Reglamento sobre reutilización de aguas grises: especialistas valoran su publicación luego de seis años, pero lo consideran muy restrictivo
Tras una larga espera desde la publicación de la Ley 21.075 en febrero de 2018, finalmente en noviembre de este 2024 entrará en vigencia el reglamento sobre las condiciones básicas para la reutilización de aguas grises. Se trata de una solución que busca ayudar a paliar la acuciante crisis hídrica que afecta a gran parte del país, aunque no está exenta de dificultades, según indican los expertos, considerando por ejemplo los altos costos y la fiscalización, entre otros puntos de su puesta en marcha. Para ahondar en los detalles de este documento, País Circular conversó con Natalia Rebolledo, Directora Ejecutiva de la Fundación “Un Alto en el Desierto”; Eduardo Leiva, docente de la Facultad de Química y de Farmacia de la PUC; y Gerardo Díaz, Jefe de Proyectos de Fundación Chile.
Hace dos semanas se publicó en el Diario Oficial el Decreto N°40, del Ministerio de Salud, que aprobó el reglamento sobre las condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises. Es decir, para las aguas servidas domésticas residuales provenientes de tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros artefactos sanitarios, excluyendo aguas negras.
Se trata de un documento que detalla los requisitos a cumplir, así como los antecedentes que deberán acompañar a una solicitud de aprobación de un proyecto o autorización de funcionamiento, tanto en lo que respecta a diseño, construcción y operación de los sistemas de reutilización de aguas grises. Estas condiciones sanitarias variarán según se trate de sistemas domiciliarios de menor tamaño, domiciliarios, domiciliarios colectivos y sistemas de interés público, dependiendo de si se encuentran dentro o fuera del territorio operacional de las concesionarias de servicios sanitarios.
Según el reglamento, será responsabilidad del titular de la autorización de funcionamiento del sistema de reutilización de aguas grises, la calidad del agua tratada y su control desde los artefactos sanitarios en que se generan, así como la operación y mantención del sistema de reutilización de aguas grises.
“La ventaja que tiene el reglamento es que viene a darle vida a la Ley 21.075, y que va a permitir generar tracción y un impulso a la reutilización de aguas grises en todo Chile. Viene a decir que ahora, los proyectos de reutilización de aguas grises, tienen ciertos lineamientos, deben cumplir estándares mínimos, van a tener un organismo a cargo, deben tener contacto con el alcantarillado, contar con un cierre perimetral y debe haber cierta señalética, a la vez que define qué usos se le puede dar a esta agua. En el fondo, viene a establecer la normativa para poder construir sistemas de reutilización de aguas grises y que puedan ser autorizados”, expresa Eduardo Leiva, docente de la Facultad de Química y de Farmacia de la Universidad Católica.
Reglamento que llega tarde
La Ley 21.075, que regula la Recolección, Reutilización y Disposición de Aguas Grises, se publicó en el Diario Oficial el 15 de febrero de 2018. “Se demoró la tramitación del reglamento más que la ley y se tramitó gracias a que la última modificación de la ley, que salió en marzo del año pasado, daba un plazo para el reglamento. Si no, tal vez todavía no lo tendríamos”, comenta Natalia Rebolledo, Directora Ejecutiva de la Fundación “Un Alto en el Desierto”.
Rebolledo se refiere a la modificación aprobada en el Congreso para incorporar usos silvoagropecuarios entre los posibles destinos de las aguas grises tratadas. Es decir, a los usos urbanos (riego de jardines o descarga de aparatos sanitarios), recreativos (áreas verdes públicas, campos deportivos, etc.), ornamentales (áreas verdes), industriales (procesos no destinados a productos alimenticios y fines de refrigeración no evaporativos) y ambientales (especies reforestadas, mantención de humedales, entre otros), se sumó el “riego de especies arbóreas o arbustivas frutales, cereales, cultivos industriales, viveros, cultivos de plantas leñosas, cultivos ornamentales, cultivos de flores, praderas o empastadas, y producción de semillas”.
