Proyecto Embalse en Diguillín se vota este lunes: "Si prueban esto, va a quedar en la historia que ellos acabaron con San Vicente Bajo" advierte vecina
Este próximo 22 de enero, la comisión de evaluación ambiental de ñuble votará el polémico proyecto de embalse Zapallar en el río Diguillín. Una megaobra de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP para un embalse que pretende inundar 424 hectáreas, parte de ellas dentro de la Reserva de la Biósfera Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja. Desde la zona afectada, las familias acusan abandono de las autoridades y apuntan a un proyecto que ingresó dividido al SEA, el cual solo les deja incertidumbre en cuanto a su futuro económico y productivo, además de la destrucción ambiental que implicará.
El proyecto ubicado entre las comunas de Pinto y El Carmen considera un muro de 100 metros al altura y una longitud de coronamiento de 430 metros. Su inversión oficial declarada es de UF 8.517.254 (equivalente a 357 millones de dólares).
Su capacidad de almacenamiento es de 80 millones de metros cúbicos de agua y anuncia que aportará riego a 10.000 hectáreas. Sin embargo desde la zona afectada cuestionan que los beneficios sean equitativos para las familias campesinas de la Región y más bien apuntan a intereses agroindustriales exportadores.
Diagrama con la zona proyectada para la inundación. Fuente: EIA del proyecto.
Una fuerte presión mediática llevada adelante por empresarios regantes y algunos medios de comunicación de la Región de 'uble, han establecido una narrativa por la necesidad de una megaobra que más parece propia de la infraestructura del siglo XX.
En este contexto, la evaluación del proyecto estaría en la recta final. El 18 de octubre de 2023, el titular ingresó la tercera adenda al estudio de impacto ambiental (EIA), en la que se responden las observaciones pendientes de los servicios públicos consultados en el proceso, informó el diario La Discusión de Chillán.
Cabe señalar que este proyecto constituye una antigua promesa hecha a partir de la construcción del canal Laja-Diguillín, para el traslado de agua de una cuenca a la otra. En este proceso muchos agricultores quedaron sin riego y por eso ahora con este proyecto se ha anunciado la posibilidad de que puedan contar con este tipo de riego gravitacional. Sin embargo, en esta primera etapa del proyecto de embalse no se consideran los canales ni su trazado, añadiendo más incertidumbre para la zona.
Oposición al proyecto en el territorio directamente afectado.
«El 50% del terreno de mi familia va a ser expropiado» relata Néstor Merino, habitante de la comuna de Pinto, en la cara norte del río Diguillín a la altura del km 42 camino a las termas de Chillán. Néstor explica que «Hay pérdidas importantes de terreno cultivable, de terrenos que se usaban para ganadería, para cultivos de hortalizas, venta de hortalizas, pasto para alimentación animal, la pérdida de terrenos va en directo desmedro a dejar de ejercer labores y percibir ingresos que hasta el día de hoy toda la vida y generaciones que me anteceden también se dedicaron a eso».
Con respecto a la destrucción del paisaje, Néstor relata que «hay harta flora y fauna nativa en el lugar, también hay arte rupestre que no ha sido reconocido, pérdida de lugares de pastoreo, pérdida de árboles nativos» señala.
Por su parte, Patricia Troncoso, habitante de San Vicente Bajo, afectada directamente por la zona que se pretende inundar «en la parte más pareja, perderíamos las tierras de mejor calidad que están a la orilla del río» señala.
Patricia explica que además de los afectados directamente por el proyecto, luego la etapa de construcción de los canales impactaría a más vecinos, incluyendo una afectación a su acceso al agua subterránea.
«El proyecto que pasa a votación ahora el 22 de enero es solo la primera parte del proyecto, está dividido». Advierte Patricia. «Va a ser un desastre esto y la segunda parte, la de los canales, aún no ha entrado a evaluación. Y ahora lo van a votar el embalse y tienen solamente la información de la primera parte, no se sabe cuántas viviendas van a ser afectadas por la segunda parte de los canales» indica.
