Si bien la iniciativa se despachó el 1 de julio, estuvo detenida en el Tribunal Constitucional por un requerimiento ingresado por parte de un grupo de parlamentarios.
El proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales está más cerca de ser ley: la semana pasada, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso que presentó un grupo de parlamentarios sobre cinco artículos de la iniciativa, cuestionando que con ellos se vulneraban determinadas garantías constitucionales.
Con esa decisión, a la iniciativa le resta el control obligatorio del Tribunal Constitucional, ya que el proyecto modifica normas de leyes orgánicas constitucionales (LOC). Luego de esa etapa, corresponde su promulgación por parte del Presidente de la República y su publicación en el Diario Oficial para dar inicio a su entrada en vigencia. No obstante, el proceso de implementación tomará varios meses y los cambios no serán inmediatos.
Lo primero será, una vez publicada la ley, la entrada en vigencia de las reglas generales del nuevo sistema, como las modificaciones base al proceso de autorizaciones.
Durante los primeros meses, se iniciará un proceso de clasificación de permisos según tipologías, con participación del Ministerio de Economía y los organismos sectoriales. Este trabajo dará origen al primer decreto supremo que fijará esa clasificación, a los cuatro meses desde la publicación.
En paralelo, se avanzará en la implementación de la nueva plataforma digital para gestionar autorizaciones, y a partir del segundo año, se podrían empezar a ver los primeros efectos concretos en las normativas sectoriales y en los tiempos de tramitación.
Aquí una guía de preguntas y respuestas para entender qué pasó con la ley en este mes:
¿Por qué aún no se ha promulgado?
Si bien el Congreso Nacional despachó el proyecto el 1 de julio, un grupo de parlamentarios oficialistas presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, en contra de cinco artículos del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC), por mayoría, resolvió no acoger a trámite el requerimiento. Aunque la decisión contó con votos disidentes de algunas ministras del TC, el fallo mayoritario fue claro en declarar inadmisible el requerimiento.
¿Qué se cuestionaba en el requerimiento interpuesto por los parlamentarios?
El requerimiento alegaba que varios artículos del proyecto vulneraron garantías constitucionales, tales como:
- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la salud (artículos 9, 10 y 76).
- El principio de juridicidad y la función social de la propiedad (artículos 7 letra a) y 76).
- La falta de consulta previa a los pueblos indígenas, en supuesta infracción al Convenio 169 de la OIT (artículo 104).
¿Qué elementos tomó en consideración el TC para no admitir el requerimiento a tramitación?
Según el fallo, el TC consideró principalmente tres razones:
– No se cumplió con los requisitos del artículo 63 de su Ley Orgánica, como indicar de forma clara los hechos, fundamentos jurídicos y normas constitucionales presuntamente vulneradas. Esta norma exige que los requerimientos incluyan una exposición clara de los hechos, fundamentos jurídicos y las normas constitucionales que se consideran vulneradas, además de documentación que respalde que esos temas fueron debatidos durante la tramitación del proyecto en el Congreso.
- No se demostró que las objeciones constitucionales se hubieran planteado durante la tramitación legislativa, lo que el Tribunal considera esencial para su revisión. Por ejemplo, en el caso de los artículos 7 letra a) y 104, no hubo constancia de que se discutieron como temas constitucionales en el Congreso.
- Los cuestionamientos eran más políticos que jurídicos: el TC concluyó que los reclamos reflejan una crítica al modelo regulatorio propuesto, lo que corresponde al debate parlamentario, no al control constitucional.
¿Qué implica el rechazo del requerimiento?
El fallo reafirma un criterio más exigente del TC para admitir este tipo de requerimientos, estableciendo que las disputas constitucionales deben plantearse primero en el Congreso con fundamentos claros. Para los sectores productivos, esta decisión genera certeza jurídica en torno a la continuidad del proyecto y su próxima entrada en vigencia.