“Llevábamos mucho tiempo esperando este reglamento. Como Fundación participamos desde la discusión de la ley en el Congreso, desde 2016, hasta la consulta pública del reglamento, en la que hicimos varias observaciones en base a nuestra experiencia. Y se tomaron en cuenta. Por ejemplo, diferenciar entre sistemas de menor tamaño y de mayor tamaño, y distinguir entre lo domiciliario y lo industrial”, añade Rebolledo, quien lleva varios años trabajando con sistemas de reutilización de aguas grises.
Eduardo Leiva, bioquímico y PhD en Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Chile, también fue parte activa de este proceso que se prolongó por años. “Con el equipo de la universidad participamos en varias instancias de negociaciones de apoyo al reglamento. Y a la consulta pública, de hecho, enviamos un archivo gigante al Ministerio de Salud con nuestras aprehensiones y sugerencias”, declara el académico.
“La ausencia de este reglamento hizo que muchos proyectos de reutilización de aguas grises estuvieran con freno de mano, porque no había nada que les asegurara su autorización. Lo que pasó, en el intertanto a la tramitación, es que varias empresas que tenían proyectos de reutilización de aguas grises -en algunos casos proyectos desarrollados por nosotros en conjunto con la U. Mayor- tuvieron que acercarse lo más posible a la propuesta de reglamento que estaba dando vuelta. Así, una vez promulgado, íbamos a estar en regla -por así decirlo- y ahora se supone que nuestros sistemas cumplen los estándares establecidos y van a ser aprobados en función del reglamento. Pero otras iniciativas quizá no tomaron el riesgo”, señala Leiva.
“Este reglamento llega seis años tarde. Pero sin duda es un avance significativo para potenciar la reutilización de aguas grises a nivel domiciliario, a nivel industrial y a nivel tanto urbano como rural. Va a ser una de las alternativas relevantes para reducir las presiones sobre los recursos hídricos, debido a los eventos de cambio climático y a la sequía”, afirma el docente de la PUC.
Natalia Rebolledo, Directora Ejecutiva de la Fundación “Un Alto en el Desierto”; Eduardo Leiva, docente de la Facultad de Química y de Farmacia de la PUC; y Gerardo Díaz, Jefe de Proyectos de Fundación Chile.
Dificultades operativas
Según coinciden los expertos, una de las críticas que se le hace al reglamento es lo restrictivo que resulta en los usos potenciales de las aguas grises. “Básicamente, porque es un reglamento que nace del Ministerio de Salud y ellos tienden a resguardar mucho más el impacto, lo que es válido hasta cierto punto. Pero, en estricto rigor, creo que las necesidades van a potenciar que sea necesario ampliarlo en algunos escenarios. Eso pasó con el tema de incluir los usos agrícolas”, destaca Leiva.
“Hay ciertas restricciones operativas que circunscriben mucho la aplicación de la reutilización de aguas grises. Por ejemplo, ¿por qué no usamos aguas grises para apagar un incendio? ¿O para lavar un auto? No está permitido, porque son aguas que tienen un cierto nivel de contaminación y pueden causar un impacto. El Ministerio de Salud busca resguardar la salud de las personas, pero yo siento que hay un equilibrio muy fino entre resguardar la salud con obstaculizar el uso”, reflexiona el bioquímico, quien apunta a que el reglamento se pueda mejorar.
“Creo que muchas cosas se pueden resolver a partir de guías técnicas más específicas, para ciertas zonas y ese es el camino. No se trata de que sea un documento tan detallado, pero sí abierto a potenciales modificaciones”, indica el académico.
Otra dificultad es la que expone Gerardo Díaz, Jefe de Proyectos en Fundación Chile, con respecto a los estándares que se solicitan en cuanto a la calidad del agua tratada. “Para reducir turbiedad a 5 unidades, por ejemplo, en algunos casos para ciertos reúsos, pensando que la calidad de las aguas grises va entre 20 y 200 unidades de turbiedad, se va a complejizar el sistema de tratamiento. Y eso va a generar un problema, tal vez para los sistemas rurales, especialmente pensando en soluciones individuales, soluciones domésticas”, comenta el Ingeniero en Biotecnología, quien apuesta por avanzar hacia la reutilización de aguas residuales en su totalidad.
Natalia Rebolledo manifiesta que “efectivamente, es una tremenda barrera poder cumplir con la calidad del agua que exige el reglamento, porque requiere hacerle un tratamiento. Y en nuestro caso, que hemos probado con un montón de sistemas de filtración, el único que nos ha dado resultados, como lo exige la ley, es un biofiltro que llega a costar 1.200.000 pesos. Eso supone un costo adicional mayor, mientras que el gran desafío es que sea algo asequible para las personas”.