Consultada con respecto a lo que espera de las autoridades de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región, Patricia es enfática en decir que «Esperamos que lo rechacen, que, si ellos aprueban esto, va a quedar en la historia que ellos acabaron con San Vicente Bajo, que de concretarse esto, vamos a desaparecer».
Con respecto a la inseguridad económica que viven las familias afectadas, Néstor Merino nos cuenta que aún no se han hablado de valores de expropiación «las medidas de compensación que ofrece el titular para estos impactos son asesorías para comprar otro terreno, con la incertidumbre de que no se sabe cuál va a ser el valor por hectárea, mucho más inferior al valor comercial hoy en día. Hace un par de años se hablaba de 7 millones de pesos por hectárea y estamos muy claros que hoy una hectárea no vale eso» explica.
En 2021, La Discusión informó que ejecutivos de CHEC Chile SpA, filial de China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) visitaron la zona por estar aparentemente interesados en el proyecto. Sin embargo, en el territorio afectado acusan que no hay información ni certeza alguna sobre lo que pueda ocurrir en el futuro.
Impactos ambientales y sociales de las Represas.
Hasta ahora se sabe que los grandes embalses o represas, pueden generan drásticos efectos en los cauces y su entorno, tales como la inundación de superficies de terreno aguas arriba y la modificación del caudal aguas abajo, lo que puede implicar pérdida de bosques, tierras cultivables y el desplazamiento de comunidades humanas, dependiendo de la magnitud de la inundación y las características resultantes del nuevo río. Los embalses modifican profundamente las características físicas, químicas y biológicas de los ríos y al conformar una barrera infranqueable para especies de peces e invertebrados, estos pueden ser afectados en su disponibilidad de hábitat y alimentación. Además, las represas contribuyen a la sedimentación de los cursos de agua y pueden cambiar los aportes de elementos y nutrientes desde los ríos al mar, por lo tanto, las represas intervienen el territorio a escalas regionales, más allá del propio embalse, abarcando la cuenca hidrográfica completa, incluyendo estuarios, desembocaduras de ríos y zonas costeras.
Pese a que las represas o centrales hidroeléctricas muchas veces son promocionadas como amigables con el ambiente, existen fundadas críticas hacia esta tecnología, considerada como representativa del siglo XX y muchas veces como obsoleta. Aunque los embalses pueden proveer servicios como hidroelectricidad, control de inundaciones, navegación y suministro de agua, también pueden alterar significativamente las dinámicas del ecosistema acuático y flujos de nutrientes. Mientras las represas anteriormente eran consideradas como una fuente «carbono neutral», ahora se sabe que también generan emisiones de efecto invernadero. Esto principalmente por la descomposición de materia orgánica en los sitios inundados, liberando gases como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O).
Una revisión de estudios a nivel global publicada en 2016 arrojó que las estimaciones de las emisiones de metano por área de embalses son un 25% más altas de lo que se pensaba previamente. El estudio indicó que el 1,3 % de las emisiones de gases invernadero a nivel global proviene de embalses y represas, aportando unos mil millones de toneladas de emisiones invernadero a la atmósfera cada año.
En conversación con Resumen, Alexander Panez Pinto, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Biobío (UBB) e investigador del Centro de Estudios 'uble de la misma Universidad nos explica que «En el caso de los impactos sociales, estos proyectos no se dan en un vacío humano o social, se dan en un determinado territorio donde hay una determinada relación con la tierra que se ha construido históricamente, lo hemos visto en el caso más emblemático de conflicto en los años 90 en el Alto Biobío, un proyecto que se instaló y en gran parte destruyó parte de la territorialidad pewenche en el río Biobío, han pasado varias décadas y podemos ver la idea que tenía Endesa en ese tiempo (no Enel) de trasladar a comunidades pewenches a otros lugares de manera exitosa en realidad tuvo un impacto catastrófico en la vida de las comunidades pewenches y comunidades campesinas»
También puedes ver Fuera de todo plazo: Ministerio de Desarrollo Social respaldó interés nacional de proyecto Central Rucalhue
Alexander explica que las represas «No generan un desarrollo económico y social que las empresas tanto prometen, por el contrario, vemos empobrecimiento e incluso falta de acceso al agua, lo cual es contradictorio. Tenemos grandes represas pero en el propio territorio tenemos una falta de agua y comunidades se abastecen con camiones aljibe».
