Comunidades indígenas inician ofensiva para revertir rechazo de solicitudes de Espacio Costero
Impulsores de las ECMPO Cisnes e Islas Huichas, junto al abogado Felipe Guerra, concurrieron este miércoles a la sede del Gobierno Regional de Aysén para interponer un recurso de reclamación por la decisión adoptada el 29 de febrero.
Las comunidades mapuche williche Antünen Rain y Pu Wapi presentaron sendos recursos de reclamación ante la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Aysén (CRUBC) con el fin de revertir el rechazo de sus solicitudes de Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO), que se materializó durante la sesión de dicho cuerpo colegiado el 29 de febrero último. La acción administrativa se ingresó ayer en el Gobierno Regional de Aysén, dado que la gobernadora Andrea Macía es la presidenta de la CRUBC.
La solicitud ECMPO Weywen Wapi contempla una superficie de 227 mil hectáreas en las comunas de Guaitecas y Cisnes, mientras que la solicitud ECMPO Islas Huichas tiene una superficie 390 mil hectáreas en las comunas de Aysén y Cisnes. El rechazo se concretó tras siete años de tramitación en el caso de la primera y ocho en el de la segunda. Las resoluciones que operativizaron la decisión de la CRUBC fueron emitidas durante el mes de marzo.
En la ocasión, el abogado Felipe Guerra señaló que esperan que “la autoridad regional y la CRUBC en particular, revise concienzudamente su decisión, que garantice los derechos de las comunidades. Y si eso no es así, como bien señalan los dirigentes, se va a llegar hasta las últimas instancias”. Esto, dado que “se trata de un acto arbitrario e ilegal, pero que además vulnera derechos fundamentales, incluso hay posibilidad de llegar hasta instancias internacionales, y existe jurisprudencia internacional que avala los derechos de las comunidades a acceder al borde costero que han ocupado desde tiempos inmemoriales”.
Guerra explicó que la comisión tiene un mes para resolver, aunque esto no necesariamente se cumple dado que la norma no establece medidas en caso de incumplimiento. Entre los fundamentos que se controvierten con el recurso está que “se hace una crítica a la labor de la CONADI, que es el organismo técnico encargado de levantar el informe de uso consuetudinario pero también de realizar los procesos de participación. Esos procesos de participación se realizaron de conformidad a la ley, de acuerdo a los protocolos y regulaciones que tiene la propia CONADI”. Asimismo, “se está señalando que el Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, estaría perdiendo la administración sobre la reserva nacional Las Guaitecas”. Este argumento de la CRUBC sería falso toda vez que la Ley Lafkenche expresamente deja fuera esta posibilidad, sin embargo, su uso como fundamento “es derechamente ilegal, pero más grave aún, vulnera la igualdad ante la ley, porque hasta el momento se han entregado más de 300 concesiones (a la salmonicultura) dentro del área silvestre protegida y nunca se había levantado como argumento que impedía el otorgamiento de derechos”.
Por su parte, el lonko Daniel Caniullán indicó que, aludiendo a la votación de los representantes del Ejecutivo, “el gobierno del Presidente Boric dio un portazo a una lucha legítima, a un derecho ancestral que tenemos al uso consuetudinario del territorio marítimo que hoy día está siendo fuertemente dañado. Está cada vez más frágil el ecosistema marino y esta figura de la Ley 20.249 nos permite darle un equilibrio sostenible, pensando en las futuras generaciones”. Calificó la decisión de la CRUBC como una “actitud racista”, llamando a dicho cuerpo colegiado que “pueda reflexionar en los tiempos que establece la misma ley, para ver qué respuesta nos va a dar ahora con esta apelación”.
Nelson Millatureo, en tanto, puntualizó que lo ocurrido en Aysén ha sido “levantado por la industria, sobre todo usando la desesperación que tienen nuestras comunidades y territorios porque Huichas y Melinka son territorios, caletas, que hoy día están en franca quiebra, no ha habido incentivo a las pesquerías y por lo tanto hay harta pobreza en los territorios”. En este sentido, puntualizó que “eso, por cierto, no potencia los territorios y las, sino que además los deja en una situación bien difícil, y es por esa razón que esta campaña (de la salmonicultura) dio resultados en esta oportunidad. Porque lógicamente hay un miedo a perder lo poco que está quedando. Y entonces cuando se disfraza esta información, que es una información basada en la mentira, porque la Ley Lafkenche no quita derechos a ninguna otra ley, o sea, los pescadores artesanales tienen la Ley de Pesca que les permite cuotas pesqueras y todo lo demás, y eso en ninguna parte la Ley Lafkenche la puede negar”.
Por último, Lorena Arce, co-directora de Observatorio Ciudadano, señaló que las solicitudes aseguran la administración conjunta de comunidades indígena con los demás usuarios. De acuerdo a la norma no se excluye a la pesca artesanal ni a las concesiones de acuicultura anteriores a la solicitud. “La Ley Lafkenche garantiza que los Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios no interfieran con otros usos del maritorio (como la pesca artesanal), así como con las concesiones salmoneras y los proyectos de cultivo previamente constituidos”, indicó.
