Alerta conflicto litio: 95 organizaciones rechazan explotación de casi el 50% de la superficie de los salares
95 organizaciones llaman al Gobierno a cumplir sus promesas de campaña, priorizando la preservación de estos ecosistemas y no profundizando un modelo extractivista que pone en riesgo los territorios y modos de vida.
En una declaración pública emitida por 95 organizaciones socioambientales, se denuncia el plan del Gobierno chileno de explotar cerca del 50% de la superficie de los salares del país. Este anuncio surge luego de la aprobación de medidas por parte del Consejo Estratégico de Ministras/os de Litio y Salares, liderado por el Ministerio de Minería y que componen otras carteras.
Según la declaración, se define la explotación de salares estratégicos como Atacama y Maricunga, con participación mayoritaria estatal a través de Codelco. Asimismo, se mencionan otros proyectos a cargo de empresas públicas como Codelco y Enami, y se establece un listado de 26 salares para explotación privada.
Las organizaciones expresan su oposición, argumentando que los salares son ecosistemas frágiles vitales para la biodiversidad y las comunidades locales, proporcionando agua y sustento económico. Critican la falta de estudios sobre la hidrogeología y el valor socioambiental de estos territorios.
Se señala que la supuesta protección del 33% de los salares tiene limitaciones y no incluye los de mayor valor ecosistémico. Además, se critica el enfoque de la agenda del crecimiento verde, que, según las organizaciones, perpetúa la dependencia de exportaciones naturales y agrava la vulnerabilidad climática.
La declaración llama al Gobierno a cumplir sus promesas de campaña, priorizando la preservación de estos ecosistemas y no profundizando un modelo extractivista que pone en riesgo los territorios y modos de vida. Se hace un llamado a la responsabilidad ecológica y la protección del entorno natural en beneficio de las futuras generaciones.
Compartimos de forma íntegra, la declaración pública suscrita por 90 organizaciones socio ambientales:
El martes 26 de marzo, tras la sesión del Consejo de Ministros de Sustentabilidad y Cambio Climático quienes aprobaron avanzar en la implementación de una red de salares protegidos, se anunció de parte del Consejo Estratégico de Ministras/os de Litio y Salares, instancia que lidera el Ministerio de Minería e integran las carteras de Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Ciencia, Conocimiento, Tecnología, las siguientes medidas en torno a la Estrategia Nacional del Litio:
– Se definen como salares estratégicos para su explotación los salares de Atacama y Maricunga en donde el Estado participará de forma mayoritaria a través de Codelco, empresa que buscaría asociarse con SQM mediante un convenio rechazado por comunidades originarias y amplios sectores de la sociedad.
– Se definen para explotación los salares de Pedernales, de Codelco, y el proyecto Salares Altoandinos, compuesto por los salares Grande, Infieles, Aguilar y La Isla a cargo de Enami, indicando que cada empresa pública liderará la búsqueda de socios.
– Se define un listado de 26 salares para explotación privada, para los cuales se realizará un procedimiento público, que consistirá en un llamado a inversionistas nacionales y extranjeros a presentar su interés por explorar y/o explotar estos yacimientos de litio.
– Se crea una Red de Salares Protegidos que equivaldría al 33% de los salares.
Ante las decisiones adoptadas por el Gobierno del Presidente Boric, más de 90 organizaciones socioambientales declaran su oposición a la escala de explotación de los salares andinos. Estos ecosistemas frágiles y de alto valor en biodiversidad son más que simples depósitos de minerales; albergan una biodiversidad excepcional y son vitales para la agricultura local y las comunidades indígenas, proporcionando agua en una zona con vulnerabilidad hídrica y sustentando actividades como el agropastoreo y el turismo. Lamentablemente, este anuncio se hace sin contar con estudios acabados sobre la hidrogeología de estos territorios ni el valor socioambiental que estos representan para las comunidades y la región
Por otra parte, la supuesta protección del 33% de los salares tiene letra chica. Se incluyen salares que ya cuentan con alguna forma de protección, y los nuevos salares y lagunas propuestas no corresponden a aquellos de mayor valor ecosistémico en el norte de Chile. Se omite considerar otros potenciales importantes, como su rol en la regulación climática regional, su importancia cultural para los pueblos indígenas y su valor como reservorios de agua. Lamentablemente, parte de los salares más extensos y ricos en biodiversidad, que representan el 49% de la superficie total de salares del país, se sacrificarán en favor de su potencial productivo para la industria minera en Chile.