Eduardo Leiva hace hincapié en lo complejo que puede resultar implementar los sistemas de reutilización de aguas grises a nivel domiciliario: “No es como un refrigerador que compras y lo mantienes de vez en cuando. En el caso de los sistemas de reutilización de aguas grises, tienes que tomar una muestra del agua que estás tratando, probar que está funcionando y mandarlo a un laboratorio especializado por un determinado periodo. No hay que olvidar que lo que se está haciendo es un tratamiento de agua, con un desempeño y para un fin particular. Y si empieza a fallar, tienes que evaluar cómo modificarlo. Eso podría significar un estrés para las personas, aunque es un requisito mínimo para los sistemas de reúso, a lo que se suman las posibles sanciones frente a su incumplimiento”, comenta el académico.
“Es una tremenda barrera poder cumplir con la calidad del agua que exige el reglamento, porque requiere hacerle un tratamiento. Y en nuestro caso, que hemos probado con un montón de sistemas de filtración, el único que nos ha dado resultados, como lo exige la ley, es un biofiltro que llega a costar 1.200.000 pesos. Eso supone un costo adicional mayor, mientras que el gran desafío es que sea algo asequible para las personas”, mencionó Natalia Rebolledo, Directora Ejecutiva de la Fundación “Un Alto en el Desierto”.
Costos e incentivos
Debido a los costos de estos sistemas de reúso, se considera relevante que el Estado genere incentivos, con el fin de potenciar esta solución frente a la escasez hídrica. “La ley, en su artículo 13, trae un único incentivo en términos monetarios, que es una rebaja en la cuenta para quienes reutilicen aguas grises y tengan sistemas de sanitarias. A uno le cobran el cargo fijo, lo que consume, la recolección y el tratamiento. Ahora, como la voy a estar tratando en mi casa, se tiene que generar un descuento, según lo señala la ley. Cuánto, no sabemos aún, pero tiene que ocurrir. Lo bueno del reglamento es que el Estado ahora puede ampliar mucho más esta política pública, tanto en incentivos económicos como subsidios, y especialmente en los sectores más vulnerables. Hay que invertir en esto”, subraya Natalia Rebolledo.
“Ya en la Región de Coquimbo se planteó implementar un subsidio en donde, a nivel central, se transferían ciertos fondos a cada familia para que implementaran sistemas de reutilización de aguas grises. Creo que el mecanismo, en este momento, es a través de subsidios estatales. Pero es algo que complejo, no es tan fácil de llevar a la práctica”, complementa Eduardo Leiva, de la PUC. Agrega que se trata de algo se va a ser necesario porque, para una familia común, “los números no dan”, en el sentido que el reúso puede reducir el consumo de agua potable, pero la inversión en el sistema es mayor que comprar agua.
Díaz, de FCh, coincide en que los altos costos son un tema necesario de abordar: “Se requiere de ayudas gubernamentales, pero también podrían ser incentivos para los privados. Una reducción de alguna estructura tributaria, por ejemplo, que pudiera apalancarse con el incentivo de implementar este tipo de proyectos en zonas rurales, podría ser un mecanismo”.
“Para reducir turbiedad a 5 unidades, por ejemplo, en algunos casos para ciertos reúsos, pensando que la calidad de las aguas grises va entre 20 y 200 unidades de turbiedad, se va a complejizar el sistema de tratamiento. Y eso va a generar un problema, tal vez para los sistemas rurales, especialmente pensando en soluciones individuales, soluciones domésticas”., dijo Gerardo Díaz, Jefe de Proyectos en Fundación Chile.
Sobre la fiscalización
Según establece el Reglamento, serán las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (Seremi) las responsables de aprobar los proyectos y sus modificaciones, y de autorizar su funcionamiento, debiendo fiscalizar su correcto funcionamiento.
“Creo que es súper bueno que un organismo competente los valide, y la Seremi me parece que es una muy buena opción. Lo importante es que tengan los conocimientos técnicos para entender ciertas particularidades de determinados proyectos”, asegura Eduardo Leiva.
