Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por reforma al sistema: “Este proyecto nos dará más herramientas para asegurar una evaluación más técnica”
Junto con destacar la ampliación de facultades del organismo, la autoridad aborda los primeros focos de preocupación. “La participación ciudadana y el buen relacionamiento con las comunidades se tiene que dar antes del ingreso de un proyecto, durante la evaluación y toda su ejecución”, dice.
El martes comenzará la discusión de la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tras ingresar el miércoles al Congreso. Entre otros ajustes, con la eliminación del Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coevas), la decisión de aprobar o rechazar un proyecto recaería fundamentalmente en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
A juicio de la directora ejecutiva de la entidad, Valentina Durán, la presentación del proyecto que reforma el SEIA -junto al que crea el sistema inteligente de permisos-, “es una oportunidad de buscar más eficiencia en el Estado, junto con resguardar todos los bienes jurídicos que están detrás de cada permiso y también de la evaluación de impacto ambiental”.
“No hay contradicción entre una robusta protección del medio ambiente, de la salud y de otros bienes importantes dentro del patrimonio nacional y buscar mayor agilidad, así que estamos entusiasmados”, dice.
“Al margen de este proyecto, trabajamos todos los días para ir reduciendo los ámbitos de discrecionalidad de las decisiones de los directores regionales y de la propia Dirección Ejecutiva”.
Frente a su rol en el Congreso, aclara que la tramitación es responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente y que el SEA aportará los insumos técnicos necesarios y estará disponible para ilustrar a los parlamentarios acerca de las consecuencias de una u otra decisión: “Somos un servicio que ejecuta política pública, que no la define, y el Congreso conoce este papel”.
– ¿Qué es lo más emblemático que se introduce en esta reforma?
Este proyecto nos dará más herramientas como servicio para asegurar una evaluación más técnica, de excelencia, que dé más certezas y al reforzar la participación ciudadana también favorece el buen clima para la inversión y el ejercicio de los derechos de acceso. Una de las herramientas que nos entrega este proyecto -que me parece sumamente importante- es que se amplía las facultades del SEA, permitiéndole dictar instrucciones generales y también establecer programas y subprogramas de evaluación, tal como los tiene la Superintendencia del Medio Ambiente. Es una facultad que nos permite anticiparnos y priorizar en función de necesidades del mercado o de política pública. Es una herramienta poderosa. Por supuesto, como eje fundamental está el asegurar que la evaluación de impacto ambiental sea más técnica y eliminar el componente político de la toma de decisiones.
– ¿Qué tanto se fortalece al SEA?
De aprobarse, nos permite tener un SEA con mejores herramientas para ejercer su rectoría técnica exclusiva y excluyente y con eso dar mayores certezas. Esto tiene que ser acompañado de esfuerzos en distintos niveles de política pública. Favorece a una evaluación que se completen los instrumentos de planificación territorial, política pública, ordenamiento del territorio. En la medida que tengamos mayor densidad normativa, un servicio y un sistema que dé garantía de sus nombramientos técnicos y de sus decisiones técnicas, da mayores certezas.
– ¿Y cómo se garantizará que las decisiones de la Dirección Ejecutiva y las direcciones regionales serán técnicas y no se vuelva a caer en lo que se está eliminando?
Seguirá existiendo el control por los tribunales ambientales que hacen un examen técnico y jurídico, y por la Corte Suprema. Hoy los directores regionales son nombrados a través del sistema de Alta Dirección Pública, lo mismo en la Dirección Ejecutiva, no obstante, se use a veces en el caso de la facultad del Presidente de designar directamente. Pero se trata, además con todos los instrumentos que tenemos de transparencia, de ir reduciendo la discrecionalidad. Cuando se critica el carácter político que pueda tener la decisión de hoy, hay que entender que eso tiene sus matices, porque son materias normadas, que la misma ley, el reglamento y los instructivos restringen los ámbitos de discrecionalidad. Y también existe el control de los tribunales ambientales. No existe una norma que permita, por ejemplo, aprobar un proyecto a pesar de que éste no cumpla la normativa ambiental. O que permita rechazarlo por otras consideraciones. Pero este es un tema de que la sociedad requiere determinadas confianzas.
– ¿Y en ese sentido haría falta reforzar ese carácter técnico?