Afectación de la cola del embalse Zapallar al interior de la Reserva de la Biósfera
El propio Estudio de Impacto Ambiental del proyecto embalse Zapallar señala que en la parte más río arriba de la zona inundada serán afectadas 45.02 hectáreas del Reserva de la Biósfera Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, la cual se encuentra, en teoría, bajo protección oficial.
En la zona afectada se encuentran ejemplares de las especies Guindo Santo Eucryphia glutinosa y Naranjillo Citronella mucronata (ambos en estado de conservación Vulnerable).
Río Diguillín, zona afectada por el proyecto
Con respecto al medio social en la zona «hay antecedentes de familias que a finales del siglo XIX, sus padres, madres, abuelos y abuelas llegaron a habitar ese territorio, comunidades campesinas que muchas veces eran desplazadas del valle central, donde el latifundio se asentaba y estaban las tierras con mayor valor» explica Alexander Panez y puntualiza que «Un primer anillo de afectados son la gente que vive donde quieren inundar, un segundo anillo de afectados son los habitantes en general de las comunas de El Carmen, San Ignacio y Pinto que van a ser afectados por los canales y un tercer anillo son los habitantes de la cuenca del Diguillín y todos quienes valoramos este territorio. No solamente en estas tres comunas sino que más abajo en toda la cuenca del río Itata si se modifica la cuenca del Diguillín» señala el académico.
Agua y poder: Lógicas de concentración económica en el acceso al riego
Consultado por los principales intereses económicos tras el proyecto y si es tan real que beneficiará a pequeños propietarios, Alexander apunta a la conformación de lo que sería un nuevo pacto hidrosocial donde el sector empresarial busca ordenar los intereses y normar el tipo de agricultura en la Región de 'uble. «Cuando uno concentra agua, concentra riego uno concentra también poder. Este tipo de agricultura que se esta potenciando es vinculado a la agroexportación y a lo frutícola, plantaciones de cerezos, arándanos y avellano europeo sobretodo, entonces cabe preguntarse si esta beneficiando a todos y todas, o está beneficiando más a unos que a otros» se cuestiona el académico.
Investigaciones previas sugieren que en el caso de los embalses que buscan abastecer al sector agrícola o agroindustrial, las estimaciones de gases invernadero asociadas podrían incluir la huella que deja el desarrollo agrícola industrial, el cual se ha caracterizado también por la incorporación masiva de fertilizantes, pesticidas y otros compuestos químicos nocivos, los que ingresan al ciclo hidrológico como una contaminación difusa, en muchos casos no degradable.
En el caso de la Región del 'uble y la cuenca del Río Diguillín, Alexander señala que «Hay una especie de elite local agrícola vinculados principalmente al sector exportador. Hay un discurso en la prensa para que 'uble sea una potencia agroexportadora, y el tema del agua es un pilar fundamental de eso, construir esta narrativa en torno a la importancia del agua para este tipo de agricultura exportadora y no para la agricultura familiar campesina que se dedica a la soberanía alimentaria«.
Alexander comenta que «cuando empezamos a evaluar si esto es para todos y todas, al revisar los proyectos de riego, que se entregan a través de la Comisión Nacional de Riego por la ley 18.450 de la dictadura justamente para beneficiar el salto agroexportador, vemos que cada vez van aumentando los recursos hacia la Región de 'uble pero la cantidad de beneficiarios no aumenta, los montos han saltado de manera exponencial pero vemos que eso no se condice con que aumente la cantidad de beneficiarios, entonces vemos que se esta entregando más dinero pero a las mismas personas» concluye.
