Parques eólicos se expanden a lo largo del país, pero urgen por una ley que regule su operación
Pese a que en la mayoría de los casos las relaciones con las comunidades son cordiales, hay quejas de vecinos por los impactos a la calidad de vida. En la última década, la producción de energía eólica ha tenido un incremento de 9.362,8 gigavatios por hora (GWh), desde los 548,2 (GWH), en 2013, con lo que ya representa el 11,85% del total de energía eléctrica generada en el país.
Y aunque el mayor volumen de producción actualmente está en el norte, en el sur, la característica fisonomía de los aerogeneradores ya empieza a formar parte del paisaje en regiones como Biobío, La Araucanía, Los Lagos o Magallanes.
Incluso, en algunas zonas, la generación eólica local es ya más de la que se consume en ese territorio, como en Chiloé o La Araucanía.
“Hasta hace algunos años, la región no producía lo que consumía. Hoy lo supera con creces”, aportando al Sistema Interconectado Central (SIC), afirma Nelson Curiñir, seremi de Economía en La Araucanía, quien remarca que desde 2016 la producción de energía eléctrica “prácticamente se ha duplicado” en esa zona del país.
Como ejemplo, menciona el área de Renaico, unos 600 kilómetros al sur de Santiago, “una zona bien particular porque la geografía que tiene conduce el viento prácticamente como si fuera por un cañón, ideal para este tipo de proyectos, puesto que es posible capturar ese gran caudal de viento”, dice Curiñir.
En Biobío, la seremi de Energía, Daniela Espinoza, señala que hoy la mayor generación en esa zona es hidráulica, pero que el “potencial eólico de la región son 5.000 MW. Nuestra meta no tiene relación con la tecnología, sino llegar en 2050 a carbono neutralidad”, aclara.
Pese a que ha habido zonas en que la instalación ha fluido y los aerogeneradores comparten espacio con actividades agrícolas o ganaderas, como en Llanquihue o Frutillar, en otras la oposición ha sido férrea. En Chiloé, en Mar Brava, el primer proyecto ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) en esa zona en 2010, aún no puede ver la luz por la oposición de sectores de la comunidad al norte de Ancud.
O en Negrete, en Biobío, donde ya hay ocho parques registrados en el SEA, tres de ellos operan en medio del enojo de los vecinos por los negativos impactos que, señalan, están teniendo en su calidad de vida. Incluso llegaron al Congreso Nacional a pedir una legislación que termine con la improvisación con que se están desarrollando estas iniciativas, según reclaman.
“Hay proyectos en que por ley ya debió declararse su caducidad porque superaron los cinco años, siete años en uno de los casos (…), en que no ingresaron permisos de edificación; el territorio (zona) cambió, la densidad poblacional, la cantidad de viviendas”, afirma Leyla Sánchez, encargada de Medio Ambiente del municipio de Negrete.
“Se necesita una mayor regulación, fiscalización y visitas a terreno. Las empresas no han tenido un mayor diálogo. Hay sectores como el agro o el turismo, porque no se va a poder desarrollar el turismo y no habrá zona agrícola”, advierte Sánchez.
Espinoza concuerda en que algunos proyectos han “generado conflicto”, aunque añade que “como ministerio estamos trabajando en instalar mesas de trabajo con las comunidades, con las empresas, para poder avanzar hacia el desarrollo sostenible de esta industria”.
Uno de los puntos más criticados en la instalación de torres eólicas es la falta de legislación. En 2021, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) presentó un proyecto que propone regular distancias de torre a torre y de las viviendas, y que norma también la relación con la comunidad o quién responde cuando se cae una torre o un aspa, como ya ha ocurrido, o las horas que puede estar trabajando, entre otros.
“Si bien es de energía limpia, finalmente no tienen una buena y sana convivencia con las familias”, dice la legisladora.
Foco en la formación
La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) convocó a un concurso para becados en instalación, montaje, operación y mantenimiento de parques eólicos para cursos en Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.
Una convocatoria que generó mucho interés, superando el número de postulantes con creces la cantidad de cupos para una iniciativa que según Corfo es parte del compromiso con la descarbonización, afirma Gabriel Pérez, director regional de Corfo (Los Lagos).
Cuenta que esta oportunidad de profesionalización busca evitar lo que sucedió con la instalación de paneles fotovoltaicos en el norte del país, donde la promoción de proyectos no estuvo acompañada de formación en técnicas de instalación y gestión de los parques, por ejemplo.