Es una tarea permanente. Al margen de este proyecto, trabajamos todos los días para ir reduciendo los ámbitos de discrecionalidad de las decisiones de los directores regionales y de la propia Dirección Ejecutiva.
Participación ciudadana
– Sofofa dijo ver con preocupación aspectos del proyecto en materia de participación y de mayores atribuciones al Ministerio del Medio Ambiente en desmedro de avanzar hacia una visión más integral que pueda incluir a otras autoridades… ¿Qué le parece?
No tengo claridad acerca de los fundamentos de esa preocupación, pero existe bastante comprensión y consenso en general en la industria de que un buen proceso de participación ciudadana fortalece los proyectos, la evaluación y el buen clima que necesita después la ejecución de un proyecto. Porque la participación ciudadana y el buen relacionamiento con las comunidades, que son dos dimensiones distintas, se tiene que dar antes del ingreso de un proyecto, durante la evaluación y toda su ejecución.
– En las DIA, se propone eliminar como requisito para abrir una etapa de participación la justificación de cargas ambientales para comunidades próximas. Será suficiente una solicitud de 10 personas. ¿No genera incerteza en el proceso?
Lo que veo más bien es que genera incerteza que una dirección regional decida no abrir una participación ciudadana porque genera un flanco de posible judicialización. Este proyecto busca un punto medio entre lo que teníamos hasta ahora y lo que algunos quisieran de una participación ciudadana a todo evento en las DIA. Porque las DIA no necesariamente siempre van a despertar interés de la ciudadanía. Lo importante es que, si hay ciudadanos que están dispuestos a firmar una solicitud porque quieren un período de participación, no se cierre la puerta y que se haga a través de los canales formales.
– La ministra Rojas reconoció que la eliminación de las Coevas “generará debate”. ¿Coincide?
Es posible que se dé un debate en torno a esos aspectos, al Comité de Ministros o las Coeva. También algunos van probablemente estimar que la participación ciudadana temprana debiera ser obligatoria, o que la participación debe ser obligatoria para las DIA. Está abierto el debate democrático en el Congreso. Sobre las Coeva y el Comité de Ministros, esto tiene que ver con un salto que tenemos que dar como país en el sentido de tener mayor densidad normativa para que se entienda que las decisiones de política pública no se toman en el SEIA.
– Se permite poner término anticipado hasta después de la primera adenda. ¿Afecta la certeza jurídica que se amplíe más el tiempo respecto a lo ya existente?
No, le da más herramientas tanto a los titulares como la Administración, pero son cuestiones totalmente debatibles sobre la base de la evidencia. Hay muchos proyectos que han recibido una resolución de término anticipado y eso les ha permitido identificar falencias y mejorar. Otros se sienten muy decepcionados. Pero, en general, ha demostrado ser una herramienta que también permite una administración más eficiente. La señal es que ingresen proyectos completos.
– Se critica que la demora en la tramitación de proyectos se debe a las múltiples observaciones de servicios, lo que obliga a titulares a suspender el trámite por tiempos cada vez más largos…
El Servicio cumple siempre los plazos, porque tenemos silencio administrativo. Hay que distinguir demoras y problemas de tramitación de otras autorizaciones que son las que aborda el proyecto del Ministerio de Economía. Aquí hay otras medidas que buscan más específicamente reducción de plazos como la ampliación de las hipótesis que permiten la calificación de urgencia.
Aumento de dotación y grados, más implementación de dos consultorías
Las responsabilidades que recaerían en el SEA son asumidas en el informe financiero del proyecto. Respecto a la entidad, hay un aumento de la dotación en 13 funcionarios. Se incrementa el grado a 16 directores regionales, y se contempla la transferencia de recursos para dos consultorías por $ 50 millones para el diseño e implementación de los registros de facilitadores y consultores, respectivamente. Además, se destinan recursos para apoyar las capacidades de análisis relativas a proyectos o sectores específicos conforme a consideraciones de interés nacional. En total, en cuanto al SEA, el gasto en régimen será de $ 765 millones y $ 840 millones el primer año. “Nos va a permitir dar un salto, consolidando nuestro rol técnico”, dice Durán, agregando que tendrán mejores herramientas para un trabajo coordinado con el resto de la administración pública. Sobre los recursos destinados, indica que “siempre los directores de servicio vamos a encontrar que son insuficientes y vamos a estar buscando, pero de cara a la ciudadanía tenemos que hacer todos los esfuerzos por ser eficientes”.