"Una muestra de esto, es que los 50 derechos de aprovechamiento entregados con mayor caudal, suman un 31% del total de caudal entregado (1829.47 l/s de un total de 5900.61 l/s), representando sólo un 6% de los 836 derechos de agua solicitados. Es decir, el 6% de los derechos otorgados desde el 1993 al 2019, concentra el 31% del caudal total entregado hasta esa fecha" constata un artículo de investigación recientemente publicado en la revista en línea Tecnología y Ciencias del Agua.
Con respecto a los intereses detrás del proyecto, el vecino afectado Néstor Merino explica «las cuotas de riego se declararon agotadas en 1994, las cuotas principales ya las tienen las familias más poderosas de 'uble en el fondo«.
Mientras tanto, en la zona directamente afectada se sienten abandonados por las autoridades ante estos grandes intereses económicos. «Estas tierras son heredadas de generación en generación» relata Patricia Troncoso,» aquí hay cariño, yo misma nací acá y una vive tranquila una acá, sería impactada una zona que tiene valor, donde estaría el muro se le llama el Risco de los Santos, y ahí hay una historia y está la silla del indio o para nosotros la Silla de Piedra, donde los antepasados lo usaron para hacer ceremonias, entonces es un impacto muy grande».
El Acuerdo BBNJ busca fortalecer la gobernanza del océano, crear nuevas políticas de conservación y sostenibilidad de la diversidad biológica marina, más allá de las 200 millas náuticas, incluidas áreas marinas protegidas en altamar, así como también promover el uso sostenible de los recursos genéticos marinos; evaluar los impactos ambientales y realizar un reparto equitativo de los beneficios para que los países en desarrollo también se vean favorecidos. Además de potenciar una gestión sostenible de la diversidad biológica marina para garantizar diversos derechos humanos, como el de la alimentación y al medio ambiente, entre otros.
Para que el nuevo tratado entrará en vigor 120 días después del depósito del instrumento de ratificación número 60, lo que se espera se cumpla antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se realizará en Francia en junio de 2025. El secretario general de las Naciones Unidas deberá convocar a la primera Conferencia de las Partes (COP) dentro de un año luego de la entrada en vigor.
El proyecto ubicado entre las comunas de Pinto y El Carmen considera un muro de 100 metros al altura y una longitud de coronamiento de 430 metros. Su inversión oficial declarada es de UF 8.517.254 (equivalente a 357 millones de dólares).
Su capacidad de almacenamiento es de 80 millones de metros cúbicos de agua y anuncia que aportará riego a 10.000 hectáreas. Sin embargo desde la zona afectada cuestionan que los beneficios sean equitativos para las familias campesinas de la Región y más bien apuntan a intereses agroindustriales exportadores.
Diagrama con la zona proyectada para la inundación. Fuente: EIA del proyecto.
Una fuerte presión mediática llevada adelante por empresarios regantes y algunos medios de comunicación de la Región de 'uble, han establecido una narrativa por la necesidad de una megaobra que más parece propia de la infraestructura del siglo XX.
En este contexto, la evaluación del proyecto estaría en la recta final. El 18 de octubre de 2023, el titular ingresó la tercera adenda al estudio de impacto ambiental (EIA), en la que se responden las observaciones pendientes de los servicios públicos consultados en el proceso, informó el diario La Discusión de Chillán.
Cabe señalar que este proyecto constituye una antigua promesa hecha a partir de la construcción del canal Laja-Diguillín, para el traslado de agua de una cuenca a la otra. En este proceso muchos agricultores quedaron sin riego y por eso ahora con este proyecto se ha anunciado la posibilidad de que puedan contar con este tipo de riego gravitacional. Sin embargo, en esta primera etapa del proyecto de embalse no se consideran los canales ni su trazado, añadiendo más incertidumbre para la zona.