Las comunidades mapuche williche Antünen Rain y Pu Wapi presentaron sendos recursos de reclamación ante la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Aysén (CRUBC) con el fin de revertir el rechazo de sus solicitudes de Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO), que se materializó durante la sesión de dicho cuerpo colegiado el 29 de febrero último. La acción administrativa se ingresó ayer en el Gobierno Regional de Aysén, dado que la gobernadora Andrea Macía es la presidenta de la CRUBC.
La solicitud ECMPO Weywen Wapi contempla una superficie de 227 mil hectáreas en las comunas de Guaitecas y Cisnes, mientras que la solicitud ECMPO Islas Huichas tiene una superficie 390 mil hectáreas en las comunas de Aysén y Cisnes. El rechazo se concretó tras siete años de tramitación en el caso de la primera y ocho en el de la segunda. Las resoluciones que operativizaron la decisión de la CRUBC fueron emitidas durante el mes de marzo.
En la ocasión, el abogado Felipe Guerra señaló que esperan que “la autoridad regional y la CRUBC en particular, revise concienzudamente su decisión, que garantice los derechos de las comunidades. Y si eso no es así, como bien señalan los dirigentes, se va a llegar hasta las últimas instancias”. Esto, dado que “se trata de un acto arbitrario e ilegal, pero que además vulnera derechos fundamentales, incluso hay posibilidad de llegar hasta instancias internacionales, y existe jurisprudencia internacional que avala los derechos de las comunidades a acceder al borde costero que han ocupado desde tiempos inmemoriales”.
Guerra explicó que la comisión tiene un mes para resolver, aunque esto no necesariamente se cumple dado que la norma no establece medidas en caso de incumplimiento. Entre los fundamentos que se controvierten con el recurso está que “se hace una crítica a la labor de la CONADI, que es el organismo técnico encargado de levantar el informe de uso consuetudinario pero también de realizar los procesos de participación. Esos procesos de participación se realizaron de conformidad a la ley, de acuerdo a los protocolos y regulaciones que tiene la propia CONADI”. Asimismo, “se está señalando que el Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, estaría perdiendo la administración sobre la reserva nacional Las Guaitecas”. Este argumento de la CRUBC sería falso toda vez que la Ley Lafkenche expresamente deja fuera esta posibilidad, sin embargo, su uso como fundamento “es derechamente ilegal, pero más grave aún, vulnera la igualdad ante la ley, porque hasta el momento se han entregado más de 300 concesiones (a la salmonicultura) dentro del área silvestre protegida y nunca se había levantado como argumento que impedía el otorgamiento de derechos”.
Por su parte, el lonko Daniel Caniullán indicó que, aludiendo a la votación de los representantes del Ejecutivo, “el gobierno del Presidente Boric dio un portazo a una lucha legítima, a un derecho ancestral que tenemos al uso consuetudinario del territorio marítimo que hoy día está siendo fuertemente dañado. Está cada vez más frágil el ecosistema marino y esta figura de la Ley 20.249 nos permite darle un equilibrio sostenible, pensando en las futuras generaciones”. Calificó la decisión de la CRUBC como una “actitud racista”, llamando a dicho cuerpo colegiado que “pueda reflexionar en los tiempos que establece la misma ley, para ver qué respuesta nos va a dar ahora con esta apelación”.
Nelson Millatureo, en tanto, puntualizó que lo ocurrido en Aysén ha sido “levantado por la industria, sobre todo usando la desesperación que tienen nuestras comunidades y territorios porque Huichas y Melinka son territorios, caletas, que hoy día están en franca quiebra, no ha habido incentivo a las pesquerías y por lo tanto hay harta pobreza en los territorios”. En este sentido, puntualizó que “eso, por cierto, no potencia los territorios y las, sino que además los deja en una situación bien difícil, y es por esa razón que esta campaña (de la salmonicultura) dio resultados en esta oportunidad. Porque lógicamente hay un miedo a perder lo poco que está quedando. Y entonces cuando se disfraza esta información, que es una información basada en la mentira, porque la Ley Lafkenche no quita derechos a ninguna otra ley, o sea, los pescadores artesanales tienen la Ley de Pesca que les permite cuotas pesqueras y todo lo demás, y eso en ninguna parte la Ley Lafkenche la puede negar”.
Por último, Lorena Arce, co-directora de Observatorio Ciudadano, señaló que las solicitudes aseguran la administración conjunta de comunidades indígena con los demás usuarios. De acuerdo a la norma no se excluye a la pesca artesanal ni a las concesiones de acuicultura anteriores a la solicitud. “La Ley Lafkenche garantiza que los Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios no interfieran con otros usos del maritorio (como la pesca artesanal), así como con las concesiones salmoneras y los proyectos de cultivo previamente constituidos”, indicó.