El martes comenzará la discusión de la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tras ingresar el miércoles al Congreso. Entre otros ajustes, con la eliminación del Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coevas), la decisión de aprobar o rechazar un proyecto recaería fundamentalmente en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
A juicio de la directora ejecutiva de la entidad, Valentina Durán, la presentación del proyecto que reforma el SEIA -junto al que crea el sistema inteligente de permisos-, “es una oportunidad de buscar más eficiencia en el Estado, junto con resguardar todos los bienes jurídicos que están detrás de cada permiso y también de la evaluación de impacto ambiental”.
“No hay contradicción entre una robusta protección del medio ambiente, de la salud y de otros bienes importantes dentro del patrimonio nacional y buscar mayor agilidad, así que estamos entusiasmados”, dice.
“Al margen de este proyecto, trabajamos todos los días para ir reduciendo los ámbitos de discrecionalidad de las decisiones de los directores regionales y de la propia Dirección Ejecutiva”.
Frente a su rol en el Congreso, aclara que la tramitación es responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente y que el SEA aportará los insumos técnicos necesarios y estará disponible para ilustrar a los parlamentarios acerca de las consecuencias de una u otra decisión: “Somos un servicio que ejecuta política pública, que no la define, y el Congreso conoce este papel”.
– ¿Qué es lo más emblemático que se introduce en esta reforma?
Este proyecto nos dará más herramientas como servicio para asegurar una evaluación más técnica, de excelencia, que dé más certezas y al reforzar la participación ciudadana también favorece el buen clima para la inversión y el ejercicio de los derechos de acceso. Una de las herramientas que nos entrega este proyecto -que me parece sumamente importante- es que se amplía las facultades del SEA, permitiéndole dictar instrucciones generales y también establecer programas y subprogramas de evaluación, tal como los tiene la Superintendencia del Medio Ambiente. Es una facultad que nos permite anticiparnos y priorizar en función de necesidades del mercado o de política pública. Es una herramienta poderosa. Por supuesto, como eje fundamental está el asegurar que la evaluación de impacto ambiental sea más técnica y eliminar el componente político de la toma de decisiones.
– ¿Qué tanto se fortalece al SEA?
De aprobarse, nos permite tener un SEA con mejores herramientas para ejercer su rectoría técnica exclusiva y excluyente y con eso dar mayores certezas. Esto tiene que ser acompañado de esfuerzos en distintos niveles de política pública. Favorece a una evaluación que se completen los instrumentos de planificación territorial, política pública, ordenamiento del territorio. En la medida que tengamos mayor densidad normativa, un servicio y un sistema que dé garantía de sus nombramientos técnicos y de sus decisiones técnicas, da mayores certezas.
– ¿Y cómo se garantizará que las decisiones de la Dirección Ejecutiva y las direcciones regionales serán técnicas y no se vuelva a caer en lo que se está eliminando?
Seguirá existiendo el control por los tribunales ambientales que hacen un examen técnico y jurídico, y por la Corte Suprema. Hoy los directores regionales son nombrados a través del sistema de Alta Dirección Pública, lo mismo en la Dirección Ejecutiva, no obstante, se use a veces en el caso de la facultad del Presidente de designar directamente. Pero se trata, además con todos los instrumentos que tenemos de transparencia, de ir reduciendo la discrecionalidad. Cuando se critica el carácter político que pueda tener la decisión de hoy, hay que entender que eso tiene sus matices, porque son materias normadas, que la misma ley, el reglamento y los instructivos restringen los ámbitos de discrecionalidad. Y también existe el control de los tribunales ambientales. No existe una norma que permita, por ejemplo, aprobar un proyecto a pesar de que éste no cumpla la normativa ambiental. O que permita rechazarlo por otras consideraciones. Pero este es un tema de que la sociedad requiere determinadas confianzas.
– ¿Y en ese sentido haría falta reforzar ese carácter técnico?
Es una tarea permanente. Al margen de este proyecto, trabajamos todos los días para ir reduciendo los ámbitos de discrecionalidad de las decisiones de los directores regionales y de la propia Dirección Ejecutiva.