“Más que referirme a la calidad técnica de la autoridad, me preocupan los tiempos. Creo que no se está dando abasto en muchos temas y, como es una tarea más, si no va acompañada de más funcionarios o más recursos o, quizás de un área especializada, puede verse entrampada. Creo que el gran desafío es que los proyectos se tramiten con la celeridad que se requiere. Lo que sí trae el reglamento es una parte transitoria en que hay dos años para regularizar los sistemas ya existentes. Pero para los nuevos, es un gran desafío que esto se pueda hacer rápido”, opina Natalia Rebolledo.
Se trata de una preocupación en la aplicación del reglamento que también comparte Gerardo Díaz: “Si esto se masifica, especialmente pensando en zonas rurales, va a generar un problema. Hay una limitada capacidad de parte de los servicios públicos para hacer una fiscalización eficiente, debido a que los recursos son limitados. Si se generan problemas operativos, la autoridad no va a tener la capacidad para responder de manera eficaz y ágil ante esas complejidades”.
“Además, ¿cómo la autoridad se va a asegurar de que efectivamente se implementen estos sistemas siguiendo todos los procedimientos? ¿Cómo la autoridad lo va a regularizar? ¿Va a ser a través de una plataforma?, ¿a través de una institución individual? Creo que el desafío está ahí. En cómo se va a aplicar efectivamente el reglamento y cómo la autoridad va a fiscalizar que se cumpla”, se pregunta el experto, quien es parte del equipo de Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile.
“Es una nueva función que va a asumir la Seremi y, por lo tanto, va a requerir nuevos recursos, contratar personal y evaluar si eso va a ser suficiente para fiscalizar los sistemas de manera efectiva. Uno se imagina que va a ser muy complejo, porque si nos vamos más atrás, a la fiscalización por ejemplo de los sistemas sanitarios rurales, o lo que antes eran las plantas de tratamientos de aguas servidas rurales, ya era difícil para la autoridad”, afirma el Ingeniero en Biotecnología.
“Este reglamento llega seis años tarde. Pero sin duda es un avance significativo para potenciar la reutilización de aguas grises a nivel domiciliario, a nivel industrial y a nivel tanto urbano como rural. Va a ser una de las alternativas relevantes para reducir las presiones sobre los recursos hídricos, debido a los eventos de cambio climático y a la sequía”.
Experiencias en terreno
Finalmente, según expone Díaz, “la crisis no esperó el reglamento, porque la gente ya está reutilizando aguas grises”, y menciona el caso de comunidades rurales de la Región de Coquimbo, donde Fundación Chile está desarrollando proyectos de reúso de aguas residuales totales. “Dada la complejidad de la escasez hídrica, ellos ya avanzaron porque necesitaban obtener agua, por ejemplo, para regar y para dar de beber a sus animales. No esperaron el reglamento. Es que la crisis es tan grave, que esto genera que los cambios culturales se produzcan de manera acelerada”, comenta el integrante de Escenarios Hídricos 2030.
Es también lo que hizo la Fundación “Un Alto en el Desierto”. “Tenemos más de 30 escuelas con sistemas de reutilización de aguas grises; en la Región de Antofagasta, en la Región de Coquimbo fuertemente, en la Región de Valparaíso y en la Región Metropolitana. Además de un piloto de 60 hogares que están reutilizando aguas grises”, señala la Directora Ejecutiva de esta organización.
“Ha sido una experiencia tremendamente exitosa, ya que podemos concluir que en un hogar se puede reutilizar hasta el 60% del agua que se consume entre lavadora, ducha y lavamanos. Y en el caso de las escuelas, podemos reutilizar hasta un 30% solo del agua de lavamanos para utilizarla para riego. La gracia del reglamento también es que viene a aclarar qué es lo que se puede y no se puede hacer con esta agua. Por ejemplo, las hortalizas y todo lo que crezca a ras de suelo no se puede regar. Pero sí podemos regar árboles frutales, cultivos de flores y forraje, que es lo que hemos estado haciendo tanto en los hogares como en las escuelas”, indica Natalia Rebolledo.
