Pese a rechazo de comunidades, Ministerio y municipios: CONAF se inclina por el negocio hidroeléctrico y entrega interés nacional a proyecto Central Rucalhue
Tras un extenso trámite, la Corporación Nacional Forestal optó por entregar el interés nacional al proyecto Central Rucalhue, permitiéndole talar y afectar hábitat de especies de bosque nativo en categoría de conservación. La medida les da un portazo a los cuestionamientos de organizaciones, comunidades e incluso instituciones públicas que se oponen su declaratoria.
Con fecha 7 de mayo, el Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Christian Little Cárdenas, firmó la resolución que le da el respaldo del organismo a la declaratoria de interés nacional que durante más de un año buscó la empresa Rucalhue Energía SpA (hoy en manos de capitales chinos) sobre el proyecto hidroeléctrico que pretende instalar en el río Biobío.
El proyecto hidroeléctrico necesita la declaratoria de interés nacional para alterar el bosque nativo en categoría de conservación presente en la zona donde busca instalarse. Concretamente, las especies de naranjillo y guindo santo deben ser taladas e intervenidas para la construcción de la Central Rucalhue, proceso que la propia empresa catalogó en un proceso judicial previo como «indispensable».
Así las cosas, tras un cuestionado proceso de declaratoria, donde el Ministerio de Desarrollo Social respaldó el interés nacional de la Central Rucalhue sin pronunciarse sobre posibilidad de nueva consulta indígena -pese a que se le solicitó como parte del mismo procedimiento-, CONAF optó por dar luz verde al proyecto que mantiene con una nueva amenaza energética al río Biobío.
Y es que no solo las comunidades y organizaciones sociales han mostrado su rechazo y oposición al proyecto, sino que también instituciones del Estado se han pronunciado contra la declaratoria de interés nacional. El Ministerio del Medio Ambiente, el Gobierno Regional del Biobío y los municipios de Santa Bárbara y Quilaco entregaron informes respaldando que el proyecto no es de interés nacional, mientras que el SAG y el Ministerio de Energía respaldaron su declaratoria para permitir la construcción, a lo cual se sumó el Ministerio de Desarrollo Social y, recientemente, la Corporación Nacional Forestal.
En esta línea, CONAF resolvió «autorizar la solicitud de autorización para la intervención o alteración del hábitat de las especies en categoría de conservación», con la observación de que la empresa hidroeléctrica deberá «subsanar la totalidad de las condiciones contenidas en la presente Resolución en el Plan de Manejo de Preservación, que permitan asegurar la continuidad de la especie en categoría de conservación, que se pretende intervenir o alterar su hábitat en la cuenca, antecedentes que deberán ser evaluados en completitud por CONAF región del Bio Bío».
En este sentido, la empresa debería elaborar un Plan de Manejo de Preservación en un plazo máximo de 120 días hábiles previo a desarrollar actividades que intervengan en el bosque nativo. Sin embargo, también se ha planteado que se apelará a la medida, dando a conocer las irregularidades y cuestionamientos sobre la declaratoria.
Puede leer la resolución completa de CONAF haciendo clic acá: https://drive.google.com/file/d/1O6vJlNswpOWZVrOhMhM6MSwi8WIc8Pt9/view
Con fecha 7 de mayo, el Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Christian Little Cárdenas, firmó la resolución que le da el respaldo del organismo a la declaratoria de interés nacional que durante más de un año buscó la empresa Rucalhue Energía SpA (hoy en manos de capitales chinos) sobre el proyecto hidroeléctrico que pretende instalar en el río Biobío.
El proyecto hidroeléctrico necesita la declaratoria de interés nacional para alterar el bosque nativo en categoría de conservación presente en la zona donde busca instalarse. Concretamente, las especies de naranjillo y guindo santo deben ser taladas e intervenidas para la construcción de la Central Rucalhue, proceso que la propia empresa catalogó en un proceso judicial previo como «indispensable».
Así las cosas, tras un cuestionado proceso de declaratoria, donde el Ministerio de Desarrollo Social respaldó el interés nacional de la Central Rucalhue sin pronunciarse sobre posibilidad de nueva consulta indígena -pese a que se le solicitó como parte del mismo procedimiento-, CONAF optó por dar luz verde al proyecto que mantiene con una nueva amenaza energética al río Biobío.
Y es que no solo las comunidades y organizaciones sociales han mostrado su rechazo y oposición al proyecto, sino que también instituciones del Estado se han pronunciado contra la declaratoria de interés nacional. El Ministerio del Medio Ambiente, el Gobierno Regional del Biobío y los municipios de Santa Bárbara y Quilaco entregaron informes respaldando que el proyecto no es de interés nacional, mientras que el SAG y el Ministerio de Energía respaldaron su declaratoria para permitir la construcción, a lo cual se sumó el Ministerio de Desarrollo Social y, recientemente, la Corporación Nacional Forestal.
En esta línea, CONAF resolvió «autorizar la solicitud de autorización para la intervención o alteración del hábitat de las especies en categoría de conservación», con la observación de que la empresa hidroeléctrica deberá «subsanar la totalidad de las condiciones contenidas en la presente Resolución en el Plan de Manejo de Preservación, que permitan asegurar la continuidad de la especie en categoría de conservación, que se pretende intervenir o alterar su hábitat en la cuenca, antecedentes que deberán ser evaluados en completitud por CONAF región del Bio Bío».
En este sentido, la empresa debería elaborar un Plan de Manejo de Preservación en un plazo máximo de 120 días hábiles previo a desarrollar actividades que intervengan en el bosque nativo. Sin embargo, también se ha planteado que se apelará a la medida, dando a conocer las irregularidades y cuestionamientos sobre la declaratoria.
Puede leer la resolución completa de CONAF haciendo clic acá: https://drive.google.com/file/d/1O6vJlNswpOWZVrOhMhM6MSwi8WIc8Pt9/view