Participación ciudadana
– Sofofa dijo ver con preocupación aspectos del proyecto en materia de participación y de mayores atribuciones al Ministerio del Medio Ambiente en desmedro de avanzar hacia una visión más integral que pueda incluir a otras autoridades… ¿Qué le parece?
No tengo claridad acerca de los fundamentos de esa preocupación, pero existe bastante comprensión y consenso en general en la industria de que un buen proceso de participación ciudadana fortalece los proyectos, la evaluación y el buen clima que necesita después la ejecución de un proyecto. Porque la participación ciudadana y el buen relacionamiento con las comunidades, que son dos dimensiones distintas, se tiene que dar antes del ingreso de un proyecto, durante la evaluación y toda su ejecución.
– En las DIA, se propone eliminar como requisito para abrir una etapa de participación la justificación de cargas ambientales para comunidades próximas. Será suficiente una solicitud de 10 personas. ¿No genera incerteza en el proceso?
Lo que veo más bien es que genera incerteza que una dirección regional decida no abrir una participación ciudadana porque genera un flanco de posible judicialización. Este proyecto busca un punto medio entre lo que teníamos hasta ahora y lo que algunos quisieran de una participación ciudadana a todo evento en las DIA. Porque las DIA no necesariamente siempre van a despertar interés de la ciudadanía. Lo importante es que, si hay ciudadanos que están dispuestos a firmar una solicitud porque quieren un período de participación, no se cierre la puerta y que se haga a través de los canales formales.
– La ministra Rojas reconoció que la eliminación de las Coevas “generará debate”. ¿Coincide?
Es posible que se dé un debate en torno a esos aspectos, al Comité de Ministros o las Coeva. También algunos van probablemente estimar que la participación ciudadana temprana debiera ser obligatoria, o que la participación debe ser obligatoria para las DIA. Está abierto el debate democrático en el Congreso. Sobre las Coeva y el Comité de Ministros, esto tiene que ver con un salto que tenemos que dar como país en el sentido de tener mayor densidad normativa para que se entienda que las decisiones de política pública no se toman en el SEIA.
– Se permite poner término anticipado hasta después de la primera adenda. ¿Afecta la certeza jurídica que se amplíe más el tiempo respecto a lo ya existente?
No, le da más herramientas tanto a los titulares como la Administración, pero son cuestiones totalmente debatibles sobre la base de la evidencia. Hay muchos proyectos que han recibido una resolución de término anticipado y eso les ha permitido identificar falencias y mejorar. Otros se sienten muy decepcionados. Pero, en general, ha demostrado ser una herramienta que también permite una administración más eficiente. La señal es que ingresen proyectos completos.
– Se critica que la demora en la tramitación de proyectos se debe a las múltiples observaciones de servicios, lo que obliga a titulares a suspender el trámite por tiempos cada vez más largos…
El Servicio cumple siempre los plazos, porque tenemos silencio administrativo. Hay que distinguir demoras y problemas de tramitación de otras autorizaciones que son las que aborda el proyecto del Ministerio de Economía. Aquí hay otras medidas que buscan más específicamente reducción de plazos como la ampliación de las hipótesis que permiten la calificación de urgencia.
Aumento de dotación y grados, más implementación de dos consultorías
Las responsabilidades que recaerían en el SEA son asumidas en el informe financiero del proyecto. Respecto a la entidad, hay un aumento de la dotación en 13 funcionarios. Se incrementa el grado a 16 directores regionales, y se contempla la transferencia de recursos para dos consultorías por $ 50 millones para el diseño e implementación de los registros de facilitadores y consultores, respectivamente. Además, se destinan recursos para apoyar las capacidades de análisis relativas a proyectos o sectores específicos conforme a consideraciones de interés nacional. En total, en cuanto al SEA, el gasto en régimen será de $ 765 millones y $ 840 millones el primer año. “Nos va a permitir dar un salto, consolidando nuestro rol técnico”, dice Durán, agregando que tendrán mejores herramientas para un trabajo coordinado con el resto de la administración pública. Sobre los recursos destinados, indica que “siempre los directores de servicio vamos a encontrar que son insuficientes y vamos a estar buscando, pero de cara a la ciudadanía tenemos que hacer todos los esfuerzos por ser eficientes”.