Otra experiencia positiva es la que relata Eduardo Leiva. “Implementamos sistemas en siete escuelas rurales de la Región Metropolitana, más otras 15 en la Región de la Coquimbo y dos en la Región de Valparaíso. La gente tiende a recibir estos sistemas muy bien. De hecho, en algunos casos preguntan si pueden consumir el agua y ahí obviamente uno tiene que aterrizar las expectativas y explicar que el agua gris no es para consumo”, recalca el docente de la Facultad de Química y de Farmacia de la PUC. “Pero por lejos, a todos los lugares a los que he ido, a las personas les interesa implementar estos sistemas de reutilización”, insiste el académico.
Hace dos semanas se publicó en el Diario Oficial el Decreto N°40, del Ministerio de Salud, que aprobó el reglamento sobre las condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises. Es decir, para las aguas servidas domésticas residuales provenientes de tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros artefactos sanitarios, excluyendo aguas negras.
Se trata de un documento que detalla los requisitos a cumplir, así como los antecedentes que deberán acompañar a una solicitud de aprobación de un proyecto o autorización de funcionamiento, tanto en lo que respecta a diseño, construcción y operación de los sistemas de reutilización de aguas grises. Estas condiciones sanitarias variarán según se trate de sistemas domiciliarios de menor tamaño, domiciliarios, domiciliarios colectivos y sistemas de interés público, dependiendo de si se encuentran dentro o fuera del territorio operacional de las concesionarias de servicios sanitarios.
Según el reglamento, será responsabilidad del titular de la autorización de funcionamiento del sistema de reutilización de aguas grises, la calidad del agua tratada y su control desde los artefactos sanitarios en que se generan, así como la operación y mantención del sistema de reutilización de aguas grises.
“La ventaja que tiene el reglamento es que viene a darle vida a la Ley 21.075, y que va a permitir generar tracción y un impulso a la reutilización de aguas grises en todo Chile. Viene a decir que ahora, los proyectos de reutilización de aguas grises, tienen ciertos lineamientos, deben cumplir estándares mínimos, van a tener un organismo a cargo, deben tener contacto con el alcantarillado, contar con un cierre perimetral y debe haber cierta señalética, a la vez que define qué usos se le puede dar a esta agua. En el fondo, viene a establecer la normativa para poder construir sistemas de reutilización de aguas grises y que puedan ser autorizados”, expresa Eduardo Leiva, docente de la Facultad de Química y de Farmacia de la Universidad Católica.
Reglamento que llega tarde
La Ley 21.075, que regula la Recolección, Reutilización y Disposición de Aguas Grises, se publicó en el Diario Oficial el 15 de febrero de 2018. “Se demoró la tramitación del reglamento más que la ley y se tramitó gracias a que la última modificación de la ley, que salió en marzo del año pasado, daba un plazo para el reglamento. Si no, tal vez todavía no lo tendríamos”, comenta Natalia Rebolledo, Directora Ejecutiva de la Fundación “Un Alto en el Desierto”.
Rebolledo se refiere a la modificación aprobada en el Congreso para incorporar usos silvoagropecuarios entre los posibles destinos de las aguas grises tratadas. Es decir, a los usos urbanos (riego de jardines o descarga de aparatos sanitarios), recreativos (áreas verdes públicas, campos deportivos, etc.), ornamentales (áreas verdes), industriales (procesos no destinados a productos alimenticios y fines de refrigeración no evaporativos) y ambientales (especies reforestadas, mantención de humedales, entre otros), se sumó el “riego de especies arbóreas o arbustivas frutales, cereales, cultivos industriales, viveros, cultivos de plantas leñosas, cultivos ornamentales, cultivos de flores, praderas o empastadas, y producción de semillas”.
“Llevábamos mucho tiempo esperando este reglamento. Como Fundación participamos desde la discusión de la ley en el Congreso, desde 2016, hasta la consulta pública del reglamento, en la que hicimos varias observaciones en base a nuestra experiencia. Y se tomaron en cuenta. Por ejemplo, diferenciar entre sistemas de menor tamaño y de mayor tamaño, y distinguir entre lo domiciliario y lo industrial”, añade Rebolledo, quien lleva varios años trabajando con sistemas de reutilización de aguas grises.
Eduardo Leiva, bioquímico y PhD en Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Chile, también fue parte activa de este proceso que se prolongó por años. “Con el equipo de la universidad participamos en varias instancias de negociaciones de apoyo al reglamento. Y a la consulta pública, de hecho, enviamos un archivo gigante al Ministerio de Salud con nuestras aprehensiones y sugerencias”, declara el académico.