Oposición al proyecto en el territorio directamente afectado.
«El 50% del terreno de mi familia va a ser expropiado» relata Néstor Merino, habitante de la comuna de Pinto, en la cara norte del río Diguillín a la altura del km 42 camino a las termas de Chillán. Néstor explica que «Hay pérdidas importantes de terreno cultivable, de terrenos que se usaban para ganadería, para cultivos de hortalizas, venta de hortalizas, pasto para alimentación animal, la pérdida de terrenos va en directo desmedro a dejar de ejercer labores y percibir ingresos que hasta el día de hoy toda la vida y generaciones que me anteceden también se dedicaron a eso».
Con respecto a la destrucción del paisaje, Néstor relata que «hay harta flora y fauna nativa en el lugar, también hay arte rupestre que no ha sido reconocido, pérdida de lugares de pastoreo, pérdida de árboles nativos» señala.
Por su parte, Patricia Troncoso, habitante de San Vicente Bajo, afectada directamente por la zona que se pretende inundar «en la parte más pareja, perderíamos las tierras de mejor calidad que están a la orilla del río» señala.
Patricia explica que además de los afectados directamente por el proyecto, luego la etapa de construcción de los canales impactaría a más vecinos, incluyendo una afectación a su acceso al agua subterránea.
«El proyecto que pasa a votación ahora el 22 de enero es solo la primera parte del proyecto, está dividido». Advierte Patricia. «Va a ser un desastre esto y la segunda parte, la de los canales, aún no ha entrado a evaluación. Y ahora lo van a votar el embalse y tienen solamente la información de la primera parte, no se sabe cuántas viviendas van a ser afectadas por la segunda parte de los canales» indica.
Consultada con respecto a lo que espera de las autoridades de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región, Patricia es enfática en decir que «Esperamos que lo rechacen, que, si ellos aprueban esto, va a quedar en la historia que ellos acabaron con San Vicente Bajo, que de concretarse esto, vamos a desaparecer».
Con respecto a la inseguridad económica que viven las familias afectadas, Néstor Merino nos cuenta que aún no se han hablado de valores de expropiación «las medidas de compensación que ofrece el titular para estos impactos son asesorías para comprar otro terreno, con la incertidumbre de que no se sabe cuál va a ser el valor por hectárea, mucho más inferior al valor comercial hoy en día. Hace un par de años se hablaba de 7 millones de pesos por hectárea y estamos muy claros que hoy una hectárea no vale eso» explica.
En 2021, La Discusión informó que ejecutivos de CHEC Chile SpA, filial de China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) visitaron la zona por estar aparentemente interesados en el proyecto. Sin embargo, en el territorio afectado acusan que no hay información ni certeza alguna sobre lo que pueda ocurrir en el futuro.
Impactos ambientales y sociales de las Represas.
Hasta ahora se sabe que los grandes embalses o represas, pueden generan drásticos efectos en los cauces y su entorno, tales como la inundación de superficies de terreno aguas arriba y la modificación del caudal aguas abajo, lo que puede implicar pérdida de bosques, tierras cultivables y el desplazamiento de comunidades humanas, dependiendo de la magnitud de la inundación y las características resultantes del nuevo río. Los embalses modifican profundamente las características físicas, químicas y biológicas de los ríos y al conformar una barrera infranqueable para especies de peces e invertebrados, estos pueden ser afectados en su disponibilidad de hábitat y alimentación. Además, las represas contribuyen a la sedimentación de los cursos de agua y pueden cambiar los aportes de elementos y nutrientes desde los ríos al mar, por lo tanto, las represas intervienen el territorio a escalas regionales, más allá del propio embalse, abarcando la cuenca hidrográfica completa, incluyendo estuarios, desembocaduras de ríos y zonas costeras.
