguas del Valle, una solución multipropósito presentada por una firma internacional de agua –Cadagua del grupo Ferrovial– y declarada de interés público en noviembre de 2019. Si hubiese sido así, hoy tendríamos una firma seleccionada para iniciar la construcción de la planta; sin embargo, estamos aspirando a que se lleve a cabo –en no menos de un año, siendo optimistas– el tan ansiado proyecto de licitación.
En este contexto, los agricultores de la Región de Coquimbo están asumiendo las consecuencias de la falta de previsión y acción ante la escasez hídrica, una responsabilidad compartida por un Estado que llegó tarde a las soluciones que le correspondían, y por los privados, quienes no tomaron en cuenta adecuadamente este riesgo de alta probabilidad e impacto, cuyas señales fueron anticipadas por profesionales, organizaciones académicas y gremiales desde inicios de este siglo, lo que se traducirá en un aumento de quiebras de empresas, cesantía y la continuación de la reducción de inversiones y de superficie productiva.
Sin agua, no habrá alimentos y desarrollo posible que permita las soluciones en pensiones, salud, educación y otras necesidades básicas que se demandan. Cuando la gestión del Estado y el Presupuesto de la Nación planifique adecuadamente y releve el agua y saneamiento como sus ejes prioritarios y no solo como parte de un ministerio, podríamos albergar la esperanza de avanzar a la seguridad hídrica que con tanta urgencia requiere Chile y la Región de Coquimbo en particular.
La reciente sesión de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, celebrada en Ovalle el 5 de enero pasado, dejó en evidencia la ausencia de un plan maestro para afrontar la grave crisis hídrica que afecta a la Región de Coquimbo. En lugar de una solución estratégica e integrada que sustente la seguridad hídrica necesaria, se reiteraron anuncios pasados, propuestas y proyectos de inversión focalizados solamente en la mitigación de la emergencia.
En el mejor de los casos y subsanando los cuestionamientos ambientales, se podría contar con una desaladora operando el año 2029 en Coquimbo, siendo aparentemente el proyecto con mayor viabilidad para su materialización el de Aguas del Valle, planta cuyo objetivo inicial es utilizarse como complemento durante los periodos en que las fuentes de agua dulce no puedan abastecer la totalidad de la demanda de agua potable, produciendo –en su primera fase– entre 200 y 600 litros por segundo, para llegar, según se prospecta, hasta 1.200 litros por segundo en el futuro.
Aunque se sugiere que los proyectos de desaladoras sean multipropósito, esta idea parece poco factible, considerando los bajos caudales estimados para el proyecto de Aguas del Valle, especialmente insuficientes para satisfacer las demandas de la agricultura. Además, la viabilidad de hacerla multipropósito depende de que la fracción destinada a la agricultura sea subsidiada, dados los altos costos que implicaría su disposición final. Si lo que se pretende es contemplar en una segunda etapa un nuevo uso fuera del consumo humano, hay que considerar las muchas condicionantes técnicas para ello: o se proyecta desde un inicio una planta multipropósito o deberán levantar más de una planta unipropósito, con el impacto ambiental y territorial que conlleva para la región, los mayores costos, el desaprovechamiento de las economías de escala que una planta multipropósito genera, y la dura espera de los agricultores a un agua que no llega.
Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Comisión Nacional de Riego (CNR) informan sobre bonificaciones, concursos y mejoras en la infraestructura, pero lamentablemente no se menciona un plan estratégico nacional y regional de seguridad hídrica con acciones a corto, mediano y largo plazo.
La ministra del MOP, Jessica López, admitió que no se comprendió a cabalidad la gravedad y persistencia de esta sequía y, menos aún, como lo manifesté en la comisión, que la escasez hídrica es estructural y no temporal, causada no solo por el cambio climático, sino también por la ineficaz gestión pública y privada para enfrentarla. En este sentido, cabe preguntarse por qué el MOP no optó por una alternativa para la región antes, existiendo además del proyecto de Aguas del Valle, una solución multipropósito presentada por una firma internacional de agua –Cadagua del grupo Ferrovial– y declarada de interés público en noviembre de 2019. Si hubiese sido así, hoy tendríamos una firma seleccionada para iniciar la construcción de la planta; sin embargo, estamos aspirando a que se lleve a cabo –en no menos de un año, siendo optimistas– el tan ansiado proyecto de licitación.
En este contexto, los agricultores de la Región de Coquimbo están asumiendo las consecuencias de la falta de previsión y acción ante la escasez hídrica, una responsabilidad compartida por un Estado que llegó tarde a las soluciones que le correspondían, y por los privados, quienes no tomaron en cuenta adecuadamente este riesgo de alta probabilidad e impacto, cuyas señales fueron anticipadas por profesionales, organizaciones académicas y gremiales desde inicios de este siglo, lo que se traducirá en un aumento de quiebras de empresas, cesantía y la continuación de la reducción de inversiones y de superficie productiva.
Sin agua, no habrá alimentos y desarrollo posible que permita las soluciones en pensiones, salud, educación y otras necesidades básicas que se demandan. Cuando la gestión del Estado y el Presupuesto de la Nación planifique adecuadamente y releve el agua y saneamiento como sus ejes prioritarios y no solo como parte de un ministerio, podríamos albergar la esperanza de avanzar a la seguridad hídrica que con tanta urgencia requiere Chile y la Región de Coquimbo en particular.