“La ausencia de este reglamento hizo que muchos proyectos de reutilización de aguas grises estuvieran con freno de mano, porque no había nada que les asegurara su autorización. Lo que pasó, en el intertanto a la tramitación, es que varias empresas que tenían proyectos de reutilización de aguas grises -en algunos casos proyectos desarrollados por nosotros en conjunto con la U. Mayor- tuvieron que acercarse lo más posible a la propuesta de reglamento que estaba dando vuelta. Así, una vez promulgado, íbamos a estar en regla -por así decirlo- y ahora se supone que nuestros sistemas cumplen los estándares establecidos y van a ser aprobados en función del reglamento. Pero otras iniciativas quizá no tomaron el riesgo”, señala Leiva.
“Este reglamento llega seis años tarde. Pero sin duda es un avance significativo para potenciar la reutilización de aguas grises a nivel domiciliario, a nivel industrial y a nivel tanto urbano como rural. Va a ser una de las alternativas relevantes para reducir las presiones sobre los recursos hídricos, debido a los eventos de cambio climático y a la sequía”, afirma el docente de la PUC.
Natalia Rebolledo, Directora Ejecutiva de la Fundación “Un Alto en el Desierto”; Eduardo Leiva, docente de la Facultad de Química y de Farmacia de la PUC; y Gerardo Díaz, Jefe de Proyectos de Fundación Chile.
Dificultades operativas
Según coinciden los expertos, una de las críticas que se le hace al reglamento es lo restrictivo que resulta en los usos potenciales de las aguas grises. “Básicamente, porque es un reglamento que nace del Ministerio de Salud y ellos tienden a resguardar mucho más el impacto, lo que es válido hasta cierto punto. Pero, en estricto rigor, creo que las necesidades van a potenciar que sea necesario ampliarlo en algunos escenarios. Eso pasó con el tema de incluir los usos agrícolas”, destaca Leiva.
“Hay ciertas restricciones operativas que circunscriben mucho la aplicación de la reutilización de aguas grises. Por ejemplo, ¿por qué no usamos aguas grises para apagar un incendio? ¿O para lavar un auto? No está permitido, porque son aguas que tienen un cierto nivel de contaminación y pueden causar un impacto. El Ministerio de Salud busca resguardar la salud de las personas, pero yo siento que hay un equilibrio muy fino entre resguardar la salud con obstaculizar el uso”, reflexiona el bioquímico, quien apunta a que el reglamento se pueda mejorar.
“Creo que muchas cosas se pueden resolver a partir de guías técnicas más específicas, para ciertas zonas y ese es el camino. No se trata de que sea un documento tan detallado, pero sí abierto a potenciales modificaciones”, indica el académico.
Otra dificultad es la que expone Gerardo Díaz, Jefe de Proyectos en Fundación Chile, con respecto a los estándares que se solicitan en cuanto a la calidad del agua tratada. “Para reducir turbiedad a 5 unidades, por ejemplo, en algunos casos para ciertos reúsos, pensando que la calidad de las aguas grises va entre 20 y 200 unidades de turbiedad, se va a complejizar el sistema de tratamiento. Y eso va a generar un problema, tal vez para los sistemas rurales, especialmente pensando en soluciones individuales, soluciones domésticas”, comenta el Ingeniero en Biotecnología, quien apuesta por avanzar hacia la reutilización de aguas residuales en su totalidad.
Natalia Rebolledo manifiesta que “efectivamente, es una tremenda barrera poder cumplir con la calidad del agua que exige el reglamento, porque requiere hacerle un tratamiento. Y en nuestro caso, que hemos probado con un montón de sistemas de filtración, el único que nos ha dado resultados, como lo exige la ley, es un biofiltro que llega a costar 1.200.000 pesos. Eso supone un costo adicional mayor, mientras que el gran desafío es que sea algo asequible para las personas”.