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la dirección que está tomando el gobierno en relación con los salares andinos. Esta decisión se está tomando sin considerar las opiniones y necesidades de los pueblos originarios y la comunidad en general. En un contexto donde enfrentamos desafíos climáticos y ecológicos urgentes, es esencial que se tomen medidas para proteger y conservar nuestros ecosistemas, que son fundamentales para el bienestar de nuestras comunidades y para enfrentar los desafíos sistémicos que estamos viviendo. Lo que observamos es un sacrificio significativo de nuestro valioso patrimonio natural, lo que pone en riesgo a territorios, comunidades y ecosistemas.
El recambio tecnológico impulsa una demanda insaciable de litio para satisfacer las necesidades actuales. Esta dinámica permite que los países industrializados del norte global continúen manteniendo sus altos niveles de vida a expensas de nuestros ecosistemas, sin comprometerse con metas climáticas ambiciosas y manteniendo patrones insostenibles de consumo energético y de materias primas.
La agenda del crecimiento verde, promovida por los mismos países responsables de la crisis climática, sigue poniendo presión en los ecosistemas del sur global, profundizando la dependencia de exportación de bienes naturales y agravando la vulnerabilidad climática de las y los habitantes del país, los territorios y ecosistemas.
La explotación de casi la mitad de la superficie de los salares de Chile nos aleja de lo que los expertos y científicos recomiendan: proteger nuestros ecosistemas para garantizar la propia vida humana en el futuro. Según las recomendaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), es crucial proteger los ecosistemas vulnerables de América Latina y el Caribe frente a los impactos del cambio climático. En lugar de seguir el camino hacia una transición ecosocial sostenible , estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras.
Es crucial recordar que los salares no son minas, son ecosistemas frágiles y de alto valor en biodiversidad, que sostienen gran parte de la vida de la zona norte del país. Ellos proporcionan agua y sustentan actividades económicas como el turismo que beneficia directamente a las comunidades locales, el agropastoreo y la trashumancia que han proporcionado medios de vida, arraigo cultural a pueblos indígenas y un carácter distintivo a la región con paisajes reconocidos internacionalmente.
Los proyectos mineros que ya se encuentran en los salares andinos han provocado daños irreparables, existiendo antecedentes de sanciones y denuncias por la afectación de los acuíferos y sistemas de vida en Salar de Atacama, Salar de Punta Negra, Salar de Llamará, Salar de Maricunga, Salar de Talabre y Salar de Surire, entro otros. Por ello, sostenemos que, bajo la legislación e institucionalidad actualmente vigentes, el Estado no cuenta con las condiciones necesarias que aseguren la protección de los nuevos salares que se someterán a la explotación, poniendo en riesgo las fuentes económicas y laborales de las comunidades locales.
Por último, hacemos un llamado al Gobierno ecológico y al Presidente Boric a cumplir la palabra empeñada en campaña y a priorizar la preservación de estos ecosistemas para las futuras generaciones y a no profundizar el modelo de injusticia ambiental que nos ha arrastrado a la crisis que actualmente atravesamos. Ser ecológico implica actuar con cuidado y responsabilidad por la sostenibilidad del planeta y la protección del entorno natural, principios que no se reflejan en decisiones que perpetúan un modelo primario extractivista a costa de nuestros territorios y modos de vida.
