Opinión: "Humedales bajo amenaza: Tribunales Ambientales y la anulación de Declaratorias de Humedales Urbanos", por Verónica Irarrázabal Fundación Legado Chile
En agosto del 2023 varias organizaciones reunidas en la Red Plurinacional, expresaban con preocupación la decisión de Tribunales Ambientales sobre la anulación parcial o total en la declaración de humedales urbanos a lo largo de Chile tras la reclamación de privados. Inmobiliarias, constructoras, agrícolas, proyectos hoteleros, entre otros, ingresaban solicitudes para cuestionar los procesos de declaración y con ello revertir las decisiones del Ministerio del Medio Ambiente.
Según señala la Red en agosto del 2023, al menos 20 humedales urbanos, de un total de 100 que habían sido declarados, fueron impugnados ante tribunales, de los cuales 13 sufrieron la anulación parcial o total (Diario Sostenible, 2023) de su declaratoria.
A la fecha se suman otros, como el humedal urbano La Poza y Delta del Trancura en el Lago Villarrica, que cuenta con una superficie aproximada de 804,8 hectáreas y que alberga una gran biodiversidad ecológica que, en el contexto de un lago que se encuentra altamente contaminado, los humedales que ahí existen adquieren mayor relevancia por su aporte para la salud del lago y la cuenca.
En este último caso, el Tercer Tribunal Ambiental acogió 2 de las 6 reclamaciones ingresadas por privados, señalando que “la intención del Ministerio no fue la de proteger a un humedal ubicado parcialmente dentro del límite urbano, sino que a un ecosistema de humedal situado mayoritariamente fuera de los límites urbanos, respecto del cual no se advierte mayor conexión o unidad ecosistémica con aquel o aquellos humedales que podrían estar situados al interior del referido límite” (Tercer Tribunal Ambiental, 2024).
De dicha resolución se desprenden 2 grandes problemas. El primero, refiere a la evidente debilidad de la Ley 21.202 que cuenta con presupuestos anuales limitados, y que ha tenido demora en la publicación de normas, guías y orientaciones que contribuyan a organizaciones y municipalidades a realizar expedientes precisos.
Además, desde el ministerio, los equipos se tornan insuficientes para poder revisar y evaluar los expedientes ingresados, y de notificar a propietarios cuando los humedales están emplazados en terrenos privados, entre otras dificultades. Cabe puntualizar que estas debilidades son previas a la declaración, puesto que la ley también es débil en la protección de los humedales ya declarados en tanto traspasa la responsabilidad en la gestión de estos a municipios que no necesariamente cuentan con los recursos o capacidades necesarias.
El segundo problema radica en la falta de comprensión, o quizás en la ceguera intencional, sobre la naturaleza, la que no sabe de límites administrativos. Resulta ingenuo intentar fragmentar un ecosistema para su conservación. Las diversas formas en que estos ecosistemas están interconectados entre sí y con otros ecosistemas requieren de un estudio responsable.
Basta observar la red de humedales en la ciudad de Llanquihue, donde más de 16 humedales se conectan a través de flujos de agua subterráneos y superficiales, los cuales a su vez enriquecen (y también afectan por la contaminación) al mismo Lago Llanquihue y al Santuario de la Naturaleza Humedales del Río Maullín. Por lo tanto, es ficticio intentar proteger un humedal considerando sólo una dimensión administrativa. Un claro ejemplo de esto es el Humedal Urbano de Pargua.
Ya en septiembre del 2021, el Secretario General de la ONU advertía que habíamos alcanzado un punto de inflexión sobre la necesidad de la acción climática: “La alteración de nuestro clima y nuestro planeta ya es peor de lo que pensábamos, y está avanzando más rápido de lo previsto”.
Este tipo de resoluciones nos debería ayudar a avanzar, sin embargo, una Ley con baches, lejos de lograrlo, precariza la protección de ecosistemas tan relevantes como los humedales y perpetúa estructuras de poder que, paradójicamente, dependen de la naturaleza y de ecosistemas saludables para su sobrevivencia.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador. Sustentable sólo se limita a reproducirlo.
Según señala la Red en agosto del 2023, al menos 20 humedales urbanos, de un total de 100 que habían sido declarados, fueron impugnados ante tribunales, de los cuales 13 sufrieron la anulación parcial o total (Diario Sostenible, 2023) de su declaratoria.
A la fecha se suman otros, como el humedal urbano La Poza y Delta del Trancura en el Lago Villarrica, que cuenta con una superficie aproximada de 804,8 hectáreas y que alberga una gran biodiversidad ecológica que, en el contexto de un lago que se encuentra altamente contaminado, los humedales que ahí existen adquieren mayor relevancia por su aporte para la salud del lago y la cuenca.
En este último caso, el Tercer Tribunal Ambiental acogió 2 de las 6 reclamaciones ingresadas por privados, señalando que “la intención del Ministerio no fue la de proteger a un humedal ubicado parcialmente dentro del límite urbano, sino que a un ecosistema de humedal situado mayoritariamente fuera de los límites urbanos, respecto del cual no se advierte mayor conexión o unidad ecosistémica con aquel o aquellos humedales que podrían estar situados al interior del referido límite” (Tercer Tribunal Ambiental, 2024).
De dicha resolución se desprenden 2 grandes problemas. El primero, refiere a la evidente debilidad de la Ley 21.202 que cuenta con presupuestos anuales limitados, y que ha tenido demora en la publicación de normas, guías y orientaciones que contribuyan a organizaciones y municipalidades a realizar expedientes precisos.
Además, desde el ministerio, los equipos se tornan insuficientes para poder revisar y evaluar los expedientes ingresados, y de notificar a propietarios cuando los humedales están emplazados en terrenos privados, entre otras dificultades. Cabe puntualizar que estas debilidades son previas a la declaración, puesto que la ley también es débil en la protección de los humedales ya declarados en tanto traspasa la responsabilidad en la gestión de estos a municipios que no necesariamente cuentan con los recursos o capacidades necesarias.
El segundo problema radica en la falta de comprensión, o quizás en la ceguera intencional, sobre la naturaleza, la que no sabe de límites administrativos. Resulta ingenuo intentar fragmentar un ecosistema para su conservación. Las diversas formas en que estos ecosistemas están interconectados entre sí y con otros ecosistemas requieren de un estudio responsable.
Basta observar la red de humedales en la ciudad de Llanquihue, donde más de 16 humedales se conectan a través de flujos de agua subterráneos y superficiales, los cuales a su vez enriquecen (y también afectan por la contaminación) al mismo Lago Llanquihue y al Santuario de la Naturaleza Humedales del Río Maullín. Por lo tanto, es ficticio intentar proteger un humedal considerando sólo una dimensión administrativa. Un claro ejemplo de esto es el Humedal Urbano de Pargua.
Ya en septiembre del 2021, el Secretario General de la ONU advertía que habíamos alcanzado un punto de inflexión sobre la necesidad de la acción climática: “La alteración de nuestro clima y nuestro planeta ya es peor de lo que pensábamos, y está avanzando más rápido de lo previsto”.
Este tipo de resoluciones nos debería ayudar a avanzar, sin embargo, una Ley con baches, lejos de lograrlo, precariza la protección de ecosistemas tan relevantes como los humedales y perpetúa estructuras de poder que, paradójicamente, dependen de la naturaleza y de ecosistemas saludables para su sobrevivencia.
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