Eduardo Leiva hace hincapié en lo complejo que puede resultar implementar los sistemas de reutilización de aguas grises a nivel domiciliario: “No es como un refrigerador que compras y lo mantienes de vez en cuando. En el caso de los sistemas de reutilización de aguas grises, tienes que tomar una muestra del agua que estás tratando, probar que está funcionando y mandarlo a un laboratorio especializado por un determinado periodo. No hay que olvidar que lo que se está haciendo es un tratamiento de agua, con un desempeño y para un fin particular. Y si empieza a fallar, tienes que evaluar cómo modificarlo. Eso podría significar un estrés para las personas, aunque es un requisito mínimo para los sistemas de reúso, a lo que se suman las posibles sanciones frente a su incumplimiento”, comenta el académico.
“Es una tremenda barrera poder cumplir con la calidad del agua que exige el reglamento, porque requiere hacerle un tratamiento. Y en nuestro caso, que hemos probado con un montón de sistemas de filtración, el único que nos ha dado resultados, como lo exige la ley, es un biofiltro que llega a costar 1.200.000 pesos. Eso supone un costo adicional mayor, mientras que el gran desafío es que sea algo asequible para las personas”, mencionó Natalia Rebolledo, Directora Ejecutiva de la Fundación “Un Alto en el Desierto”.
Costos e incentivos
Debido a los costos de estos sistemas de reúso, se considera relevante que el Estado genere incentivos, con el fin de potenciar esta solución frente a la escasez hídrica. “La ley, en su artículo 13, trae un único incentivo en términos monetarios, que es una rebaja en la cuenta para quienes reutilicen aguas grises y tengan sistemas de sanitarias. A uno le cobran el cargo fijo, lo que consume, la recolección y el tratamiento. Ahora, como la voy a estar tratando en mi casa, se tiene que generar un descuento, según lo señala la ley. Cuánto, no sabemos aún, pero tiene que ocurrir. Lo bueno del reglamento es que el Estado ahora puede ampliar mucho más esta política pública, tanto en incentivos económicos como subsidios, y especialmente en los sectores más vulnerables. Hay que invertir en esto”, subraya Natalia Rebolledo.
“Ya en la Región de Coquimbo se planteó implementar un subsidio en donde, a nivel central, se transferían ciertos fondos a cada familia para que implementaran sistemas de reutilización de aguas grises. Creo que el mecanismo, en este momento, es a través de subsidios estatales. Pero es algo que complejo, no es tan fácil de llevar a la práctica”, complementa Eduardo Leiva, de la PUC. Agrega que se trata de algo se va a ser necesario porque, para una familia común, “los números no dan”, en el sentido que el reúso puede reducir el consumo de agua potable, pero la inversión en el sistema es mayor que comprar agua.
Díaz, de FCh, coincide en que los altos costos son un tema necesario de abordar: “Se requiere de ayudas gubernamentales, pero también podrían ser incentivos para los privados. Una reducción de alguna estructura tributaria, por ejemplo, que pudiera apalancarse con el incentivo de implementar este tipo de proyectos en zonas rurales, podría ser un mecanismo”.
“Para reducir turbiedad a 5 unidades, por ejemplo, en algunos casos para ciertos reúsos, pensando que la calidad de las aguas grises va entre 20 y 200 unidades de turbiedad, se va a complejizar el sistema de tratamiento. Y eso va a generar un problema, tal vez para los sistemas rurales, especialmente pensando en soluciones individuales, soluciones domésticas”., dijo Gerardo Díaz, Jefe de Proyectos en Fundación Chile.
Sobre la fiscalización
Según establece el Reglamento, serán las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (Seremi) las responsables de aprobar los proyectos y sus modificaciones, y de autorizar su funcionamiento, debiendo fiscalizar su correcto funcionamiento.
“Creo que es súper bueno que un organismo competente los valide, y la Seremi me parece que es una muy buena opción. Lo importante es que tengan los conocimientos técnicos para entender ciertas particularidades de determinados proyectos”, asegura Eduardo Leiva.
“Más que referirme a la calidad técnica de la autoridad, me preocupan los tiempos. Creo que no se está dando abasto en muchos temas y, como es una tarea más, si no va acompañada de más funcionarios o más recursos o, quizás de un área especializada, puede verse entrampada. Creo que el gran desafío es que los proyectos se tramiten con la celeridad que se requiere. Lo que sí trae el reglamento es una parte transitoria en que hay dos años para regularizar los sistemas ya existentes. Pero para los nuevos, es un gran desafío que esto se pueda hacer rápido”, opina Natalia Rebolledo.
