En febrero entró en vigencia una serie de modificaciones que buscan fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país, tras varios años de discusión en el Congreso y que incluyeron la participación de la CChC.
Desde febrero ya está vigente la Ley 21.807, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país, una iniciativa que empezó a discutirse en el Congreso Nacional en 2024 y en cuyo debate participó activamente la Cámara Chilena de la Construcción.
Esta ley se enmarca en las dificultades que generan hoy los extensos tiempos de tramitación de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) y la preponderancia de planes reguladores comunales desactualizados, lo que suscita un problema para lograr ciudades más sustentables y resolver los problemas de acceso a la vivienda que aquejan a tantas familias.
Con el espíritu de hacerse parte del debate y perfeccionar la iniciativa, la CChC asistió al Congreso a exponer y aportó insumos para la discusión, como la exigencia de fijar densidades mínimas para los planes reguladores intercomunales (PRI); o la priorización de capacitación en planificación para municipios vulnerables.
Cuáles son los cambios
Una de las principales modificaciones que hace esta ley es que establece un plazo máximo para la elaboración de los planes. El texto señala que el proceso debe avanzar desde el acto de inicio de preparación hasta el comienzo de la etapa aprobación y consulta pública del anteproyecto en un máximo de 3 años, con posibilidad de una prórroga. Esto genera un contraste con la situación actual, en la que hay comunas que llevan más de 5 años tramitando la actualización de su plan.
Por otra parte, la ley considera “informes bienales de monitoreo” obligatorios, que exigen indicadores definidos y un pronunciamiento sobre si corresponde actualizar el instrumento. Aquello reemplaza la obligación fija de actualizar los IPT cada 10 años.
Otro de los cambios clave que trae la ley es que los PRI podrán definir densidades mínimas que deberán establecerse en los planes reguladores comunales, los que podrán establecerse en zonas que se identifiquen como zonas de buena accesibilidad a bienes y servicios públicos urbanos relevantes.
Entre otros puntos destacados está la nueva obligación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de ofrecer e informar anualmente programas de capacitación en planificación a funcionarios municipales y gobiernos regionales, con especial foco en municipios vulnerables.
Toma de razón y otros cambios
Durante el debate del proyecto, levantó varias alarmas una propuesta que se consideró sobre evitar el trámite de la toma de razón de Contraloría para los planes reguladores comunales. No obstante, la discusión derivó en una norma distinta y se ordenó la tramitación en dos regímenes distintos. En el caso de las comunas con Plan Regulador Intercomunal, el PRC se aprueba vía decreto alcaldicio luego de un proceso de revisión de la Seremi de Vivienda y no lleva toma de razón. En el caso de las comunas sin PRI, la aprobación en su última instancia sí requiere toma de razón del organismo contralor.
Entre otros puntos, también se incluyó la posibilidad de generar convenios de colaboración entre Serviu y municipios u otros actores; y nuevos requisitos en cuanto a transparencia y acceso a la información.