Pese a que las represas o centrales hidroeléctricas muchas veces son promocionadas como amigables con el ambiente, existen fundadas críticas hacia esta tecnología, considerada como representativa del siglo XX y muchas veces como obsoleta. Aunque los embalses pueden proveer servicios como hidroelectricidad, control de inundaciones, navegación y suministro de agua, también pueden alterar significativamente las dinámicas del ecosistema acuático y flujos de nutrientes. Mientras las represas anteriormente eran consideradas como una fuente «carbono neutral», ahora se sabe que también generan emisiones de efecto invernadero. Esto principalmente por la descomposición de materia orgánica en los sitios inundados, liberando gases como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O).
Una revisión de estudios a nivel global publicada en 2016 arrojó que las estimaciones de las emisiones de metano por área de embalses son un 25% más altas de lo que se pensaba previamente. El estudio indicó que el 1,3 % de las emisiones de gases invernadero a nivel global proviene de embalses y represas, aportando unos mil millones de toneladas de emisiones invernadero a la atmósfera cada año.
En conversación con Resumen, Alexander Panez Pinto, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Biobío (UBB) e investigador del Centro de Estudios 'uble de la misma Universidad nos explica que «En el caso de los impactos sociales, estos proyectos no se dan en un vacío humano o social, se dan en un determinado territorio donde hay una determinada relación con la tierra que se ha construido históricamente, lo hemos visto en el caso más emblemático de conflicto en los años 90 en el Alto Biobío, un proyecto que se instaló y en gran parte destruyó parte de la territorialidad pewenche en el río Biobío, han pasado varias décadas y podemos ver la idea que tenía Endesa en ese tiempo (no Enel) de trasladar a comunidades pewenches a otros lugares de manera exitosa en realidad tuvo un impacto catastrófico en la vida de las comunidades pewenches y comunidades campesinas»
También puedes ver Fuera de todo plazo: Ministerio de Desarrollo Social respaldó interés nacional de proyecto Central Rucalhue
Alexander explica que las represas «No generan un desarrollo económico y social que las empresas tanto prometen, por el contrario, vemos empobrecimiento e incluso falta de acceso al agua, lo cual es contradictorio. Tenemos grandes represas pero en el propio territorio tenemos una falta de agua y comunidades se abastecen con camiones aljibe».
Afectación de la cola del embalse Zapallar al interior de la Reserva de la Biósfera
El propio Estudio de Impacto Ambiental del proyecto embalse Zapallar señala que en la parte más río arriba de la zona inundada serán afectadas 45.02 hectáreas del Reserva de la Biósfera Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, la cual se encuentra, en teoría, bajo protección oficial.
En la zona afectada se encuentran ejemplares de las especies Guindo Santo Eucryphia glutinosa y Naranjillo Citronella mucronata (ambos en estado de conservación Vulnerable).
Río Diguillín, zona afectada por el proyecto
Con respecto al medio social en la zona «hay antecedentes de familias que a finales del siglo XIX, sus padres, madres, abuelos y abuelas llegaron a habitar ese territorio, comunidades campesinas que muchas veces eran desplazadas del valle central, donde el latifundio se asentaba y estaban las tierras con mayor valor» explica Alexander Panez y puntualiza que «Un primer anillo de afectados son la gente que vive donde quieren inundar, un segundo anillo de afectados son los habitantes en general de las comunas de El Carmen, San Ignacio y Pinto que van a ser afectados por los canales y un tercer anillo son los habitantes de la cuenca del Diguillín y todos quienes valoramos este territorio. No solamente en estas tres comunas sino que más abajo en toda la cuenca del río Itata si se modifica la cuenca del Diguillín» señala el académico.
Agua y poder: Lógicas de concentración económica en el acceso al riego
Consultado por los principales intereses económicos tras el proyecto y si es tan real que beneficiará a pequeños propietarios, Alexander apunta a la conformación de lo que sería un nuevo pacto hidrosocial donde el sector empresarial busca ordenar los intereses y normar el tipo de agricultura en la Región de 'uble. «Cuando uno concentra agua, concentra riego uno concentra también poder. Este tipo de agricultura que se esta potenciando es vinculado a la agroexportación y a lo frutícola, plantaciones de cerezos, arándanos y avellano europeo sobretodo, entonces cabe preguntarse si esta beneficiando a todos y todas, o está beneficiando más a unos que a otros» se cuestiona el académico.