Se trata de una preocupación en la aplicación del reglamento que también comparte Gerardo Díaz: “Si esto se masifica, especialmente pensando en zonas rurales, va a generar un problema. Hay una limitada capacidad de parte de los servicios públicos para hacer una fiscalización eficiente, debido a que los recursos son limitados. Si se generan problemas operativos, la autoridad no va a tener la capacidad para responder de manera eficaz y ágil ante esas complejidades”.
“Además, ¿cómo la autoridad se va a asegurar de que efectivamente se implementen estos sistemas siguiendo todos los procedimientos? ¿Cómo la autoridad lo va a regularizar? ¿Va a ser a través de una plataforma?, ¿a través de una institución individual? Creo que el desafío está ahí. En cómo se va a aplicar efectivamente el reglamento y cómo la autoridad va a fiscalizar que se cumpla”, se pregunta el experto, quien es parte del equipo de Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile.
“Es una nueva función que va a asumir la Seremi y, por lo tanto, va a requerir nuevos recursos, contratar personal y evaluar si eso va a ser suficiente para fiscalizar los sistemas de manera efectiva. Uno se imagina que va a ser muy complejo, porque si nos vamos más atrás, a la fiscalización por ejemplo de los sistemas sanitarios rurales, o lo que antes eran las plantas de tratamientos de aguas servidas rurales, ya era difícil para la autoridad”, afirma el Ingeniero en Biotecnología.
“Este reglamento llega seis años tarde. Pero sin duda es un avance significativo para potenciar la reutilización de aguas grises a nivel domiciliario, a nivel industrial y a nivel tanto urbano como rural. Va a ser una de las alternativas relevantes para reducir las presiones sobre los recursos hídricos, debido a los eventos de cambio climático y a la sequía”.
Experiencias en terreno
Finalmente, según expone Díaz, “la crisis no esperó el reglamento, porque la gente ya está reutilizando aguas grises”, y menciona el caso de comunidades rurales de la Región de Coquimbo, donde Fundación Chile está desarrollando proyectos de reúso de aguas residuales totales. “Dada la complejidad de la escasez hídrica, ellos ya avanzaron porque necesitaban obtener agua, por ejemplo, para regar y para dar de beber a sus animales. No esperaron el reglamento. Es que la crisis es tan grave, que esto genera que los cambios culturales se produzcan de manera acelerada”, comenta el integrante de Escenarios Hídricos 2030.
Es también lo que hizo la Fundación “Un Alto en el Desierto”. “Tenemos más de 30 escuelas con sistemas de reutilización de aguas grises; en la Región de Antofagasta, en la Región de Coquimbo fuertemente, en la Región de Valparaíso y en la Región Metropolitana. Además de un piloto de 60 hogares que están reutilizando aguas grises”, señala la Directora Ejecutiva de esta organización.
“Ha sido una experiencia tremendamente exitosa, ya que podemos concluir que en un hogar se puede reutilizar hasta el 60% del agua que se consume entre lavadora, ducha y lavamanos. Y en el caso de las escuelas, podemos reutilizar hasta un 30% solo del agua de lavamanos para utilizarla para riego. La gracia del reglamento también es que viene a aclarar qué es lo que se puede y no se puede hacer con esta agua. Por ejemplo, las hortalizas y todo lo que crezca a ras de suelo no se puede regar. Pero sí podemos regar árboles frutales, cultivos de flores y forraje, que es lo que hemos estado haciendo tanto en los hogares como en las escuelas”, indica Natalia Rebolledo.
Otra experiencia positiva es la que relata Eduardo Leiva. “Implementamos sistemas en siete escuelas rurales de la Región Metropolitana, más otras 15 en la Región de la Coquimbo y dos en la Región de Valparaíso. La gente tiende a recibir estos sistemas muy bien. De hecho, en algunos casos preguntan si pueden consumir el agua y ahí obviamente uno tiene que aterrizar las expectativas y explicar que el agua gris no es para consumo”, recalca el docente de la Facultad de Química y de Farmacia de la PUC. “Pero por lejos, a todos los lugares a los que he ido, a las personas les interesa implementar estos sistemas de reutilización”, insiste el académico.