“Y lo que ocurrió es que hubo un ir y venir de operarios extranjeros (…); teníamos todo para haber podido inyectar y dar oportunidades de trabajo a una cantidad importante de personas”.
Y aunque el mayor volumen de producción actualmente está en el norte, en el sur, la característica fisonomía de los aerogeneradores ya empieza a formar parte del paisaje en regiones como Biobío, La Araucanía, Los Lagos o Magallanes.
Incluso, en algunas zonas, la generación eólica local es ya más de la que se consume en ese territorio, como en Chiloé o La Araucanía.
“Hasta hace algunos años, la región no producía lo que consumía. Hoy lo supera con creces”, aportando al Sistema Interconectado Central (SIC), afirma Nelson Curiñir, seremi de Economía en La Araucanía, quien remarca que desde 2016 la producción de energía eléctrica “prácticamente se ha duplicado” en esa zona del país.
Como ejemplo, menciona el área de Renaico, unos 600 kilómetros al sur de Santiago, “una zona bien particular porque la geografía que tiene conduce el viento prácticamente como si fuera por un cañón, ideal para este tipo de proyectos, puesto que es posible capturar ese gran caudal de viento”, dice Curiñir.
En Biobío, la seremi de Energía, Daniela Espinoza, señala que hoy la mayor generación en esa zona es hidráulica, pero que el “potencial eólico de la región son 5.000 MW. Nuestra meta no tiene relación con la tecnología, sino llegar en 2050 a carbono neutralidad”, aclara.
Pese a que ha habido zonas en que la instalación ha fluido y los aerogeneradores comparten espacio con actividades agrícolas o ganaderas, como en Llanquihue o Frutillar, en otras la oposición ha sido férrea. En Chiloé, en Mar Brava, el primer proyecto ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) en esa zona en 2010, aún no puede ver la luz por la oposición de sectores de la comunidad al norte de Ancud.
O en Negrete, en Biobío, donde ya hay ocho parques registrados en el SEA, tres de ellos operan en medio del enojo de los vecinos por los negativos impactos que, señalan, están teniendo en su calidad de vida. Incluso llegaron al Congreso Nacional a pedir una legislación que termine con la improvisación con que se están desarrollando estas iniciativas, según reclaman.
“Hay proyectos en que por ley ya debió declararse su caducidad porque superaron los cinco años, siete años en uno de los casos (…), en que no ingresaron permisos de edificación; el territorio (zona) cambió, la densidad poblacional, la cantidad de viviendas”, afirma Leyla Sánchez, encargada de Medio Ambiente del municipio de Negrete.
“Se necesita una mayor regulación, fiscalización y visitas a terreno. Las empresas no han tenido un mayor diálogo. Hay sectores como el agro o el turismo, porque no se va a poder desarrollar el turismo y no habrá zona agrícola”, advierte Sánchez.
Espinoza concuerda en que algunos proyectos han “generado conflicto”, aunque añade que “como ministerio estamos trabajando en instalar mesas de trabajo con las comunidades, con las empresas, para poder avanzar hacia el desarrollo sostenible de esta industria”.
Uno de los puntos más criticados en la instalación de torres eólicas es la falta de legislación. En 2021, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) presentó un proyecto que propone regular distancias de torre a torre y de las viviendas, y que norma también la relación con la comunidad o quién responde cuando se cae una torre o un aspa, como ya ha ocurrido, o las horas que puede estar trabajando, entre otros.
“Si bien es de energía limpia, finalmente no tienen una buena y sana convivencia con las familias”, dice la legisladora.
Foco en la formación
La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) convocó a un concurso para becados en instalación, montaje, operación y mantenimiento de parques eólicos para cursos en Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.
Una convocatoria que generó mucho interés, superando el número de postulantes con creces la cantidad de cupos para una iniciativa que según Corfo es parte del compromiso con la descarbonización, afirma Gabriel Pérez, director regional de Corfo (Los Lagos).
Cuenta que esta oportunidad de profesionalización busca evitar lo que sucedió con la instalación de paneles fotovoltaicos en el norte del país, donde la promoción de proyectos no estuvo acompañada de formación en técnicas de instalación y gestión de los parques, por ejemplo.
“Y lo que ocurrió es que hubo un ir y venir de operarios extranjeros (…); teníamos todo para haber podido inyectar y dar oportunidades de trabajo a una cantidad importante de personas”.