Investigaciones previas sugieren que en el caso de los embalses que buscan abastecer al sector agrícola o agroindustrial, las estimaciones de gases invernadero asociadas podrían incluir la huella que deja el desarrollo agrícola industrial, el cual se ha caracterizado también por la incorporación masiva de fertilizantes, pesticidas y otros compuestos químicos nocivos, los que ingresan al ciclo hidrológico como una contaminación difusa, en muchos casos no degradable.
En el caso de la Región del 'uble y la cuenca del Río Diguillín, Alexander señala que «Hay una especie de elite local agrícola vinculados principalmente al sector exportador. Hay un discurso en la prensa para que 'uble sea una potencia agroexportadora, y el tema del agua es un pilar fundamental de eso, construir esta narrativa en torno a la importancia del agua para este tipo de agricultura exportadora y no para la agricultura familiar campesina que se dedica a la soberanía alimentaria«.
Alexander comenta que «cuando empezamos a evaluar si esto es para todos y todas, al revisar los proyectos de riego, que se entregan a través de la Comisión Nacional de Riego por la ley 18.450 de la dictadura justamente para beneficiar el salto agroexportador, vemos que cada vez van aumentando los recursos hacia la Región de 'uble pero la cantidad de beneficiarios no aumenta, los montos han saltado de manera exponencial pero vemos que eso no se condice con que aumente la cantidad de beneficiarios, entonces vemos que se esta entregando más dinero pero a las mismas personas» concluye.
"Una muestra de esto, es que los 50 derechos de aprovechamiento entregados con mayor caudal, suman un 31% del total de caudal entregado (1829.47 l/s de un total de 5900.61 l/s), representando sólo un 6% de los 836 derechos de agua solicitados. Es decir, el 6% de los derechos otorgados desde el 1993 al 2019, concentra el 31% del caudal total entregado hasta esa fecha" constata un artículo de investigación recientemente publicado en la revista en línea Tecnología y Ciencias del Agua.
Con respecto a los intereses detrás del proyecto, el vecino afectado Néstor Merino explica «las cuotas de riego se declararon agotadas en 1994, las cuotas principales ya las tienen las familias más poderosas de 'uble en el fondo«.
Mientras tanto, en la zona directamente afectada se sienten abandonados por las autoridades ante estos grandes intereses económicos. «Estas tierras son heredadas de generación en generación» relata Patricia Troncoso,» aquí hay cariño, yo misma nací acá y una vive tranquila una acá, sería impactada una zona que tiene valor, donde estaría el muro se le llama el Risco de los Santos, y ahí hay una historia y está la silla del indio o para nosotros la Silla de Piedra, donde los antepasados lo usaron para hacer ceremonias, entonces es un impacto muy grande».
El Acuerdo BBNJ busca fortalecer la gobernanza del océano, crear nuevas políticas de conservación y sostenibilidad de la diversidad biológica marina, más allá de las 200 millas náuticas, incluidas áreas marinas protegidas en altamar, así como también promover el uso sostenible de los recursos genéticos marinos; evaluar los impactos ambientales y realizar un reparto equitativo de los beneficios para que los países en desarrollo también se vean favorecidos. Además de potenciar una gestión sostenible de la diversidad biológica marina para garantizar diversos derechos humanos, como el de la alimentación y al medio ambiente, entre otros.
Para que el nuevo tratado entrará en vigor 120 días después del depósito del instrumento de ratificación número 60, lo que se espera se cumpla antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se realizará en Francia en junio de 2025. El secretario general de las Naciones Unidas deberá convocar a la primera Conferencia de las Partes (COP) dentro de un año luego de la entrada en vigor.
