Desde el gremio llamaron a comunicar con precisión y responsabilidad este tipo de procesos, evitando alarmar a la ciudadanía con información parcial.
La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera A.G.) emitió un comunicado para aclarar los antecedentes técnicos del proceso de ajuste tarifario eléctrico actualmente en revisión, enfatizando que el impacto real en los consumidores finales ha sido mínimo y que el sistema cuenta con los mecanismos necesarios para realizar las correcciones correspondientes antes de que se apliquen los cobros futuros.
Según explicó el gremio, el ajuste tiene un origen técnico, relacionado con la aplicación de una tasa de interés que consideró la inflación y que, al sumarse posteriormente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), generó una doble corrección parcial en los saldos acumulados por diferencias de facturación. Este proceso, resaltaron, está siendo actualmente revisado por las autoridades competentes para realizar los ajustes pertinentes.
Acera precisó que el monto total en revisión alcanza los US$115 millones, pero sólo cerca de US$2 millones (menos del 2%) ha sido efectivamente cobrado a los consumidores. El 98% restante no ha sido aplicado, ya que estaba programado legalmente para realizarse entre 2028 y 2034, de acuerdo con la Ley 21.472 de Estabilización de Tarifas Eléctricas, publicada en agosto de 2022.
“Del total en revisión, sólo una fracción mínima —US$2 millones— se ha cobrado. El resto no se ha pagado por los clientes, y está siendo revisado. El sistema eléctrico chileno cuenta con mecanismos técnicos y legales para asegurar tarifas correctas, justas y transparentes. Los clientes deberían recibir los ajustes que procedan el año 2026”, resaltaron desde la asociación gremial.
Asimismo, desde Acera destacaron que la transición energética nacional exige fortalecer las capacidades institucionales y las herramientas de gestión del sector público, para garantizar un desempeño eficiente y confiable. Además, llamó a comunicar con precisión y responsabilidad este tipo de procesos, evitando alarmar a la ciudadanía con información incompleta o errónea.