Algunas organizaciones socioambientales que firman,e ntre otrasson : Acción ecologista Ekuwün y Agrupación Cultural y Medio Ambiental Mañíos y Baguales.
En una declaración pública emitida por 95 organizaciones socioambientales, se denuncia el plan del Gobierno chileno de explotar cerca del 50% de la superficie de los salares del país. Este anuncio surge luego de la aprobación de medidas por parte del Consejo Estratégico de Ministras/os de Litio y Salares, liderado por el Ministerio de Minería y que componen otras carteras.
Según la declaración, se define la explotación de salares estratégicos como Atacama y Maricunga, con participación mayoritaria estatal a través de Codelco. Asimismo, se mencionan otros proyectos a cargo de empresas públicas como Codelco y Enami, y se establece un listado de 26 salares para explotación privada.
Las organizaciones expresan su oposición, argumentando que los salares son ecosistemas frágiles vitales para la biodiversidad y las comunidades locales, proporcionando agua y sustento económico. Critican la falta de estudios sobre la hidrogeología y el valor socioambiental de estos territorios.
Se señala que la supuesta protección del 33% de los salares tiene limitaciones y no incluye los de mayor valor ecosistémico. Además, se critica el enfoque de la agenda del crecimiento verde, que, según las organizaciones, perpetúa la dependencia de exportaciones naturales y agrava la vulnerabilidad climática.
La declaración llama al Gobierno a cumplir sus promesas de campaña, priorizando la preservación de estos ecosistemas y no profundizando un modelo extractivista que pone en riesgo los territorios y modos de vida. Se hace un llamado a la responsabilidad ecológica y la protección del entorno natural en beneficio de las futuras generaciones.
Compartimos de forma íntegra, la declaración pública suscrita por 90 organizaciones socio ambientales:
El martes 26 de marzo, tras la sesión del Consejo de Ministros de Sustentabilidad y Cambio Climático quienes aprobaron avanzar en la implementación de una red de salares protegidos, se anunció de parte del Consejo Estratégico de Ministras/os de Litio y Salares, instancia que lidera el Ministerio de Minería e integran las carteras de Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Ciencia, Conocimiento, Tecnología, las siguientes medidas en torno a la Estrategia Nacional del Litio:
– Se definen como salares estratégicos para su explotación los salares de Atacama y Maricunga en donde el Estado participará de forma mayoritaria a través de Codelco, empresa que buscaría asociarse con SQM mediante un convenio rechazado por comunidades originarias y amplios sectores de la sociedad.
– Se definen para explotación los salares de Pedernales, de Codelco, y el proyecto Salares Altoandinos, compuesto por los salares Grande, Infieles, Aguilar y La Isla a cargo de Enami, indicando que cada empresa pública liderará la búsqueda de socios.
– Se define un listado de 26 salares para explotación privada, para los cuales se realizará un procedimiento público, que consistirá en un llamado a inversionistas nacionales y extranjeros a presentar su interés por explorar y/o explotar estos yacimientos de litio.
– Se crea una Red de Salares Protegidos que equivaldría al 33% de los salares.
Ante las decisiones adoptadas por el Gobierno del Presidente Boric, más de 90 organizaciones socioambientales declaran su oposición a la escala de explotación de los salares andinos. Estos ecosistemas frágiles y de alto valor en biodiversidad son más que simples depósitos de minerales; albergan una biodiversidad excepcional y son vitales para la agricultura local y las comunidades indígenas, proporcionando agua en una zona con vulnerabilidad hídrica y sustentando actividades como el agropastoreo y el turismo. Lamentablemente, este anuncio se hace sin contar con estudios acabados sobre la hidrogeología de estos territorios ni el valor socioambiental que estos representan para las comunidades y la región
Por otra parte, la supuesta protección del 33% de los salares tiene letra chica. Se incluyen salares que ya cuentan con alguna forma de protección, y los nuevos salares y lagunas propuestas no corresponden a aquellos de mayor valor ecosistémico en el norte de Chile. Se omite considerar otros potenciales importantes, como su rol en la regulación climática regional, su importancia cultural para los pueblos indígenas y su valor como reservorios de agua. Lamentablemente, parte de los salares más extensos y ricos en biodiversidad, que representan el 49% de la superficie total de salares del país, se sacrificarán en favor de su potencial productivo para la industria minera en Chile.
Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la dirección que está tomando el gobierno en relación con los salares andinos. Esta decisión se está tomando sin considerar las opiniones y necesidades de los pueblos originarios y la comunidad en general. En un contexto donde enfrentamos desafíos climáticos y ecológicos urgentes, es esencial que se tomen medidas para proteger y conservar nuestros ecosistemas, que son fundamentales para el bienestar de nuestras comunidades y para enfrentar los desafíos sistémicos que estamos viviendo. Lo que observamos es un sacrificio significativo de nuestro valioso patrimonio natural, lo que pone en riesgo a territorios, comunidades y ecosistemas.
El recambio tecnológico impulsa una demanda insaciable de litio para satisfacer las necesidades actuales. Esta dinámica permite que los países industrializados del norte global continúen manteniendo sus altos niveles de vida a expensas de nuestros ecosistemas, sin comprometerse con metas climáticas ambiciosas y manteniendo patrones insostenibles de consumo energético y de materias primas.
La agenda del crecimiento verde, promovida por los mismos países responsables de la crisis climática, sigue poniendo presión en los ecosistemas del sur global, profundizando la dependencia de exportación de bienes naturales y agravando la vulnerabilidad climática de las y los habitantes del país, los territorios y ecosistemas.
La explotación de casi la mitad de la superficie de los salares de Chile nos aleja de lo que los expertos y científicos recomiendan: proteger nuestros ecosistemas para garantizar la propia vida humana en el futuro. Según las recomendaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), es crucial proteger los ecosistemas vulnerables de América Latina y el Caribe frente a los impactos del cambio climático. En lugar de seguir el camino hacia una transición ecosocial sostenible , estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras.
Es crucial recordar que los salares no son minas, son ecosistemas frágiles y de alto valor en biodiversidad, que sostienen gran parte de la vida de la zona norte del país. Ellos proporcionan agua y sustentan actividades económicas como el turismo que beneficia directamente a las comunidades locales, el agropastoreo y la trashumancia que han proporcionado medios de vida, arraigo cultural a pueblos indígenas y un carácter distintivo a la región con paisajes reconocidos internacionalmente.
Los proyectos mineros que ya se encuentran en los salares andinos han provocado daños irreparables, existiendo antecedentes de sanciones y denuncias por la afectación de los acuíferos y sistemas de vida en Salar de Atacama, Salar de Punta Negra, Salar de Llamará, Salar de Maricunga, Salar de Talabre y Salar de Surire, entro otros. Por ello, sostenemos que, bajo la legislación e institucionalidad actualmente vigentes, el Estado no cuenta con las condiciones necesarias que aseguren la protección de los nuevos salares que se someterán a la explotación, poniendo en riesgo las fuentes económicas y laborales de las comunidades locales.
Por último, hacemos un llamado al Gobierno ecológico y al Presidente Boric a cumplir la palabra empeñada en campaña y a priorizar la preservación de estos ecosistemas para las futuras generaciones y a no profundizar el modelo de injusticia ambiental que nos ha arrastrado a la crisis que actualmente atravesamos. Ser ecológico implica actuar con cuidado y responsabilidad por la sostenibilidad del planeta y la protección del entorno natural, principios que no se reflejan en decisiones que perpetúan un modelo primario extractivista a costa de nuestros territorios y modos de vida.
Algunas organizaciones socioambientales que firman,e ntre otrasson : Acción ecologista Ekuwün y Agrupación Cultural y Medio Ambiental Mañíos y Baguales.
